Dicha ley contenía un artículo 6 que decía:

«En cualquier momento el jefe del Estado podrá proponer a las Cortes la persona que estime deba ser llamada en su día a sucederle, a título de rey o de regente, con las condiciones exigidas por esta ley, y podrá, asimismo, someter a la aprobación de aquéllas la revocación de la que hubiere propuesto, aunque ya hubiese sido aceptada por las Cortes».

Algo que dio lugar, como es sabido, a la preterición del conde de Barcelona y a la venida a España del hijo de este, Juan Carlos, a quien Franco nombraría en 1969 sucesor a título de rey.

La trascendencia de esta ley acarreó su inclusión en el conjunto de las llamadas Leyes Fundamentales del Reino, que fueron sólo ocho. La última de las cuales, la Ley para la Reforma Política, con Franco ya muerto, fue la que permitió en 1977 desmontar el régimen.

Una consecuencia de aquella ley de sucesión fue que el jefe del Estado, o sea, Franco, se atribuyó la potestad para otorgar títulos nobiliarios, tal como se fijó en una ley posterior cuya denominación oficial rezaba así: «Ley de 4 de mayo de 1948 por la que se restablece la legalidad vigente con anterioridad al 14 de abril de 1931 en las Grandezas y Títulos del Reino».

El título lo dice todo. La continuidad de la nobleza titulada en España se rompió con motivo de la proclamación de la Segunda República y a partir de 1948 se instauraba de nuevo, con lo que volvíamos al régimen de títulos propio del reinado de Alfonso XIII, sólo que ahora con Franco como impartidor de los mismos.

«¿Será posible que no ya el PSOE, sino Podemos, EH Bildu y PNV consideren que Franco hizo algo bien en su mandato?»

A partir de aquí, desde 1948 y hasta 1974, si no hemos contado mal, el jefe del Estado otorgó un total de 43 títulos nobiliarios y dos autorizaciones para utilizar títulos en España. También proclamó la grandeza de España para nueve títulos y otras dos grandezas fueron otorgadas aparte a sendos títulos antiguos.

Ahora, la inminente Ley de Memoria Democrática, que está pasando el preceptivo trámite del Senado tras ser aprobada por el Congreso (con la mayoría gubernamental y el apoyo externo de EH Bildu, PNV, PDeCAT, Más País, Compromís, Partido Regionalista de Cantabria, Teruel Existe y Coalición Canaria, más la abstención de ERC y BNG), va a permitir que algunos de esos títulos nobiliarios aprobados durante el franquismo sigan en vigor.

Esto es sorprendente, inimaginable y hasta perturbador. ¿Una ley que, como afirma exultante la prensa afín al Gobierno, declara «ilegal» al franquismo va a permitir que unos cuantos títulos nobiliarios otorgados por Franco sigan siendo legales a partir de ahora?

Nada menos que diez de los 43 títulos de nobleza concedidos por Franco van a ser respetados por la Ley de Memoria Democrática. ¿Qué pasó con ellos? ¿Franco se equivocó? ¿O es que los otorgó en un lapsus de conciencia histórica?

Si el afectado hubiera sido un título o, como mucho, dos. ¿Pero diez?

Estamos hablando de casi una cuarta parte de los títulos concedidos por Franco. ¿Es posible que Franco se equivocara tanto y tan reiteradamente al concederlos? Porque los títulos exonerados ahora se reparten a lo largo de toda la dictadura. Desde 1949, en que se concedió el primero que se salva, hasta 1974, en que se concedió el último.

Por lo tanto, no puede ser que lo atribuyamos a un trastorno momentáneo del dictador. Tendríamos que reconocer que el trastorno, de haberlo tenido, le duró toda la vida.

¿O es que la Ley de Memoria Democrática está reconociendo que Franco hizo algo bien?

¿Será posible que no ya el PSOE, sino Podemos, EH Bildu y PNV consideren que Franco hizo algo bien en su mandato?

Con esta Ley de Memoria Democrática nos están diciendo que sí. ¿Estaremos asistiendo con esto al principio del fin de la llamada memoria histórica? Porque lo lógico habría sido, desde la mentalidad revanchista que inspira dicha memoria histórica, fulminar la ley de 8 de mayo de 1948 y todos los títulos otorgados en ella.

Los títulos nobiliarios otorgados por Franco e indultados ahora por la Ley de Memoria Democrática son estos:

1. Condado de Pradera, concedido el 18 de julio de 1949 a título póstumo a Víctor Pradera Larumbe (Pamplona, 1872-San Sebastián, 1936).

Fue con seguridad el teórico y el orador más avezado y dotado del tradicionalismo tras el fallecimiento de Juan Vázquez de Mella en 1928. Azote del nacionalismo vasco durante la Segunda República, fundó junto con José Calvo Sotelo el Bloque Nacional en 1934, un partido de extrema derecha que, para que nos hagamos una idea, estaría mucho más a la derecha que el Vox que hoy conocemos.

2. Condado de Arruga, concedido el 18 de julio de 1950 a Hermenegildo Arruga Liró, catalán, una eminencia mundial en el ámbito de la oftalmología.

