Aunque el ministro Escrivá sea hombre aficionado a las ocurrencias, la de recentralizar algunas competencias autonómicas podría resultar interesante… siempre que no se limite a los ámbitos fiscales. El resto del Ejecutivo lo ha dejado solo, como acostumbra, a sabiendas de que parece improbable que una idea de esa clase agrade a sus socios nacionalistas vascos y catalanes. Pero no estaría del todo mal abrir el debate sobre la posibilidad, siquiera teórica, de reducir el margen discrecional de las comunidades, que en ciertas –muchas– materias provoca disfunciones importantes. El problema consiste en que tal vez sea demasiado tarde para devolver al tubo la cantidad de dentífrico que lleva décadas derramándose, hazaña con alto grado de dificultad que jamás ha realizado nadie. Y la política suele seguir el consejo pragmático de evitar conflictos impopulares que no conducen a ninguna parte.

A estas alturas la cuestión esencial es la de creer o no creer en el Estado de las autonomías, con sus virtudes y sus defectos. Nadie puso objeciones al modelo cuando algunas regiones, con Cataluña a la cabeza, crearon nuevas figuras tributarias o recargaron su tramo de IRPF con suplementos de hasta un cuatro por ciento. El escándalo sobreviene porque la derecha utiliza esa misma facultad de autogobierno para reducir o suprimir impuestos, herejía ideológica que por ende suele producir réditos en forma de impulso al crecimiento. Sucede además que el ‘dumping’ fiscal, de haberlo, empezó hace mucho tiempo en el País Vasco y Navarra con el polémico –pero constitucional– régimen foral de conciertos. Las rebajas de Madrid o Andalucía no se aproximan ni de lejos a ese intocable privilegio; simplemente aprovechan las reglas del juego. Los que tratan de impedirlas tendrán que demostrar que no son conformes a derecho. O asumir el riesgo de legislar contra los contribuyentes de unos territorios concretos.

Ahora bien, si hay que hablar del sistema, como propone Escrivá, hablemos. No sólo de fiscalidad: de educación, de sanidad, de políticas lingüísticas, de licencias administrativas, de policías propias, de unidad de mercado. Para empezar, va a ser muy antipático constatar quién sale perdiendo y quién ganando. Luego sería inevitable que surgieran agravios si los ciudadanos descubren que unas administraciones pagan mejor que otras a sus funcionarios por el mismo trabajo. Y por último alguien podría verse en aprietos para convencer a sus aliados de que hace falta reconducir el desparrame competencial –aquel famoso ‘carajal’ de Borrell– en un sentido más igualitario. Eso es difícil de plantear en una Mesa de Diálogo. El jacobinismo es tan razonable y democrático como incompatible con excepciones, franquicias y regalos. Y dadas las circunstancias –sobre todo las suyas– hasta Sánchez puede entender que es más sensato dejar que nos quedemos como estamos.