JORGE DE ESTEBAN, EL MUNDO 09/01/13
Lo acaba de afirmar el Rey: «Falta la vertebración del Estado». No se puede ser más explícito. Treinta y cinco años después de estar vigente la Constitución, en España no existe un Estado definido. Las vicisitudes por las que ha atravesado el proceso descentralizador son suficientemente conocidas y no merece la pena detenerse en ellas. El hecho es, sin embargo, que en el año 2004 parecía que ya había cristalizado de forma casi definitiva la estructura de nuestro Estado, que era parcialmente federal. Pero la aprobación del Estatuto de Cataluña en 2006 supuso un giro radical que ni siquiera logró amortiguar la discutible sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010. Es más: la no aceptación por los nacionalistas catalanes -incluido el PSC- de la interpretación que finalmente adoptó el Tribunal, tuvo como consecuencia una primera manifestación a favor del Estatuto, deslegitimando así a ese órgano constitucional. En ese momento, el Estado de Derecho quebró en Cataluña para surgir, en su lugar, una tendencia nacionalista totalitaria que se basa, confundiendo el culo con las témporas, en que la «democracia está por encima de las leyes y los tribunales».
Semejante aberración jurídica, sólo podía desembocar en una especie de declaración de independencia, que conducirá, si no se remedia, a la creación de un Estado propio para Cataluña, por medio de la llamada «consulta popular». De ahí que haya que recordar a los separatistas que sin el respeto a las leyes no hay democracia posible. Así están las cosas, y, a pesar del «fracaso excepcional» del presidente Mas y su partido, el hecho es que el separatismo sigue adelante. Es más: se proyecta crear un Consejo Catalán para la Transición Nacional, formado por los partidos soberanistas, para dirigir la marcha hacia la independencia. El Gobierno central y, en su caso, el Tribunal Constitucional, tendrán que opinar de la evidente inconstitucionalidad de esta entidad, creada para romper la unidad de España, reconocida en el artículo 2 de la Constitución.
Semejante perspectiva es la que ha obligado al PSC a buscar una postura no independentista, sin que perdamos de vista que posee dos almas: la española y la catalana, no habiendo podido encontrar, hasta ahora, una fórmula que pueda integrar las dos en una posición coherente. Al fin, los dirigentes del PSC parece que han podido exclamar, como hizo Arquímedes, un eureka salvador, que no es otro sino el Estado Federal. Tesis que apoya también el PSOE, y que presentan como la piedra filosofal capaz de integrar a los nacionalistas catalanes y vascos en el conjunto español. La intención sin duda es buena, pero llega demasiado tarde.
En el año 1977 Felipe González me encargó que redactara un borrador de Constitución, pues intuía que tras las elecciones generales que ya se vislumbraban en el horizonte, las Cortes elegidas se convertirían en Constituyentes. Su proyecto lo apoyaban, además del PSOE, el PNV y el Partido Demócrata-Cristiano de Ruiz-Giménez. En consecuencia, mantuvimos varias reuniones y se llegó a la conclusión de que yo lo redactase, partiendo de la idea de que España sería un Estado Federal. Así lo hice, entregué el manuscrito a los dirigentes del PSOE, se celebraron las elecciones el 12 de junio, y las Cortes, como había previsto Felipe González, se convirtieron en Constituyentes. Sin embargo, la idea del Estado Federal se acabaría desechando para crear el engendro del Estado de las Autonomías, copiado malamente de la Constitución de 1931.
