El diálogo social se resquebraja. Y lo hace por el frente más previsible: los salarios. El Gobierno reveló este miércoles que el próximo 1 de septiembre retomará las discusiones sobre la revalorización del salario mínimo interprofesional (SMI). Aunque su aprobación no requiere el concurso formal de empresarios y sindicatos —el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores habla solo de “previa consulta”—, lo que parece fuera de toda duda es que la patronal CEOE ha decidido, según fuentes autorizadas, poner pie en pared y no avalar el incremento. Eso quiere decir que el real decreto que aprobará el Gobierno en las próximas semanas, que no exige tramitación parlamentaria, se aprobará sin respaldo empresarial.

La decisión tiene un carácter más simbólico que real, ya que el Gobierno, en particular el Ministerio de Trabajo, que es quien más presiona en este asunto, seguirá adelante con la subida, pero tiene su importancia política porque se resiente uno de los puntales de Moncloa, como ha sido la concertación social en múltiples materias, incluida, en dos ocasiones, la revalorización del SMI. Tiene, incluso, un carácter simbólico en términos económicos, ya que no tendrá carácter retroactivo, lo que significa que los nueve primeros meses de 2021 se quedarán sin actualización. Precisamente, el año en el que más están subiendo los precios (2,9%). Otra cosa es que se incorpore en el real decreto la subida para 2022, que, en cualquier caso, no entraría en vigor hasta el 1 de enero de ese año.

La CEOE, en esta ocasión, ha dicho basta. Básicamente, por cinco razones. Por un lado, el incremento que se decida no tiene en cuenta las diferencias del coste de la vida que existen en España, por ejemplo entre Madrid y Extremadura, lo que hace que para un empresario extremeño 1.000 euros no sean lo mismo que para un madrileño. En segundo lugar, no discrimina por actividades profesionales, lo que hace que múltiples convenios provinciales del campo estén judicializados. En tercer lugar, el incremento del SMI que se apruebe no tiene en cuenta los contratos firmados con las empresas privadas con las distintas administraciones, lo que impide que puedan repercutir el alza. En cuarto lugar, frena la contratación de los jóvenes, y, en quinto, es un incentivo para aumentar los pagos en B. En particular, en actividades como el servicio doméstico, que tiende a reducir el número de horas trabajadas en la medida que sube el coste del factor trabajo.

Oxígeno para la economía

Frente a estos argumentos, los sindicatos reclaman un incremento en aras de cumplir el objetivo del Gobierno de situar el SMI en el 60% del salario medio al final de la legislatura, en línea con lo que establece la Carta Social Europea. Los beneficiados serían alrededor de 1,5 millones de trabajadores que tienen los salarios más bajos. Igualmente, según CCOO, cualquier incremento eleva la masa salarial global, lo que en última instancia favorece la demanda interna, ya que la propensión al consumo es mayor en los sueldos más bajos debido a su escasa capacidad de ahorro. Según sus cálculos, la subida del 22% decidida para 2019 elevó la masa salarial en unos 2.000 millones de euros, lo que dio más alegría a la economía.

El no de los empresarios llega en un momento delicado desde el punto de vista del diálogo social, toda vez que antes de que acabe el último trimestre de este año el Gobierno debe enviar a Bruselas (en el marco del plan de recuperación de la economía) su propuesta de reforma laboral, un asunto que todavía está muy verde. Y aquí, nuevamente, como en el SMI, los empresarios quieren hacerse fuertes. Como recuerda un dirigente de la patronal, la crisis no ha terminado, y cualquier decisión que aumente los costes o la rigidez de la economía sería confrontada por los empresarios. 

Un reciente estudio del Banco de España identificó al menos cuatro consecuencias directas de un incremento del SMI. En relación con la probabilidad de perder el empleo, y para la totalidad del colectivo de trabajadores afectados por la subida, sin distinguir por edades, se estimó un incremento de la probabilidad de perder el empleo respecto al escenario contrafactual de entre un 2,3% y un 3,2%, dependiendo del modelo considerado.

Con relación al número de horas trabajadas, la probabilidad de mantenerse trabajando por cuenta ajena a tiempo completo disminuye entre los afectados por la subida del SMI de 2019. En concreto, la probabilidad de mantenerse en este estado se reduce entre 0,96 puntos y 6,01, también dependiendo del modelo y del grupo de edad considerado.

Sobre la probabilidad individual de encontrar empleo, lo que estimó el Banco de España fue que los efectos más perjudiciales se encuentran en los parados. En concreto, considera una reducción en la creación de empleo de 4,3 puntos porcentuales para la población de entre 16 y 24 años. El banco central, por último, y en lo que se refiere a la pérdida de puestos de trabajo, cuantificó la pérdida de empleo por la subida del 22% del SMI de entre el 6% y el 11% en el grupo de trabajadores afectados por el nuevo salario mínimo. Si se tiene en cuenta el número de asalariados a diciembre de 2018, esto implicaría la pérdida de entre 90.000 y 170.000 empleos a lo largo del año. 

El Banco de España, sin embargo, no cuantificó los beneficios para la economía derivados del mayor incentivo de la demanda o, incluso, la parte positiva que tiene evitar la desigualdad salarial desde un punto de vista de la cohesión social. Tampoco los criterios de justicia redistributiva que se producen por el estrechamiento de la distancia salarial.