El presidente del TSJPV no lo reconocerá públicamente, pero es un secreto a voces: desde que el Gobierno de Ajuria Enea planteó la ruptura del sistema judicial con el plan Ibarretxe, los magistrados vascos no se han sentido arropados. Es la realidad de la bella Euskadi. En el ‘caso Ibarretxe’, más cómodo les habría resultado mirar para otro lado. Total, ¿qué hay de malo en ello? Otros muchos vascos lo hacen.
No se cansaba de repetirlo Juan Mari Bandrés. «Las verdades eternas trasladadas a la política son un primer paso hacia el totalitarismo». Una reflexión que encaja a la perfección en los momentos por los que atraviesa la política vasca, ahora que el nacionalista Egibar se empeña en seguir adelante con las propuestas que la legalidad no permite. Después de los obstáculos con los que ha topado el actual lehendakari, con su nuevo estatuto (más conocido como plan Ibarretxe) y con la ley de consulta, el jelkide Egibar ha optado por hacerle trampas al solitario provocando, con su mensaje, cierta confusión generalizada en su propio electorado.
Según el dirigente guipuzcoano, el Estado español ha cogido la medida al nacionalismo vasco «al finiquitar el modelo autonómico». Y ha hecho lo propio con la izquierda abertzale (más conocida como el entorno de ETA), propiciando «el fracaso y derrota de la estrategia político militar» (más conocida como la defensa del terrorismo en todos los frentes). Vamos, que el Estado español está hecho un sastre, tomando medidas a todo el que se mueva.
Pero la realidad es otra bien distinta. Porque quien quiso «finiquitar» el modelo autonómico fue el PNV hace precisamente diez años. Los mismos que se cumplen desde la llegada de Ibarretxe a Ajuria Enea; era la época del fracasado Pacto de Lizarra. Y a quienes no interesaba en absoluto el modelo autonómico, por considerarlo caduco para los intereses independentistas, era al PNV de Egibar. Claro que existían otras formas de pensar dentro del partido, pero las opiniones diferentes apenas se aireaban.
Ahora que la confrontación constante entre el Gobierno de Ajuria Enea y las instituciones del Estado no hacen más que alimentar el «choque de trenes», se añora el modo de gobernar del lehendakari Ardanza. Un lehendakari que, sin ceder un ápice en su ideología, fue capaz de entender, quizás por la infuencia de los socios del gobierno transversal que presidía, que Euskadi está hecha de ciudadanos opuestos y diversos que pertenecen a una sociedad cada vez más plural. Y que, precisamente por eso, entendió, y así lo dijo, que el llamado «conflicto vasco» es el que tenemos entre nosotros; no el que están alimentando algunos contra España.
Desde hace 10 años, el Gobierno vasco rompió con el consenso democrático, pasó por encima del marco constitucional y estatutario que ha permitido que nuestras instituciones autonómicas se hayan asentado sobre bases fuertemente consolidadas y ha perdido el respeto por los jueces que no le son favorables. Por eso el mensaje de Egibar está cargado de confusión. Si nos encontramos en plena revisión de estatutos de otras comunidades y con el debate sobre la financiación autonómica abierto en canal, ¿cómo puede sostener que el Estado ha cerrado el modelo autonómico?
Sólo se entiende ese mensaje en clave electoral de un partido que necesita congraciarse con la sociedad más radicalizada y que busca una confrontación con España elevada a la máxima potencia. Si a estas alturas el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco dice que los poderes públicos deben estar sometidos al cumplimiento de la ley y se interpreta que ha enviado «un recado a Ibarretxe», ¿qué es lo que falla? ¿El magistrado que dice una obviedad como la del respeto a la ley o el gobernante que no cumple con su deber?.
No parece de recibo que si Ruiz Piñeiro apuesta por defender la Constitución, el consejero de Justicia del Gobierno vasco arremeta contra él por su discurso «insultantemente político». Los nacionalistas son los que han tomado la medida de la propaganda victimista. Son los mejores en su género. Los ciudadanos tienen que pagar sus impuestos y estar sometidos a la ley. En democracia no hay distinciones. Así lo establece el artículo 14 de la Constitución. Al lehendakari no se le lleva a juicio por dialogar sino por haber cometido un presunto delito de desobediencia. Otra cosa es la causa contra los socialistas que se reunieron con Batasuna con permiso del juez Garzón. Pero da igual. La gente no lee los autos. Y como a los políticos implicados no les interesa detenerse en la letra pequeña, al final cala la idea de la «criminalización del diálogo».
El presidente del TSJPV es más discreto de lo que a algunos de nuestros gobernantes les conviene. Por eso, por mucho que le busquen las vueltas, él no lo reconocerá públicamente. Pero es un secreto a voces, una constatación contrastada: los magistrados vascos, desde que el Gobierno de Ajuria Enea planteó, con el plan Ibarretxe, la ruptura del sistema judicial, no se han sentido arropados. Ésta es la realidad de la bella Euskadi. Con lo cómodo que les habría resultado a los jueces mirar para otro lado, no tomar en cuenta la acusación popular; callar o inhibirse. Total, ¿qué hay de malo en ello? Otros muchos ciudadanos vascos lo hacen. Pero si ellos hubiesen tomado ese camino, con toda seguridad, los jueces no habrían tenido la conciencia tranquila.
Tonia Etxarri, EL CORREO, 13/10/2008