Cuando estalló la pandemia en España, en aquellos aciagos días de comienzos de marzo de 2020, descubrimos enseguida que íbamos a tener que afrontar una de las crisis sanitarias más importantes de la historia con los peores políticos posibles. No sólo fallaron todos los mecanismos de alerta previa, con el inefable Fernando Simón a la cabeza, sino que el propio Gobierno demostró pronto su falta de liderazgo al preferir no tomar ninguna medida hasta pasado el 8-M a pesar de las innumerables señales que auguraban la magnitud de la tragedia.

Después, durante aquel estado de alarma de cien días, el más estricto de toda la Unión Europea, pudimos comprobar múltiples veces la torpeza de nuestros políticos. Basta con recordar que decidieron tratar mejor a los perros que a los niños o que fueron incapaces de contar los muertos desde el primer momento. Ante tanto desastre, pronto pusimos la vista en Bruselas, esperando una señal que enmendase la plana a los dirigentes patrios.

Pero, lamentablemente, se demostró que el proyecto comunitario no atraviesa por su mejor momento: la Unión Europea fue incapaz de unificar una respuesta frente al virus, ni siquiera aprobando las mismas restricciones de movimientos en su territorio. Cada país fue a su aire y casi todos acabaron dando palos de ciego. De hecho, ese caprichoso toque de queda que todavía padecemos, como si el virus solo contagiase de noche, fue un invento que nos llegó de Francia.

Quizás por ese pecado original, intentando reparar los clamorosos errores iniciales, la Comisión Europea asumió la gestión de las vacunas. Pero, por primera vez en muchos años, nos hemos encontrado con que la UE no ha estado a la altura que se esperaba. No se ha cumplido la máxima de Ortega y Gasset: «España es el problema y Europa la solución». Las vacunas han llegado tarde y en menores cantidades de las prometidas. Y para colmo Bruselas ha permitido irresponsablemente que se extienda la polémica por los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca sin tener en cuenta las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Decisiones absurdas

Ante el nuevo naufragio de las instituciones europeas, incapaces de imponer una línea común sobre las vacunas en toda la UE, España ha quedado en manos de un grupo de políticos cuyas decisiones se están revelando absolutamente absurdas. Porque sólo así se puede calificar lo que está haciendo el cacareado Consejo Interterritorial de Salud, el órgano donde las comunidades autónomas están tomando medidas a propuesta del Gobierno.

El caso de AstraZeneca es paradigmático del despropósito en el que estamos instalados. La EMA siempre ha recomendado su administración sin ningún tipo de restricciones por sexo o edad. Sin embargo, nuestros políticos decidieron hace ya semanas que esa vacuna sólo se iba a suministrar a los menores de 65 años, por lo que se ha estado poniendo a profesores, policías… La semana pasada, tras las noticias de algunos casos aislados de trombosis en mujeres menores de 60, el Consejo Interterritorial decidió que las dosis de AstraZeneca solo se administrarían a partir de esa edad. Es decir, se pondrían a los nacidos entre 1955 y 1960.

Al poco de tomar esa decisión, alguien se puso a hacer números y se dio cuenta de que, si se estrechaba tanto la franja de edad, iban a sobrar varios millones de dosis de AstraZeneca en los próximos meses, de ahí que se decidiera sobre la marcha que las vacunas de esa marca se pondrán finalmente a los nacidos entre 1951 y 1960. Primera paradoja: la vacuna que antes de abril nunca se había considerado adecuada para los mayores de 65, ahora, de repente, se estima oportuna. Y no es porque los científicos hayan cambiado de opinión.

Luego está el caso de los millones de personas que tienen puesta la primera dosis y que en teoría no podrán recibir la segunda porque tienen menos de 60 años. El Ministerio de Sanidad ha dicho que está estudiando ponerles una segunda vacuna de otra marca, pero resulta que esto sí que no está probado suficientemente. Segunda paradoja: en aras de evitar posibles efectos secundarios de la pauta completa de AstraZeneca, estamos dispuestos a probar el experimento de mezclar dosis de marcas diferentes. Y esto no es baladí en este caso porque hay que tener en cuenta que las vacunas de Pfizer y Moderna se han elaborado con una tecnología completamente diferente (ARN mensajero) a la de AstraZeneca, que sigue el método tradicional.

Si ya era complicado lidiar con los antivacunas y los negacionistas, ahora se ha extendido la sombra de la sospecha sobre una de las patas en las que descansaba el fin de toda esta historia

Como consecuencia de todo lo anterior, ha pasado lo inevitable: algunas personas están cancelando sus citas para vacunarse porque tienen miedo. Es decir, los políticos han conseguido generar incertidumbre donde solo podía haber certezas. Si ya era complicado lidiar con los antivacunas y los negacionistas, ahora se ha extendido la sombra de la sospecha sobre una de las patas en las que descansaba el fin de toda esta historia. El daño provocado es inmenso. Se están generando tantas dudas en la población que difícilmente lograremos que todo el mundo se vacune pronto. Muchos preferirán esperar por prudencia.

Madrid frente al resto

Y lo más sorprendente es que esas decisiones han sido adoptadas por un supuesto consenso del que sólo se ha desmarcado, una vez más, la Comunidad de Madrid, que votó en contra, si bien el País Vasco y Ceuta se abstuvieron. ¿A qué narices se dedican el resto de las comunidades del Partido Popular? ¿A qué se debe ese alineamiento con el Gobierno en decisiones tan poco científicas? ¿Por qué este aislamiento sistemático de la Comunidad de Madrid? ¿No debería Pablo Casado llamar al orden a sus barones y buscar algún tipo de concertación entre sus regiones?

Se podrá pensar lo que se quiera sobre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pero en el caso de AstraZeneca ha demostrado que tiene más sentido común que el resto: ha pedido al Gobierno central algo tan simple como que se permita vacunar con esa marca a todo aquel que lo desee, independientemente de su edad. De momento, el Ejecutivo guarda silencio, quizás abochornado por haber tomado una decisión tan arbitraria, sobre todo porque los expertos se han hartado de decirnos estos días que los beneficios de ponerse la vacuna son muchísimo mayores que sus potenciales riesgos, que por supuesto existen, como en cualquier medicamento.

Por tanto, un año después estamos igual que estábamos: en manos de unos inútiles que ni siquiera son capaces de acertar cuando no tienen más remedio que rectificar. Y lo peor es que en este caso ya no podemos contar con la UE para que imponga algo de sensatez.