Es el caso de una mujer marroquí de 46 años que se ha hecho cargo de dos sobrinos, de 6 y 9 años. Vive en un municipio cercano a Pamplona que la noticia no especifica, porque la señora ha exigido proteger su identidad. Tampoco el motivo por el que los padres no están al cuidado de los niños, que dependen en exclusiva de su tía bajo la fórmula del acogimiento, lo que ha evitado su traslado a un centro tutelado. La web Navarra.com ha podido cotejar los ingresos de este peculiar hogar donde nadie trabaja. Por el primer menor la señora percibe 850 euros mensuales y otros 635 por el segundo. En total, casi 1.500 euros, suma a la que hay que añadir 1.120 euros al mes de «acogimiento especializado», una cantidad vinculada a las circunstancias y necesidades específicas de los niños. «El sistema de protección infantil aporta así a este hogar un total de 2.607 euros al mes», señala la web. No acaban aquí las ayudas, porque tía y sobrinos reciben 1.321 euros mensuales gracias a la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), más otros 132 euros del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). Sumadas todas las cantidades, los ingresos públicos de la «unidad de convivencia» que forman esta mujer marroquí y sus sobrinos superan los 4.000 euros/mes, sin nómina de ninguna clase. Ni un solo euro procede de la actividad laboral. La señora cuenta sin remordimiento de ninguna clase que no piensa buscar trabajo porque bastante tiene con cuidar de los pequeños, lo cual es del todo cierto. Eso sí, reconoce que Navarra «la trata muy bien». Son las políticas del Gobierno de María Chivite.

«Estas cantidades no soportan retenciones asociadas a un salario, ni generan cotizaciones a la Seguridad Social como lo haría una nómina. Es dinero neto que va directo a la cuenta bancaria», señala la web. Pero la protección pública no termina ahí. La marroquí y sus dos sobrinos ocupan una vivienda pública por la que pagan un alquiler de 500 euros mensuales, aunque el piso goza de una subvención del 75% de esa suma, a lo que hay que añadir descuentos en consumo de electricidad (de hasta el 80% en el recibo de la luz), calefacción (el Bono Social Térmico supone una ayuda extra de cerca de 300 euros anuales), comedor escolar, libros de texto y material del colegio. A través de su trabajadora social, la mujer recibe también ayuda del Banco de Alimentos, Cruz Roja y otras entidades, e igualmente dispone de tarifas sociales en el Transporte Urbano Comarcal. El contraste con cualquier pareja española, un matrimonio con dos niños que resida en Fuenlabrada, por ejemplo, que sale de su casa a las 7 de la mañana para perder hora y pico en un atasco antes de llegar a su trabajo en la otra punta de Madrid, que entre ambos cónyuges consiguen ingresar una suma que difícilmente llegará a los 4.000 euros netos después de abonar todo tipo de impuestos y con los que hay que pagar hipoteca, hay que comer, atender colegios, ropa, medicinas, llenar el depósito del coche a casi 2 euros litro… es sencillamente estremecedor.

Lo que ocurre en un pueblo de Navarra ocurre todos los días en pueblos de Francia, de Alemania y de Gran Bretaña, entre otros países europeos, y es lo que explica lo ocurrido el domingo pasado en las elecciones del estado alemán de Sajonia-Anhalt, donde el partido de la derecha dura, la AfD, ganó con casi el 44% de los votos, mientras la CDU del canciller Merz se desplomaba al 17% (20 puntos menos que en 2021) con una participación récord del 78%. Ninguna sorpresa, por otro lado. Como aquí escribía este miércoles Lorenzo Bernaldo de Quirós, «La derecha tradicional europea se ha limitado a gestionar con mayor o menor rigor fiscal y eficiencia administrativa los pilares del estatismo imperante desde hace décadas, en una sumisión conceptual que la convierte en heredera y continuadora de un edificio en ruinas. La pérdida de hegemonía histórica de la CDU/CSU en Alemania o la implosión del espacio de centro-derecha en Francia ilustran con claridad las consecuencias que para la derecha tiene carecer de proyecto político propio, lo que le expone a una vulnerabilidad estructural permanente». Un río de decisiones políticas erróneas con muchos culpables y una protagonista, Angela Merkel, la mujer que entregó Alemania a las políticas de izquierda durante 16 años, que abrió las fronteras del país de par en par a una inmigración descontrolada poniendo en peligro la cohesión social, que cerró plantas nucleares seguras para encomendarse al gas ruso, y vio caer las cuatro torres que defendían la fortaleza del bienestar germano: energía rusa a precio de ganga, demanda china de bienes industriales alemanes, paraguas nuclear de EE.UU. y euro barato. La elección de Friedrich Merz como nuevo canciller en mayo de 2025 significó la última esperanza para los conservadores tras Merkel y el fracaso de la «coalición semáforo» del socialdemócrata Olaf Scholz. Pero Merz, que hizo campaña como conservador, traicionó de inmediato a sus votantes obsequiándolos con más salsa política de izquierda. El resultado ha sido el triunfo apoteósico de la AfD en Sajonia-Anhalt.