3. Condado de Arteche, concedido el 18 de julio de 1950 a Julio Arteche Villabaso, que fue presidente del Banco de Bilbao y uno de los más grandes impulsores de la España del desarrollismo, dirigiendo empresas como Iberduero y Papelera Española, y siendo vicepresidente de Telefónica y Seat.

Empezó en política como candidato liberal por Marquina, integrado en la Liga de Acción Monárquica, que consiguió evitar que el nacionalismo copara las instituciones vascas durante el periodo 1919-1923. Salió elegido en las elecciones de 1923, pero apenas ejerció durante cuatro meses su mandato, interrumpido por el golpe de Estado del general Primo de Rivera.

4. Marquesado de Ramón y Cajal, concedido el 1 de abril de 1952 a título póstumo al científico Santiago Ramón y Cajal, nacido en Petilla de Monte Aragón (Navarra) en 1852 y fallecido en Madrid en 1934. Fue Premio Nobel de medicina en 1906.

5. Marquesado de Santa María de la Almudena, concedido el 5 de febrero de 1954 a un sobrino del cardenal Tedeschini, que fue nuncio de Su Santidad en España entre 1921 y 1936.

6. Condado de Echeverría de Legazpia, concedido el 18 de julio de 1958 a Patricio Echeverría Elorza.

Industrial guipuzcoano del acero, el más importante de toda España en la década de los cincuenta del siglo pasado. Creador de la marca Bellota de herramientas.

7. Marquesado de Torroja, concedido el 1 de octubre de 1961 a título póstumo a Eduardo Torroja Miret (Madrid, 1899-1961), ingeniero especialista de primer nivel mundial en construcción con la técnica del hormigón armado y pretensado.

8. Baronía de Camporredondo, concedida el 19 de abril de 1965 a María Samaniego y Martínez-Fortún.

Según el decreto de concesión del título, el régimen tuvo a bien considerar el enorme sacrificio de esta mujer, que había padecido el asesinato por los republicanos de su marido, José Larrucea Lámbarri, y de sus hijos Francisco Javier y Carlos en el barco-prisión Cabo Quilates fondeado en la ría de Bilbao en el verano de 1936.

La siguiente detentadora del título fue su hija María Ángeles, enfermera voluntaria de la División Azul en el frente ruso de la Segunda Guerra Mundial. A esta le sucedió su hermana María Josefa, casada con José Antonio Girón de Velasco, dirigente falangista, ministro de Trabajo de Franco durante dieciséis años e instaurador del régimen de la Seguridad Social en España.

9. Condado de El Abra, concedido el 18 de julio de 1969 a Alfonso de Churruca y Calbetón (Bilbao, 1884-1970). Hijo de Evaristo Churruca, ingeniero constructor del puerto exterior de Bilbao, conocido como El Abra, entre Portugalete, Santurce y Getxo.

Alfonso Churruca fue diputado durante las tres últimas legislaturas de la Restauración por el partido maurista, representando a Zumaia (Guipúzcoa). Durante el franquismo fue presidente de Altos Hornos de Vizcaya y CAMPSA y promovió la creación de la actual Petronor.

10. Condado de Maeztu, concedido el 18 de julio de 1974 con carácter póstumo a Ramiro de Maeztu (Vitoria, 1874-Aravaca, 1936), protagonista, junto con Unamuno y Baroja, de la llamada Generación del 98.

Fue el creador del concepto de Hispanidad y líder del grupo creado alrededor de la revista Acción Española, que durante toda la Segunda República construyó un pensamiento político contrarrevolucionario y monárquico, inspirador ideológico del posterior franquismo.

«Hasta ahora, lo normal era decir que la memoria histórica sólo se podía ocupar de los represaliados por Franco»

De manera que tenemos dos científicos, tres industriales, un ingeniero, una viuda de asesinado por el republicanismo, un vinculado a la Iglesia católica y, sobre todo, dos ideólogos clave en el pensamiento político de las derechas españolas del siglo XX.

No entendemos cómo junto con ellos no fue indultado también el ducado de Calvo Sotelo, con grandeza de España, otorgado por Franco el 18 de julio de 1948, salvo que sea porque su asesinato en vísperas de la Guerra Civil fue aducido por los sublevados como causa del levantamiento.

Porque, por lo demás, tanto Maeztu como Pradera tienen un pensamiento político mucho más influyente para la derecha española que el legado que pudo dejar José Calvo Sotelo en el ámbito de la Hacienda y la Administración españolas, que también fue importante.

No se entiende que partidos como los que ahora nos gobiernan y quienes les apoyan hayan hecho una demostración tan evidente de contramemoria histórica como esta, lo que supone reconocer que Franco honró a gente que, según ellos, mereció ser honrada.

Es la primera vez que esto ocurre. Porque, hasta ahora, lo normal era decir que la memoria histórica sólo se podía ocupar de los represaliados por Franco porque los represaliados por la Segunda República ya habían sido honrados por el dictador. Con ello se ponía a un mismo nivel nuestro régimen constitucional y democrático y el régimen franquista.

Ahora, por primera vez, se reconoce que hay personas que merecen ser honradas por la democracia, cualquiera que sea su ideología y cualquiera que sea el causante de su muerte injusta, abarcando todo el periodo de la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo.

Y para los españoles eso constituye, qué duda cabe, una muy buena noticia.

*** Pedro Chacón es profesor de Historia del Pensamiento Político en la UPV/EHU.