El Gobierno y el Partido Socialista, que son lo mismo, no se atreven a asumir de manera categórica la tesis de la guerra sucia judicial, el ‘lawfare’, porque casaría mal con su responsabilidad institucional hacerlo, pero en realidad –en verdad, según Sánchez el neoaristotélico– la han aceptado hace tiempo. La amnistía consiste exactamente en eso. Así lo reconoce el pacto de Bruselas que ampara la presentación del proyecto, en unos términos que además de desautorizar la actuación del Supremo sugieren que sus magistrados prevaricaron al condenar a los insurrectos. Y esa misma conclusión subyace en el acuerdo para someter el proceso a la supervisión de un mediador extranjero, clara muestra de desconfianza en el normal funcionamiento de un Estado de Derecho.

Esta semana, la vicepresidenta Teresa Ribera ha dado un paso más en esa línea, al acusar al juez García Castellón de albergar motivos extrajurídicos en su investigación sobre los indicios que relacionan a Puigdemont con actividades de terrorismo. El reproche deja así de resultar sesgado o eufemístico para convertirse en un señalamiento concluyente, explícito, similar al acostumbrado entre los separatistas catalanes, la extrema izquierda y Bildu. Sólo que esta vez es una alta jerarquía del Gabinete la que atribuye en público a un miembro de la judicatura la comisión de un delito. Nada menos que el instruir un sumario con perspectiva de prejuicios.

Este salto cualitativo, ocurrido en pleno debate sobre el alcance de la impunidad de los sediciosos catalanes, supone una exacerbación del conflicto entre el poder ejecutivo y las estructuras judiciales. Ha estallado de lleno el choque de legitimidades y Moncloa se alinea con el independentismo acudiendo en su rescate. Ese frente común demuestra que el sanchismo se ha vuelto cómplice de su propio chantaje, presa de un síndrome de Estocolmo que lo empuja a rebelarse contra sus compromisos constitucionales. El duelo promete episodios graves porque la magistratura no va a poner las cosas fáciles; se siente bajo acoso y entiende la amnistía como un ataque a su autonomía innegociable.

Lo que García Castellón está defendiendo es la independencia jurisdiccional frente a una intromisión política que trata de arrebatársela. El de la competencia del instructor al margen de injerencias extrañas es un principio sagrado de la justicia democrática. Si sus sospechas y averiguaciones tienen fundamento lo decidirán otras instancias conforme a providencias formales regladas, pero nunca la presión de unos partidos urgidos por despejar el camino a sus componendas parlamentarias. El terrorismo es el gran obstáculo de una ley diseñada por y a medida de sus principales beneficiarios. Si quieren despejarlo tendrán que buscar otro atajo para evitar que su exoneración penal encalle en un juzgado. O arriesgarse a seguir adelante con una piedra en el zapato.