EL MUNDO 17/03/14
· Exige beneficios a los presos «sin contrapartidas ni condiciones».
La histórica decisión del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) de plantar cara a los terroristas en un acto organizado por ETA para escenificar el regreso de los huidos al País Vasco ha irritado a la izquierda abertzale, que teme que este hecho origine una creciente rebelión de las víctimas que pueda representar un obstáculo en su estrategia de situar el debate social en torno a los beneficios a otorgar a los presos.
Preocupado por las repercusiones que podría tener en el futuro este acto para la planificación diseñada por ETA con la finalidad de presionar al Gobierno, Sortu no dudó ayer en descalificar la actitud de la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, que enmarcó dentro de las iniciativas que, bajo su prisma, constituyen un freno para lo que denomina el «proceso de paz».
La dirigente de Sortu y parlamentaria de EH Bildu Maribi Ugarteburu acusó a Covite de pretender «evitar» que «el proceso de paz» pueda avanzar en el País Vasco después de que la asociación vasca de víctimas del terrorismo se encarara con los huidos de ETA en el acto del sábado en Alsasua (Navarra) para exigirles una condena del terrorismo y que colaboren con la justicia.
La antigua Batasuna sostuvo que acudir a Alsasua para entregar un listado con los 400 asesinatos que aún permanecen sin esclarecer a quienes poseen información para resolver algunos de ellos evidencia que las víctimas vascas «no desean» la paz. Por ello, Ugarteburu recriminó que esta actuación es la «constatación de que Covite, como asociación, está demostrando que no desea la resolución del conflicto» y de que «desea evitar la profundización en el proceso de paz» abierto en el País Vasco tras el cese de la actividad armada de ETA. «Es una constatación que ayer, de nuevo, pudimos ver», enfatizó.
La dirigente de Sortu arremetió contra el colectivo de víctimas en una comparecencia en Bilbao junto al también parlamentario de EH Bildu Oskar Matute para poner en valor la escenificación que llevaron a cabo los huidos en la localidad navarra, y que constituye «un paso importante y una aportación significativa en el camino hacia la consecución de la paz». También valoró como «paso significativo en lo referente a la resolución del conflicto» la presentación esta pasada semana de las primeras peticiones individualizadas de presos de ETA para su traslado a la cárcel alavesa de Zaballa, correspondientes a reclusos que padecen enfermedades graves o que superan los 70 años de edad.
El día después de la escenificación de los huidos, EH Bildu exigió el acercamiento de los reclusos a las cárceles vascas «sin excusas, sin contrapartidas y sin condiciones», al asegurar que es una realidad «compartida» por la «inmensa mayoría de la sociedad vasca», lo que convierte el fin de la política de dispersión en «objetivo prioritario para el avance en el proceso de paz».
Con sus exigencias de que los presos sean premiados por el Gobierno sin esperar nada a cambio, la coalición abertzale rechaza que los reclusos tengan que desvincularse de ETA o asumir el daño causado como paso previo. Estos condicionantes representan la línea roja que marca el Ejecutivo español para abrir la vía a posibles beneficios penitenciarios, tal y como insistió el sábado el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en respuesta al acto de los huidos, quienes se han comprometido a trabajar para el retorno de todos los terroristas para construir una «Euskal Herria libre».
Matute denunció que sea el titular de Interior y no el de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quién «determine la política penitenciaria que se ha de aplicar», al tiempo que acusó a Fernández de «seguir utilizando a los presos como rehenes de una estrategia política» a través de la imposición de «nuevas exigencias» para «intentar enmascarar su inmovilismo».
Frente a las advertencias del ministro de que no habrá beneficios si los presos no dan un paso al frente, el parlamentario de EH Bildu replicó que «si se atiende al principio de legalidad que tantas veces ha quebrado el ministro de Interior», los reclusos etarras «no tendrían que tener ningún inconveniente, en función del paso acordado de manera colectiva pero dado de forma individualizada, como exige la ley, para ser trasladados a centros penitenciarios de Euskal Herria». Por ello, aseguró que «sólo pedimos» al Gobierno español que «sea capaz de cumplir su propia ley».
La respuesta del Ejecutivo a las exigencias que plantea el entorno de ETA no tardó en llegar. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirmó que, «a pesar de tantos paripés y reuniones e incluso entrevistas en medios nacionales, lo que tenemos que decir a los sucesores de ETA es que se vayan a casa, sin concesiones y sin condiciones».
Las acusaciones de la izquierda abertzale a Covite coincide con la postura crítica que mantiene el Gobierno vasco con la actuación de determinadas asociaciones de damnificados por el terrorismo. La directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando, lamentó ayer en una entrevista en Deia que «hay algunas asociaciones de víctimas cuyos discursos no favorecen en absoluto, ni siquiera a su propia estrategia, y eso puede conducir a un distanciamiento con la sociedad y las propias víctimas».
EL MUNDO 17/03/14