La AfD, que goza de especial popularidad en el territorio de la antigua RDA, es ya y a tenor de las encuestas el partido político más grande a nivel nacional, como la Agrupación Nacional (Rassemblement National) de Marine Le Pen es de lejos el mayor partido político de Francia. Todo un trauma para quienes han tratado de encerrar a los partidos de «extrema derecha» (según la denominación impuesta por la extrema izquierda y seguida borreguilmente por la mayoría de los medios europeos) tras los muros de las alertas antifascistas y los cordones sanitarios. Todo ha fracasado. Y cuando fracasa, al establishment político germano no le queda más argumento que tachar a AfD de neonazi, una analogía intelectualmente infame y políticamente contraproducente tratándose de un partido que respeta la Constitución, que no es en absoluto antisemita, que no alberga ambiciones imperialistas y cuya líder, Alice Weidel, ex banquera de Goldman Sachs, es una lesbiana que vive con una mujer de origen ceilandés. Como días atrás escribía Alexandre Devecchio en Le Figaro, la AfD «es el síntoma alemán de una crisis global que afecta a todo Occidente. Su ascenso en las urnas se origina en los mismos males que alimentan el populismo en otros lugares: la tríada de inseguridad cultural, declive económico y despojo democrático, producto de una globalización defectuosa». Los intentos por excluir a la derecha dura del sistema tanto en Francia como en Alemania han forzado coaliciones de Gobierno contra natura que, tras fracasar, han eliminado cualquier posibilidad de alternancia real en el poder. Para millones de votantes, votar RN o votar AfD se ha convertido en una forma de romper el cómodo statu quo en el que la socialdemocracia imperante en toda Europa desde 1945, unas veces gestionada por la izquierda y otras por la derecha, ha vivido, ajena a las aspiraciones populares. Si RN y la AfD ganan terreno no es porque millones de franceses o alemanes se hayan convertido de repente en fascistas o en neonazis, sino porque los partidos tradicionales no han logrado abordar los problemas que la población considera prioritarios. Lo ha dicho Éric Zemmour, presidente de Reconquête, para quien los culpables de este auge son «aquellos que, durante medio siglo, trataron como un crimen lo que la gente consideraba obvio: el deseo de seguir siendo ellos mismos».

Esa es la clave: la traición de la derecha política francesa y alemana a sus votantes. Y la desafección de millones de trabajadores con una izquierda política que hace tiempo dejó de representar los intereses de la «clase obrera» para encamarse obscenamente con el mundo woke, el cambio climático, las minorías étnicas y ese islamismo radical enemigo de los valores humanistas que han conformado Occidente. Ahí está el caso de Jean-Luc Mélenchon (LFI), líder de la extrema izquierda gala, convertido en un «subcontratista de la ideología islamista» según Le Pen. Las clases medias no compiten hoy con un trabajador manual o un simple oficinista por una vivienda pública, una ayuda, una plaza de colegio o una cita en la sanidad pública. Quien sí compite es el inmigrante ilegal al que la izquierda y los Gobiernos de Alemania, de Francia o de España, como el Gobierno socialista de Chivite en Navarra, agasajan con ayudas, alojamiento, manutención y atenciones varias, dinero que sale de los impuestos que gravan el día a día del trabajador europeo medio. Es el caso escandaloso de Ceuta, una ciudad convertida en una olla a presión, donde el Gobierno ha puesto wifi gratis a los miles de invasores que siguen colapsando la ciudad (se supone para que esos «niños» y «niñas» a los que Sánchez se niega a expulsar puedan hablar tranquilamente con sus padres en Marruecos), y les ha puesto además colchones nuevos, como ayer contaba aquí Laura García, portavoz de Jupol. Es el drama de esa pareja de Fuenlabrada que se ve obligada a madrugar para ir a trabajar, pagar impuestos y estirar desesperadamente unos sueldos que no llegan a fin de mes, frente a esa mujer marroquí que en un pueblo cercano a Pamplona ingresa 4.000 euros limpios todos los meses en forma de ayudas públicas sin haber dado nunca palo al agua en España. Y cuando el currante protesta ante esta situación escandalosa, la izquierda lo llama racista.

