IGNACIO MARCO-GARDOQUI-ABC

  • El demagógico, lo presenta como una medida regresiva que pone en peligro la financiación de los servicios sociales que reciben los andaluces

El ministro Escrivá es un imprudente. En el neolenguaje, un ‘bocachancla’. Su reacción en contra de la decisión de Moreno Bonilla de eliminar el impuesto sobre el Patrimonio se puede juzgar desde varios ángulos. Por un lado, el demagógico, lo presenta como una medida regresiva que pone en peligro la financiación de los servicios sociales que reciben los andaluces. Pero, más bien sucederá justo lo contrario. La Hacienda andaluza recauda 95 millones por este impuesto y su eliminación va dirigida a evitar la huida de contribuyentes importantes en busca de hábitats más favorables y para recuperar a los ya huidos. Muy mal tienen que darse las cosas para que el saldo no le salga claramente positivo y recaude más que antes. Un saldo que podrá emplear para mejorar los servicios sociales de los andaluces. Luego está el debate teórico sobre si es lógico o contraproducente (Escrivá ‘dixit’) el que las haciendas compitan entre sí, como lo hacen a diario todos los profesionales y las empresas del país (y, por cierto, todas las especies biológicas, en el arduo camino de la evolución). Una verdadera lástima que los políticos no quieran competir en el ingreso y tampoco, y eso es peor, en la eficiencia del gasto que dan a cambio. De eso huyen como del Covid.

De todo eso se puede hablar –faltaría más–, pero lo que no tiene un pase es abrir el melón de la centralización fiscal cuando su Gobierno se sustenta y sobrevive gracias al apoyo que le proporcionan unos partidos que jamás apoyarán esa medida. ¿La idea es centralizarlos en todas las comunidades? Pues conozco a varios partidos, PNV, Bildu, que le sostienen y que jamás aceptarán esa medida. Más los navarros, los de Podemos e incluso el PP y el propio PSE en esas comunidades. ¿O piensa excluir de ella a las haciendas vascas y navarras? ¿Quién supone que le va a apoyar entonces fuera de ellas?

Hay muchas cosas que se podrían centralizar para mejorar la administración del Estado. Algunas de ellas son urgentes, al ser sus efectos negativos más persistentes, como es e caso de la educación. Pero, como este Gobierno no va a hacer nada de ello (el siguiente probablemente tampoco), es mejor que se deje de ideas que solo provocan alboroto y desasosiego general. Si de verdad quiere centralizar lo que está mal centralizado puede empezar por la educación, cuyos efectos perniciosos son mayores y serán más duraderos.