¿Por qué se abandonó el proyecto federal? Las razones que se esgrimieron fueron varias, aunque especialmente se utilizó la excusa de que los militares «no lo permitirían». El argumento era absurdo. Adolfo Suárez tenía el suficiente coraje -como demostraría con la legalización dal PCE- para haberlo impuesto. Sin embargo, había otras razones. El federalismo tenía mala prensa tras el fracaso de la I República, cuando se perdió la oportunidad de conciliar la unidad nacional con las diferencias regionales. Los redactores de la Constitución de 1931 -una acumulación de errores jurídicos y políticos- incluyeron en el artículo 13 la prohibición del federalismo, para crear en cambio esa majadería del llamado Estado integral que tan nefastas consecuencias tuvo entonces, tanto como en la redacción de la Constitución de 1978, cuyo artículo 145.1 reproduce el anteriormente citado. Sin embargo, se acabó imponiendo, con ciertas diferencias, el paradigma de 1931, sobre todo por culpa de los nacionalistas, que comprendieron que un modelo inacabado como era el que regula el Título VIII era el instrumento más adecuado para su sed insaciable de autogobierno. Después, los llamados agravios comparativos consiguieron que todas las Comunidades Autónomas tuviesen su ración de café. Pero si no se ponía límites a esta retahíla de ambiciones acabaríamos, como así ha ocurrido, presenciando una nueva versión del monstruo de Frankestein. Y ahí estamos.
En España, salvo honrosas excepciones, lo mejor es no inventar la pólvora, sino copiar los modelos que mejor funcionen y copiarlos bien. Sin embargo, no se hizo así ni en 1931 ni en 1978, por lo que nuevamente nos encontramos en una encrucijada en la que el Estado Federal, como posible solución, llega a destiempo. Este tipo de Estado representa el máximo de descentralización política que puede adoptar una nación. Más allá de los límites y reglas que se pueden deducir de los Estados federales más estables, se penetra en un terreno de confusión jurídico-política que conduce inexorablemente al separatismo. El problema español es que el Estado de las Autonomías, a partir del Estatuto catalán, se ha acabado desbordando, y resulta ya difícilmente viable por la incoherencia de su funcionamiento, por su desmesurado coste económico y por la selva inextricable de normas que paradójicamente contribuyen a la inseguridad jurídica, que es el mejor caldo de cultivo para la corrupción. En suma, es un Estado invertebrado que ya no nos podemos permitir y que se ha convertido para algunos en una sala de espera para la independencia.
En tal situación, el PSOE ha apostado por la reforma de la Constitución y la implantación de un Estado Federal. Pero para ello sería necesario que admitiesen esta solución los nacionalistas catalanes y vascos, es decir, que estuviesen de acuerdo en mantener los principios básicos que rigen en los Estados Federales más eficaces. Podemos así enumerar algunos de ellos, que derivan de un pacto constitucional o fundacional que se debe respetar lealmente. En primer lugar, la Constitución Federal obliga a todos los Estados miembros a que sus respectivas Constituciones no puedan contrariar a aquélla. En segundo lugar, debe existir un Tribunal Supremo o Constitucional, que dirima los posibles conflictos entre los estados miembros y la Federación. En tercer lugar, las sentencias de este órgano son de obligado complimiento. En cuarto lugar, el Estado Federal no exige la homogeneidad de todos los Estados miembros, pero sí exige que no haya desigualdades flagrantes entre los mismos. En quinto lugar, debe existir una financiación semejante en todos los Estados miembros, a efectos de que no haya privilegios para alguno de ellos. Y, por último, debe existir una participación igual de todos los estados en la gobernación del país, como ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos, en cuyo Senado existen dos representantes por cada Estado, con independencia de la extensión territorial o del número de habitantes que posea cada uno. Ahora bien, si contrastamos esos principios enumerados con lo que ocurre hoy en Cataluña y en el País Vasco me temo que no se cumple ninguno. Sería ingenuo pensar, por tanto, que los nacionalistas catalanes y vascos estén por la labor de aceptar un Estado Federal que les reduciría el excesivo autogobierno que ya tenían en el Estado de las Autonomías. Por tanto, habrá que ir pensando en qué solución se da a los problemas catalán y vasco, si es que no alcanzan esa independencia que algunos reclaman. Cualquier solución que se escoja -si es que la hay- no tendrá más remedio que pasar por la reforma de la Constitución.
Jorge de Esteban es presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO y catedrático de Derecho Constitucional.
JORGE DE ESTEBAN, EL MUNDO 09/01/13