Juan Carlos Merino-La Vanguardia
La Moncloa no quiere ni oír hablar de ella; Quim Torra y parte del Govern la reclaman día sí y día también. La figura del mediador vuelve a salir a escena y cada vez que lo hace se embrolla el diálogo entre el independentismo y el Gobierno español. Quim Torra ha reclamado la presencia de un mediador en varias ocasiones en la futura mesa de negociación entre gobiernos para que se den garantías de cumplimiento. Y volverá a reclamarlo mañana al mediodía en la reunión que mantendrá con Pedro Sánchez en Palau de la Generalitat pese a que en el Govern todavía no se ha consensuado ninguna posición.
Que aún no se ha consensuado lo admitió ayer la consellera de Presidència y portavoz del Gabinete catalán, Meritxell Budó al ser preguntada expresamente sobre la cuestión del mediador tras el Consell Executiu: “El Govern siempre ha apostado por un diálogo sin vetos y con garantías (…), pero como Gobierno no hemos establecido cuál es el mecanismo que garantice precisamente el cumplimiento de los acuerdos que se produzcan en la mesa de negociación”. Meritxell Budó aclaró que la figura del mediador “es una propuesta de una de las formaciones que apoya al Govern”, en referencia a JxCat, pero que como gobierno “todavía no está consensuada”.
El Gobierno demanda que Catalunya regrese a los foros de diálogo multilateral, tras reabrir el debate bilateral
Aún así, Torra demandará el jueves a Sánchez la inclusión del mediador. Lo confirmó ayer el portavoz de JxCat en el Senado, Josep Lluís Cleries. No tendrá la oposición de Esquerra, el otro socio en el Govern, que pese a que no lo considera imprescindible, deja las manos libres al president de la Generalitat.
Pero Pedro Sánchez, por su parte, ni por asomo quiere tratar la figura de un mediador para la mesa de diálogo entre gobiernos. De hecho, la última gran convulsión interna en el PSOE vino provocada, precisamente, por la figura del relator que acabó proponiendo el año pasado la vicepresidenta, Carmen Calvo, en sus finalmente fracasadas negociaciones con Elsa Artadi y Pere Aragonès. “No contemplamos ninguna otra cuestión que la mesa de diálogo”, zanjó ayer la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, preguntada por la demanda de un mediador que constantemente realiza Junts per Catalunya y Quim Torra. La ministra, no obstante, apostó por ser “creativos, imaginativos y empáticos”, para empezar a resolver un conflicto político que, en todo caso, “va a requerir tiempo”.
Montero rebajó así las expectativas inmediatas del reencuentro el próximo jueves entre Sánchez y Torra, y del posterior inicio de la mesa de negociación entre gobiernos: “No esperamos resultados a corto plazo”, repitió varias veces. Teniendo en cuenta, sobre todo, que ambas partes se sitúan “en las antípodas”. No obstante, Montero advirtió que de la cita de Sánchez y Torra “no necesariamente” tiene que salir ya acordado el calendario de la mesa de diálogo, algo que sí reclamó ayer Budó. En la Moncloa, en todo caso, esperan que en dicha reunión ambos presidentes puedan “avanzar en temas concretos”, sobre las inversiones en Catalunya, el servicio de Rodalies o los efectos de la borrasca Gloria .
Ahora bien, tras reanudar el jueves la relación bilateral con el presidente de la Generalitat, el Gobierno reclama que Catalunya regrese a los foros multilaterales de negociación. Y justo al día siguiente, ya que el viernes está convocada una primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a la que en la Moncloa confían que acuda el propio Aragonès. “Ojalá la normalidad institucional sea la nota dominante que empiece a presidir tanto las reuniones bilaterales como las multilaterales”, demandó Montero.
La respuesta del Govern ha sido negativa. Aragonès no acudirá al CPFF. En su lugar podría participar un representante de “perfil técnico”, según fuentes de la Conselleria de Economia. La Generalitat quiere circunscribir el diálogo con el Estado en una relación bilateral y para ello hay dos espacios: la mesa de negociación entre gobiernos que deberían ultimar Torra y Sánchez, y la comisión bilateral Generalitat-Estado, recogida en el Estatut y que el Govern entiende que está destinada a tratar cuestiones económicas, financiera e infraestructurales, entre otros.