«Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo» dijo ayer jueves Pedro Sánchez tras la cumbre del Consejo Europeo.
La frase del presidente puede ser interpretada de dos maneras.
O como una verdad de perogrullo, porque es obvio que no todos los independentistas son terroristas, aunque eso no excluya desde luego la posibilidad de que algunos de ellos lo sean.
O como una profecía jurídica que anticipa el fallo de los jueces sobre investigaciones y procesos que todavía se encuentran en desarrollo.
En el primer caso, la frase del presidente es irrelevante.
En el segundo caso, y es evidente que esta era la verdadera intención de Sánchez, el presidente está contradiciendo el criterio del fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, que pidió máximas penas de doce años para los doce CDR acusados de constituir una organización terrorista y de fabricar explosivos.
También, sea esa o no su intención, está presionando a los jueces y perturbando investigaciones en curso sobre delitos extraordinariamente graves. Delitos que no sólo incluyen el terrorismo, sino también, hipotéticamente, la traición.
Y todo ello, a cambio de nada o de muy poco. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, afirmó ayer, tras ser informado de las palabras de Sánchez, que es «evidente» que los independentistas no son terroristas. «Y tampoco delincuentes» añadió.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, respondió por su parte valorando «positivamente» las palabras de Sánchez, aunque deslizando una amenaza velada: «Ahora que estamos de acuerdo, lo que corresponde es blindarlo en la ley y no dejarlo en las manos y la arbitrariedad de algunos jueces que quieren marcar la agenda política».
Dicho de otra manera. Las palabras de Sánchez regalan los oídos del independentismo, pero no valen mucho, desde el punto de vista de los líderes del procés, si no van acompañadas de hechos. Es decir, de una amnistía integral que contemple todos los delitos por los que puedan ser condenados los independentistas.
Si el objetivo del presidente era el de conseguir un voto de confianza de Carles Puigdemont para evitar tener que cambiar la ley, confiando en que los tribunales no condenarán por terrorismo a los independentistas procesados, la respuesta ha sido la misma que el independentismo lleva exigiendo desde hace semanas: la ley debe contemplar todos los delitos posibles, incluido el de terrorismo.
Llama la atención el uso de la expresión «como todo el mundo sabe». Y llama la atención porque no es precisamente «el mundo» el que decide qué es terrorismo y qué no lo es, sino los jueces que aplican las leyes aprobadas por el Poder Legislativo.
«Con este proyecto de ley», añadió luego Sánchez, «yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados porque no son terroristas».
¿Qué se ha hecho de la buena costumbre gubernamental de no hacer valoraciones sobre investigaciones o procesos en curso? ¿Qué se ha hecho de la socorrida y muy correcta respuesta «el Poder Ejecutivo no realiza valoraciones sobre procesos y decisiones que le corresponden al Poder Judicial»?
Un elemental sentido del respeto institucional habría recomendado no realizar afirmaciones tan aventuradas como la de que «todo el mundo sabe lo que es terrorismo» (una opinión de la que discreparán, en primer lugar, los terroristas) o como la de que «y así lo van a concluir los tribunales».
¿O quizá está insinuando Pedro Sánchez la posibilidad de reformar el Código Penal para redefinir el delito de terrorismo, como antes se hizo con la reforma del de malversación o con la derogación del de sedición, y sacar así de su perímetro cualquiera de los delitos cometidos por los independentistas catalanes?
Si algo no le convenía a un presidente que ha sido acusado de arrogarse el control absoluto del Poder Ejecutivo y del Legislativo es el de interferir en el Judicial aventurando cuál debe ser la tipificación penal de determinados delitos y realizando profecías sobre la futura decisión de los jueces sobre ellos.