EL MUNDO 23/02/14
· Un grupo de entidades emanadas de la antigua HB alimenta el pretendido ‘proceso’.
Jesús Eguiguren dijo que ETA iba a desaparecer como la nieve. Pero no parece que el deseo de la banda terrorista vaya por ahí. Al contrario, busca focos, portadas, mediadores internacionales y escenografía solemne para vestir de dignidad el cierre de una historia con más de 800 asesinados y miles de amenazados. En su despedida por capítulos está apoyándose en un puñado de entidades emanadas del mundo abertzale que se presentan como mediadoras entre las supuestas partes en conflicto. Una de ellas es la Comisión Internacional de Verificación, cuyo último anuncio, aunque pobre, ha permitido al lehendakari Iñigo Urkullu situarse ante la sociedad vasca como impulsor de este proceso y como la pieza de engrase entre una ETA que quiere desarmarse y un Gobierno inmóvil que pone la disolución de la banda como condición para cualquier cambio en las cárceles.
GRUPO INTERNACIONAL DE CONTACTO.
La estrategia empezó a visualizarse en 2010 con un rostro, el del abogado sudafricano Brian Currin, ex asesor de Ibarretxe y defensor de una «solución negociada al conflicto vasco». Reclamado por Batasuna, promovió la Declaración de Bruselas, en la que 21 personalidades pedían a ETA un alto el fuego permanente y verificable, y al Gobierno, una «respuesta adecuada». A partir de ahí, creó el Grupo Internacional de Contacto con otros cinco expertos mediadores.
CONFERENCIA DE AIETE.
El 17 de octubre de 2011, Currin y Lokarri –la herramienta cívica que defiende la negociación, relacionada con Jonan Fernández, ex concejal de HB y hoy número dos de Urkullu– impulsan la pista de aterrizaje para la declaración del «cese definitivo». De nuevo, una nómina encabezada por Kofi Annan –también con los británicos Jonathan Powell y Bertie Ahern– ofrece sus consejos a ETA, al Gobierno y a los partidos vascos, que deben sentarse para «discutir cuestiones políticas» con referéndum incluido. Tres días después, ETA hizo lo que debía y la izquierda abertzale asumió este guión.
FORO SOCIAL PARA IMPULSAR EL PROCESO DE PAZ.
Pero Aiete no se cumple. Los gobiernos de España y Francia no inician conversaciones y rechazan públicamente cualquier contacto. Con el apoyo de la izquierda abertzale y la connivencia del PNV, Lokarri organiza, en marzo de 2013 y con Bake Bidea, otra conferencia de menor nivel. Con más recomendaciones: desde diseñar un proceso para el «desmantelamiento de armas» con la intervención de «organismos facilitadores independientes», a cambiar la política penitenciaria, pasando por «redimensionar el número y la función» de las Fuerzas de Seguridad del Estado o fomentar una autocrítica generalizada. El lehendakari lo consideró «un paso más» hacia la paz.
COMISIÓN PARA EL IMPULSO DEL PROCESO DE PAZ.
Pasa el tiempo, el Gobierno no mueve ficha, ETA no se desarma y Sortu y el PNV denuncian que el proceso de paz, el esquema de contrapartidas ETA-Gobierno sobre el eje de los presos, está paralizado. Por eso, en diciembre aparece otro grupo de facilitadores: la juez Garbiñe Biurrun y varios periodistas, entre otros. Ahora se ha sumado Iñigo Iruin, el abogado que redactó los estatutos de Sortu.
COMISIÓN INTERNACIONAL DE VERIFICACIÓN.
Funciona desde septiembre de 2011 y fue impulsada por Currin para verificar el fin de la violencia. Son seis miembros capitaneados por el profesor Ram Manikkalingam, que se esfuerzan por desvincularse de Currin, desgastado por su clara parcialidad, e insisten en dejar de lado las consideraciones políticas para centrarse en la labor de notarios. El PSE les otorga mayor credibilidad y se ha reunido con ellos. El Gobierno de Rajoy, no.
EL MUNDO DE LOS PRESOS.
Son el gran problema que ETA quiere resolver, y el gran problema para Sortu: las pruebas vivientes dentro de su propio mundo que unen al partido con la sangre; los que se mancharon las manos por sus ideas y ahora asumen que no habrá amnistía ni se ha logrado la independencia ni la anexión a Navarra, al tiempo que los políticos radicales pisan alfombra roja. Son 527 reclusos, la mayoría de ETA y también de su entorno. Con retraso, y ante el silencio del Gobierno, sus interlocutores afirmaron en enero que se someterán a la ley –se supone que con peticiones individuales de acercamiento y permisos–. La asociación de familiares Etxerat está muy vinculada a ellos. Algunas fuentes aseguran que varios de sus miembros están contactando con el entorno de los presos de la vía Nanclares para saber qué deben hacer los suyos si quieren reinsertarse.
LA ‘AMENAZA’ DE NANCLARES.
Estos cerca de 20 reclusos rompieron con ETA y han mostrado su arrepentimiento hasta lograr el respaldo de la Audiencia Nacional, que está concediéndoles permisos pese a la negativa del Gobierno. Su existencia pone en aprietos a Sortu –«No es tan difícil decir: ‘Matar está mal’», dijo hace poco el ex preso Iñaki Rekarte–. Los apoya el PSOE, en menor medida el PNV, y Sortu los demoniza. El PP vasco planteó al Ministerio la posibilidad de que dieran charlas públicas para socializar el relato del arrepentimiento. No ha ocurrido.