La célebre afirmación de Edmund Burke “Para que triunfe el mal, sólo es necesario que lo buenos no hagan nada” señala un hecho indiscutible, el de que se puede pecar por acción y por omisión, tal como enseña la tradición cristiana. Así, en la infortunada España actual son evidentes pecados de acción la concesión de una amnistía a golpistas contumaces, la aprobación de leyes revanchistas que falsifican la historia y fomentan el enfrentamiento entre españoles, la forja de mayorías aberrantes con separatistas, herederos del crimen organizado y ultraizquierdistas, las reiteradas maniobras para erosionar la separación de poderes en favor del Ejecutivo, el intento descarado de adulterar el censo electoral y la complacencia ante la invasión de Ceuta por una multitud de supuestos emigrantes, por citar algunos de los desmanes de Pedro Sánchez y sus secuaces. 

Junto a las tropelías, abusos y vilezas cometidos por el actual Gobierno con el concurso de la hez de nuestro espectro político con el único objetivo de mantenerse en el poder, cabe también preguntarse si la oposición ha cumplido con su deber con la intensidad, inteligencia y arrojo que la magnitud de los continuos ataques a la Constitución, a la democracia y a la unidad nacional perpetrados desde La Moncloa merecen, es decir, si mientras unos se entregan ferozmente a la destrucción de la Nación, los que tienen como misión impedir tal desgracia ponen suficiente empeño en tal propósito. Para responder a tan relevante cuestión, examinemos unos pocos ejemplos.

La entrada ilegal en Ceuta de una masa de magrebís y subsaharianos de dimensión semejante a la de su población no es, obviamente, ni un desbordamiento migratorio ni una crisis humanitaria, es, pura y simplemente, una grave agresión a España por parte de un vecino hostil que une la malignidad con la hipocresía. Los partidos de la oposición han protestado, naturalmente, han pronunciado enérgicos discursos en el Congreso, han presentado ya una querella en la Audiencia Nacional contra el Delegado del Gobierno, otra contra Marlaska y Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo y ahora analizan con lupa los documentos desclasificados con vistas a ampliar el perímetro penal de las fechorías cometidas por el marido enamorado y sus adláteres en los días previos a la estampida.. Todo esto está muy bien, pero no está todavía a la altura de la gravedad de la colaboración del Gobierno con el acto de guerra híbrida con el que nos ha apuñalado el Comendador de los Creyentes. Ha llegado el momento de iniciar el procedimiento descrito en el artículo 102 de la Constitución que admite en buena medida encaje con la actuación de la cuadrilla sanchista en esta dramática ocasión. “Concertarse con el enemigo o favorecerlo”, “Firmar la paz o realizar actos en contra de la Constitución en perjuicio de la soberanía del Estado” son comportamientos que se pueden aplicar con fundamento a la sospechosa sumisión servil del veraneante de La Mareta al Sultán alauita. El argumento de que seguramente esta propuesta no alcanzaría la mayoría absoluta del Parlamento es una excusa de mal pagador porque aquí lo que importa es el gesto, cuya contundencia y relevancia contribuiría sin duda a despertar y alertar a la parte de la ciudadanía que vive anestesiada y desnortada por la propaganda asfixiante de un partido socialista que ya no es ni obrero ni español y que se ha transformado en una máquina implacable de saqueo del presupuesto y de disfrute obsceno del BOE. 

Sectario, violento y dogmático

En su reciente entrevista-peloteo en TVE a cargo de dos de sus periodistas estabulados, Pedro Sánchez se refirió a la Segunda República como “la mejor de las Españas”. Este ditirambo dedicado a un régimen sectario, dogmático, violento, trufado de asesinatos políticos, de un anticlericalismo vesánico y dominado por el rechazo al pluralismo de una izquierda intolerante, provoca náuseas en cualquier persona que conozca nuestro pasado y deslegitima la noble tarea de reconciliación emprendida por la Transición. No se trata de negar las deficiencias del sistema de la Restauración y las profundas desigualdades sociales de la España del primer tercio del siglo XX, pero hablar del caos sangriento surgido tras las elecciones municipales de 1931 asimilándolo a una democracia ejemplar y pacífica víctima de un putsch de militares fascistas, obispos retrógrados y latifundistas voraces, demuestra un maniqueísmo y una mala fe que califican a los personajes capaces de tan perversa mistificación. Pues bien, el principal partido de la oposición nunca ha subido a la tribuna del Congreso para describir con fidelidad a los sucesos pretéritos lo que representó aquella república de vocación totalitaria conducida por formaciones que negaban el pan y la sal a media Nación y que practicaban el golpismo y los pucherazos electorales sin disimulo ni recato. Se ha refugiado en el elogio de la recuperación de la democracia en 1978 y ha evitado la confrontación directa con las falsedades de la izquierda sobre aquel período aciago.

Durante la etapa 2011-2015 el que es hoy el partido llamado muy probablemente a encabezar el Gobierno tras las próximas elecciones generales de 2027, dispuso de la mayoría absoluta en ambas Cámaras, del gobierno de once Comunidades Autónomas más Ceuta y Melilla y de la alcaldía de treinta y cuatro capitales de provincia. Pues bien, esta enorme cuota de poder fue desaprovechada y la Ley de Memoria Histórica de Zapatero no fue derogada.

El futuro Gobierno de España que lidere Alberto Núñez Feijóo ha de tener muy presente la sabia advertencia de Burke y recordar que no sólo las malas acciones causan daño, sino que también la pasividad o el conformismo frente al mal pueden mantenerlo e incluso reforzarlo.