DAVID GISTAU, ABC – 03/11/14
· El periodista no debería decidir en función de sus prejuicios qué existe y qué no, eso corresponde al intelectual.
Desde que ejerzo esta profesión, la mayor presión ambiental que he conocido es la que sugiere que es mejor no publicar –o comentar– los hechos que perjudican valores colectivos superiores, tales como la Democracia, o la Constitución, o el Estado, al mismo tiempo que fortalecen a sus adversarios. Supongo que tener sobre la mesa la información sobre el GAL representa el paradigma de esta encrucijada. La presión regresa cada cierto tiempo.
Ahora la están ejerciendo los que dicen que habría que tapar la corrupción en lugar de denunciarla para no participar en la caída de un gobierno, el colapso del sistema y el advenimiento de una fuerza política extremista que se nutre de lo mismo que destroza a las demás. Estos, por cierto, también dicen que de Podemos no se debería hablar: ¿de verdad sería un ejercicio de honestidad periodística fingir que no existe el primer partido español en intención de voto, que no está ocurriendo algo que involucra a millones de personas? El periodista no debería decidir en función de sus prejuicios qué existe y qué no, eso corresponde al intelectual.
La presión a la que me refiero también proviene ahora del problema independentista en Cataluña. Por ejemplo, un lector convencido de que el periodismo debe autocensurarse ante informaciones veraces u opiniones derivadas de estas que perjudican al Estado frente al independentismo no aprobaría que yo dedique el próximo párrafo a decir que el Ministerio del Interior está practicando guerra sucia al filtrar a los medios dosieres fabricados únicamente para desacreditar, destruir el prestigio de políticos relacionados con el nacionalismo catalán. Que los periódicos, fatuamente, llamen a esto periodismo de investigación es solo un señuelo comercial.
Más grave es que al Ministerio del Interior ni siquiera le preocupa que algunos de estos dosieres contienen informaciones falsas, verdaderas difamaciones, como parece ser el caso –aún por confirmar del todo– del que alude al alcalde de Barcelona, Trías. El ministro del Interior en persona ha avalado esta información ante diversos periodistas. ¿Qué hacemos con él si resulta ser falsa? ¿Qué hará con su propia conciencia el periódico que la publicó, «El Mundo», sin exponerla a cualquiera de las honestas maniobras de contraste que bastaron a Javier Chicote para descartarla?
La conclusión evidente es que estas artimañas de las alcantarillas ponen en duda moral todas las diligencias abiertas al nacionalismo, sobre todo las que rompieron una impunidad de décadas concedida por el propio Estado. Tal vez sea conveniente agregar a esto la inquietud que me produce saber que el Estado dedica recursos a aplastar por motivos políticos las vidas y las honras de individuos. Este gobierno consigue que incluso cuando se trata de un valor colectivo superior uno termine dudando estar en el bando de los honorables.
DAVID GISTAU, ABC – 03/11/14