Que los sindicatos pidan subidas de sueldos y amenacen con huelgas a los empresarios no es algo que pueda extrañar demasiado, sobre todo si se trata del Primero de Mayo. Más controvertible resulta, sin embargo, que su mensaje lo respalden ‘in situ’ seis ministros, entre ellos la titular de Trabajo, supuesta responsable de tutelar el diálogo social entre las competencias de su cargo. La lógica (de lo ilógico) vuelve al caso cuando se recuerda que estamos en la España de Sánchez, donde la anomalía institucional es una seña de identidad de los gobernantes y donde los creadores de empleo son considerados por el presidente del Ejecutivo como sospechosos habituales, desalmados especuladores y aborrecibles chupasangres. Para ser justos, los manifestantes de ayer fueron incluso más ecuánimes: no pasaron de reclamar, en el tono exaltado propio de las concentraciones de esta clase, reparto de beneficios, aumentos salariales y otras demandas similares. Y por cierto con una concurrencia bastante mejorable.

Es sabido que el sindicalismo español sólo se agita de veras cuando está en el poder la derecha. Si gobiernan los ‘suyos’ adopta una actitud subalterna, gregaria, de una docilidad ovejera, y busca fuera del ámbito oficial el objetivo de sus mortecinas protestas. Tampoco vive una buena época; sufre desprestigio ciudadano, se ha desconectado de las capas obreras sin lograr el apoyo de los autónomos ni de la clase media, vive de subvenciones y no comprende aún los retos laborales que las nuevas tecnologías plantean en la sociedad moderna. Su 12,5 por ciento de afiliación lo arrastra a una crisis de representatividad palmaria, sus movilizaciones reflejan una especie de rutina desganada y su único músculo activo es el de la afinidad con un Gobierno que lo utiliza como terminal orgánica. Ese aletargamiento constituye un fenómeno general, como demuestran las grandes oleadas de descontento popular en Alemania o Francia, surgidas al margen de unas organizaciones clásicas superadas y sin capacidad para liderarlas.

En este momento, el papel de CC.OO. y UGT se reduce al de un brazo más de la maquinaria electoral del sanchismo, proyecto de Yolanda Díaz incluido. El anuncio de grandes paros en otoño, en plena campaña de las generales, no es más que su contribución al calentamiento del clima político. Los aparatos sindicales saldrán de su letargo administrativo para apuntalar la ofensiva oficialista cuando sean requeridos a prestar ese servicio. Y de paso engrasarán sus mecanismos por si hay que ponerlos a funcionar en caso de que cambie el ciclo y la izquierda necesite un revulsivo anímico. Hasta tanto tendremos complicidad ideológica, apoyo retórico, disciplina discursiva, apariencia negociadora y calles tranquilas para que el turno de presidencia europea transcurra sin alteraciones significativas. El dulce, engañoso sosiego de la ‘Pax Petrina’.