La minitransición

SERÁ inestable y corta. Si la segura ausencia de mayorías absolutas promete una próxima legislatura de poderes frágiles, la probable reforma constitucional le garantiza una duración breve. El PSOE la llevará en su programa y el PP ha dado, por boca de Rajoy y del ministro Catalá, su anuencia a entrar en el debate. Como la agenda contempla retocar los títulos blindados –bastaría con el de la sucesión

sálica de la Corona–, el procedimiento exige referéndum y disolución anticipada. Puede ser una fórmula para otorgarle al mandato un carácter transitorio a la espera de que la consolidación económica asiente la actual volatilidad electoral. Un par de años para renovar el marco legal y a empezar de cero. Una especie de minitransición como salida al colapso de las instituciones y de la política.

Si los dos grandes partidos y Ciudadanos deciden poner en marcha el motor reformista, habrá una masa crítica suficiente para buscar bases iniciales de consenso. Importará, y mucho, quién lidere el proceso; PP y PSOE no van a formar –porque los socialistas no quieren– una coalición de Gobierno pero pueden construir con C’s un sólido bloque de arrastre. La iniciativa, y por tanto los criterios de partida, corresponderán al que mande. Si es una alianza de izquierda, incluido Podemos, el centro derecha tendrá minoría suficiente para ejercer el veto; los constituyentes se preocuparon de impedir que media España pueda redactar una Constitución contra la otra media.

Así las cosas, y dejando aparte el detalle nada irrelevante de que la reforma sea realmente necesaria, la cuestión más delicada es el papel que tendrían en ella el populismo (tres millones de votos estimados) y los nacionalistas (dos millones o más). Asunto hiperdelicado. Podemos quiere una ruptura, una Carta Magna de nueva planta al modo bolivariano; el soberanismo no aceptará ningún planteamiento, ni siquiera de corte federal, que refuerce al Estado. Con ellos no saldría ningún texto sensato; sin ellos el respaldo popular sería muy inferior al del 78. Y en el presente clima de confrontación resultará muy difícil encontrar puntos de acuerdo entre la extrema izquierda, los separatistas y el PP. No imposible, pero sí una tarea de liderazgos gigantes en un tiempo político de nomenclaturas liliputienses.

Tampoco existe ahora la necesidad de construir un régimen exnovo. España es un sistema de libertades públicas integradoras y consolidadas que sólo cuestionan quienes desean revocarlas para facilitar sus propósitos rupturistas y excluyentes en lo social o en lo territorial. De modo que habría que pensar de nuevo el punto clave: si una reforma constitucional serviría para arreglar los problemas planteados. O si se trata de una mera coartada, una fuga hacia adelante improvisada para evitar resolver el bloqueo con las herramientas claves de la política democrática: convicción, persuasión y coraje.