IGNACIO CAMACHO – ABC – 18/02/17
· ¿Qué responsabilidad afecta a un juez capaz de instruir un sumario cuyas conclusiones resultan severamente revocadas?.
Con la venia: ¿qué clase de responsabilidad jurídica tiene un juez que instruye durante siete años un sumario cuyas conclusiones resultan severísimamente revocadas por el tribunal encargado de juzgarlo? ¿Cabe colegir de ese varapalo una intención ideológicamente sesgada o prejuiciosa de la instrucción o al menos un manejo frívolo de la misma?
¿Qué clase de responsabilidad moral afecta a una Infanta de España puesta en entredicho por falta de ejemplaridad, a pesar de la absolución, y multada por participar de un enriquecimiento ilícito? ¿No merecen la sociedad española y la Corona una petición de perdón y un gesto de arrepentimiento?
¿Qué clase de responsabilidad política manifiestan unos dirigentes públicos capaces de evacuar opiniones sobre una sentencia –¡¡de 741 folios!!– a los pocos minutos de producirse esta y sin haberla leído?
¿Qué clase de responsabilidad social muestran los medios que en vez de explicar el veredicto improvisaron inmediatas encuestas digitales o presenciales preguntando si les parecía justo a ciudadanos que obviamente tampoco estaban en condiciones de conocerlo?
¿Qué clase de responsabilidad penal afecta a una acusación popular desacreditada por su evidente mala fe y sospechosa de haberse personado en la causa para extorsionar a ciertos imputados?
¿Tiene algo que decir un fiscal al que el fallo desautoriza por su exagerada petición de penas, superior a las usuales en algunos delitos de homicidio? ¿Respondía esa recargada solicitud a un efecto autojustificativo o compensatorio por no haber acusado a Cristina de Borbón?
¿Cuántos españoles admitirán, después del larguísimo proceso y su escandalosa repercusión, que el caso ha derribado cualquier barrera de privilegio al encausar a miembros de la familia del Rey, y que el tribunal ha sentenciado con independencia profesional, al margen de la presión mediática y popular y conforme tan sólo a la lógica del Derecho? ¿Cuántos, por el contrario, piensan hoy que la Justicia blinda a los poderosos y qué influencia tienen en ese estado de ánimo los líderes de opinión en el periodismo y la política?
¿Tiene sentido, en el actual paradigma social, hablar de justicia ejemplarizante en vez de una justicia desadjetivada, imparcial y blindada de interferencias, ceñida en exclusiva a los fundamentos y principios de la ley?
Y por último, ¿existe alguna posibilidad, por remota que sea, de restaurar la confianza en el sistema jurisdiccional por encima de los juicios paralelos, de las imputaciones transformadas en sentencias anticipadas, del populismo con toga, y de la odiosa pena de telediario?
IGNACIO CAMACHO – ABC – 18/02/17