El Congreso aprobó ayer tramitar la proposición de ley de amnistía presentada por el PSOE tras negociarla con Junts y ERC. El argumento con el que los socialistas han ido convenciéndose de las bondades de la medida de gracia -con ella aseguran la continuidad de su «agenda política», en palabras de Nadia Calviño- es lo que suscita más rechazo en amplios sectores de la sociedad. Junto al temor a que, tras demostrarse en las dos últimas citas electorales que el independentismo se encontraba en declive, pudiera revitalizarse con las prebendas obtenidas a cambio de investir a Pedro Sánchez. Es imposible entender cómo la amnistía desinflamaría Cataluña y mejoraría su convivencia con el resto de España mientras genera una profunda división política y social en el conjunto del país. El presidente y su partido confían en que la población discrepante experimente el proceso seguido por ellos mismos de hacer virtud de lo ineludible. Las hipérboles de la extrema derecha y de la derecha son su fuente nutricia y la confrontación partidista, su justificación. Pero incluso en el hipotético caso de que se obrase tal milagro, sería imposible disipar la mezcla de quebranto e incomprensión sentida por muchísimos ciudadanos.

El portavoz del PSOE, Patxi López, se refirió en dos ocasiones a la amnistía que en 1977 asentó la Transición. Una equiparación impropia, puesto que aquella versaba sobre una etapa carente de un Estado de Derecho y se basaba en una voluntad casi unánime animada por el anhelo de concordia. La proposición de ley por el ‘procés’ no supondrá el final de la democracia. Los augurios más catastrofistas están fuera de lugar. Pero resulta muy inquietante que el partido en el Gobierno niegue que su exposición de motivos y su articulado cuestionan como fundamento del Estado de Derecho la separación de poderes, que se sitúa cuando menos al límite de la constitucionalidad, recurriendo a una lectura intencionada de la jurisprudencia rayana en la manipulación. Con el agravante de que la aprobación de la amnistía supondría un precedente de imprevisibles consecuencias futuras.

El origen mismo de la iniciativa, como pacto adelantado para la investidura de Sánchez, permite pensar que el trámite parlamentario no modulará su contenido inicial atendiendo a las críticas y reservas en su contra, sino que obedecerá más bien a las enmiendas que traten de introducir Junts y ERC para optimizarla a favor de la desconexión independentista.