Fue la traición de la derecha política española a sus votantes la que dio lugar al nacimiento de Vox. Fue la mayoría absoluta lograda por el PP de Mariano Rajoy en noviembre de 2011 y luego lastimosamente desaprovechada por la incompetencia del gallego. A aquella cita llegó España en estado de coma tras la experiencia Zapatero, en la situación terminal del enfermo que pide a gritos el bisturí capaz de insuflarle nueva vida. Los españoles así lo entendieron y por eso le otorgaron aquella mayoría. Pero el cirujano se abstuvo de abrir al paciente en canal por negligencia y desidia. Por incapacidad. El personaje ya había hecho algo altamente irresponsable. Había invitado a dejar el partido a los críticos del modelo «moderado, abierto e integrador, no doctrinario» que él perseguía, al afirmar en abril de 2008 que «Si alguien quiere irse al partido liberal o al conservador, que se vaya». Se fueron, claro: unos a Ciudadanos y otros a Vox. Pero la formación de Santiago Abascal nació con un único objetivo: obligar al partido mayoritario de la derecha a acometer las reformas de fondo, tanto políticas como económicas, que el país estaba reclamando desde antes incluso de la llegada de Aznar a Moncloa, hasta el punto de que, en el hipotético caso de que dichas reformas hubieran llegado alguna vez a concretarse, Vox tendría que haberse disuelto dando su misión por cumplida. La expulsión de los liberales truncó ese axioma. Vox es ahora otra cosa bastante distinta de aquella asociación de románticos dispuestos a arriesgar tiempo y dinero por el bien de España. Se ha convertido en un partido más dispuesto a participar en el reparto de la tarta partitocrática. Otra estructura más, férreamente jerarquizada, que aspira, ni más ni menos, que a desalojar al PP del liderazgo de las derechas españolas. Eso sí, un partido que no supone ninguna amenaza para la libertad y/o el bolsillo de ningún demócrata, lo que no se puede decir en absoluto de la banda de salteadores de caminos de extrema izquierda que nos gobierna y de sus socios.

Pero España no está para aventuras personales. El enfermo se encuentra en una situación mucho peor que la que mostraba a finales de 2011. Coma profundo. En junio de 2018, el Estado sufrió el asalto victorioso de una organización criminal y desde entonces ni hay Gobierno ni hay Estado. La situación que vive Ceuta pasará a los libros de Historia como una de las páginas más negras de nuestra historia, una afrenta humillante para cualquier español comparable en infamia a las capitulaciones de Bayona con Carlos IV o a la pérdida de las últimas joyas del imperio colonial en 1898 en lo que a incuria e impotencia se refiere. El sedicente Gobierno que padecemos sabe lo que tendría que hacer para limpiar Ceuta en 24 horas, pero no lo hace porque no se lo permite el Napoleón cetrino que manda en Rabat. De modo que solo hay una oportunidad, si el sátrapa tiene a bien convocar generales y no manipular los resultados, de sacar al enfermo de la situación en que se encuentra, en el bien entendido de que si esa oportunamente falla, seguramente no habrá otra. Y esa oportunidad se llama Gobierno de concentración PP-Vox. Lo que presupone la necesidad de que el partido de Núñez Feijóo se olvide de eso que tanto le ha gustado siempre al PP: «la gestión», porque aquí ya no hay nada que gestionar. Todo está podrido. Aquí hay que desmantelar, primero, la gran playa del Trampolín en que Sánchez y su banda han convertido a este país, y reconstruir, después, casi desde cero, el edificio de una España capaz de dar cobijo a izquierda y derecha bajo el imperio de una ley igual para todos. Hay que fajarse, Alberto, y hay que olvidarse, Santiago, de estériles guerras por la primogenitura porque lo único que importa es España. Asombra, por eso, que a estas alturas no estéis trabajando, con la discreción que hace al caso, en la elaboración de un programa de Gobierno capaz de barrer en los primeros cien días toda huella del infame social comunismo que padecemos. Ello cuando posiblemente estemos a seis meses de unas generales.