EL MUNDO – 08/11/15
· Si Marty McFly regresó al futuro, Albert Rivera confiesa que le gustaría viajar al pasado. Imagina trasladarse al Cádiz de 1812, vestir un frac neoclásico y ser uno de los diputados de las Cortes que impulsaron La Pepa. Pero estamos en 2015, con americana y vaqueros y unas elecciones generales en el horizonte.
Así que el presidente de Ciudadanos presentó ayer en la ciudad andaluza su paquete de 30 medidas de reforma institucional y constitucional, donde apuesta por crear una nueva sección de derechos sociales en la Constitución, suprimir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Senado y las diputaciones. Rivera buscó el simbolismo al hacer públicas sus reformas en la «cuna del constitucionalismo europeo» y criticó los vicios de la partitocracia.
El documento, elaborado por un comité de sabios –juristas, catedráticos, abogados, economistas…– defiende que una de las consecuencias más negativas de la partitocracia es la colonización política del Poder Judicial. «A la vista de la experiencia, proponemos la supresión del CGPJ», zanja el texto. Si se elimina el CGPJ, ¿quién vigila entonces a los jueces? El equipo de Rivera apuesta por potenciar, reforzar y convertir en figura clave y muy poderosa al presidente del Tribunal Supremo, que también lo sería del Poder Judicial, estaría asistido por dos adjuntos.
Pese a concentrar este poder, el presidente del TS sería designado por el Congreso. Eso sí, necesitaría el voto a favor de las dos terceras partes de sus miembros, y sería elegido de entre los magistrados del Tribunal Supremo, con al menos 20 años de ejercicio en la carrera judicial y que no hubieran tenido vinculación con ningún partido ni ostentado cargo representativo público.
El hecho de que el presidente del TS sea elegido por el Congreso sigue permitiendo, aunque con más controles y necesidad de consenso, cierta politización de la Justicia.
Ciudadanos también quiere cambiar y regular en la Constitución la elección del Fiscal General del Estado. Un proceso abierto a profesionales con 20 años de carrera fiscal, ninguna vinculación política ni haber ostentado cargo alguno. Una comisión del Congreso seleccionaría una terna de candidatos por mayoría reforzada, pero sería el Gobierno quién decidiría el nombre. También en este caso seguiría existiendo un lazo entre la política y la Justicia.
Con lo que sí quiere romper de manera drástica la formación de Rivera es con la figura del decreto ley. Propone suprimirlos y que la posibilidad de la legislación de urgencia sea proscrita al Gobierno. El decreto ley se ha convertido en un instrumento de abuso del Gobierno, como demuestra el hecho de que el Ejecutivo de Rajoy haya batido récord en cuanto a tramitaciones.
«La legislación de extraordinaria y urgente necesidad deberá ser aprobada por el Congreso mediante un procedimiento sumarísimo que deberá culminarse en un plazo máximo de 72 horas», recoge el texto de la formación emergente.
La propuesta de Ciudadanos no sólo elimina el CGPJ, también fulmina las diputaciones provinciales. Una medida que, calculan, podría ahorrar unos 5.000 millones. El partido considera que estas instituciones «sustentan una red clientelar» y que sus competencias pueden llevarse a cabo fusionando la gestión de servicios municipales de Ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes.
El Senado, con un presupuesto anual de 52 millones, también desaparecería. C’s considera que ha quedado patente su manifiesta incapacidad y ve más efectiva la creación de un Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas. Se trataría de un órgano en el que no habría participación de ningún representante del Gobierno central, por lo que nadie defendería la postura, por ejemplo, de Hacienda u otro ministerio, o del mismo Ejecutivo.
Este Consejo sería competente para aprobar, en segunda lectura, con el voto mayoritario de sus miembros, las leyes más directamente relacionadas con la organización territorial del Estado: legislación de financiación de las comunidades; legislación del Estado en el ámbito de las competencias compartidas cuando ostente carácter prevalente; o planes de infraestructura o hidrológicos que afecten a más de una región. En todo caso, la última palabra la tendría el Congreso. En caso de discrepancia prevalecería lo decidido por la Cámara Baja. Una de las peculiaridades que presenta este nuevo órgano es que la presidencia sería rotatoria y la sede sería la de la comunidad que ocupe la presidencia del Consejo.
Sus miembros dispondrían de un voto ponderado en función de la población de la Comunidad respectiva. Ceuta y Melilla contarían cada una con un voto y, a partir de ahí, se atribuiría al resto de las Comunidades un voto por fracción de población pero con carácter proporcionalmente regresivo para moderar el peso de las más pobladas. Fuentes de Ciudadanos explican que se asemejaría al Consejo de Ministros de la UE.
EL MUNDO – 08/11/15