EL DESPARPAJO con el que se desenvuelven los independentistas entre la opinión pública europea es otra de las graves consecuencias de la renuncia a hacer política del Gobierno. Siendo cierto que las grandes cancillerías europeas son tajantes en el rechazo a la secesión de una región dentro de la UE, la simpatía que muchos medios de comunicación extranjeros profesan hacia el fugado de la Justicia, Carles Puigdemont, es un fracaso de la acción exterior del Estado español. En este contexto, no debe sorprendernos que, según relatan hoy nuestros corresponsales, cada vez sean más las voces foráneas que reclamen a Mariano Rajoy que abra un diálogo político con quien se ha burlado de nuestra Constitución y ha tratado de romper la unidad de España.

Internacionalizar el procés ha sido siempre un eje de la estrategia del independentismo. Sin esconderse y sin pudor, la Generalitat llevaba desde 2015 promoviendo una intensa campaña de propaganda exterior a través de sus embajadas en grandes capitales mundiales y de su organismo Diplocat. Incluso con el artículo 155 vigente, algunas de esas sedes diplomáticas, como la de Bruselas, han seguido impulsando la causa de Puigdemont con episodios que nunca deberían haberse producido, como la charla que organizó al prófugo ex conseller de Cultura, Lluís Puig.

Esa propaganda ha dado sus frutos, como se ha constatado con la decisión del tribunal alemán de dejar en libertad a Puigdemont o las insultantes declaraciones hacia España que hizo la ministra de Justicia alemana, Katarina Barley, y después Angela Merkel tuvo que corregir.

Ante la facilidad con la que los independentistas han logrado difundir su mensaje, no se entiende la parsimonia del ministro de Exteriores, Alfonso Dastis. Madrid debe hacer política, sí. Pero no para negociar con quien ha tratado de romper la unidad de España, sino para desmentir la posverdad que los artífices del procés han construido a su medida.

Por si fuera poco, a la inacción de Dastis se suma ahora la torpeza del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmando que los independentistas no malversaron con dinero público. Es tan lógico el malestar en el Tribunal Supremo y la Fiscalía con esas polémicas afirmaciones que hizo a EL MUNDO que no se entiende la tozudez con la que el ministro se reafirma en ellas. Más si se tiene en cuenta que son muchas las facturas que prueban que miembros de la Generalitat sí cometieron ese delito.

Hace tiempo que el Gobierno dejó de hacer política para tratar que fuera la Justicia la que zanjara el desafío catalán. Pero el éxito de la internacionalización del «conflicto», como algunos quieren llamarlo, hace que sea imperioso que el Ejecutivo lance una ofensiva política para evitar un daño aún mayor que el que el procés ya ha hecho.