EL MUNDO 14/03/13
Seis asociaciones en defensa del castellano acusan a Wert de «dejación de funciones»
Gloria Lago (Galicia Bilingüe), Marita Rodríguez (Asociación por la Tolerancia), José Domingo, Jorge Campos y Fernando Chiva (Círculo Cívico), ayer. / B. DÍAZ
Seis asociaciones en defensa del castellano denunciaron ayer que el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora Educativa (Lomce) es «inconstitucional» en su actual redactado, y acusaron al Gobierno de «dejación de funciones» por haber hecho una reforma educativa «claramente insuficiente» para garantizar los derechos lingüísticos de todos los alumnos.
La Asociación por la Tolerancia de Cataluña, la Fundación Nacional Círculo Balear, Galicia Bilingüe, Impulso Ciudadano, la Plataforma por la Libertad de Elección de Lengua y el Círculo Cívico Valenciano se reunieron ayer en Madrid con el director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Alfonso González, para entregarle 15 enmiendas a la Lomce. Al término del encuentro, dieron una rueda de prensa en la que expresaron su temor por que «la presencia del castellano sea como hasta ahora, de maquillaje».
En opinión de estos seis colectivos, las distintas versiones del anteproyecto de la Lomce han sido cada vez «peores» en lo que se refiere a la lengua. «Cada borrador que vemos es aún más laxo, porque cada vez se cede más a las presiones nacionalistas», manifestó Jorge Campos, presidente del Círculo Balear. «La propuesta del Gobierno, en suma, te da a elegir entre estudiar todo en lengua autonómica o casi todo en lengua autonómica», denunció.
Las asociaciones sostienen que el actual texto es «incompatible» con la doctrina del Tribunal Constitucional «porque no garantiza los derechos lingüísticos de todos los alumnos, al dar preferencia de trato a la educación en las lenguas cooficiales distintas del castellano y relegar a una situación secundaria a los miembros de las comunidades lingüísticas castellanohablantes en los territorios con cooficialidad lingüística».
Tampoco les convence nada la solución propuesta por el ministro José Ignacio Wert para garantizar el derecho de los alumnos a recibir enseñanza en castellano en aquellas comunidades autónomas, como Cataluña, donde no hay libertad de elección: que el Gobierno autonómico pague colegios privados en español a las familias que así lo soliciten.
Estos seis colectivos proponen como solución que directamente se indemnice a los padres «por las lesiones sufridas». Esta indemnización sería sufragada por la comunidad autónoma o por el Gobierno central, «que también es responsable», dicen.
«El tiempo de la normalización lingüística ha pasado, y ahora es tiempo de la normalización de los derechos de los ciudadanos», advirtió José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, anunciando que darán batalla para conseguir que se cambie la ley: irán al Defensor del Pueblo, llamarán a la puerta de los grupos parlamentarios y del Consejo Escolar del Estado y desplegarán una campaña a nivel estatal.
Otro colectivos no presentes en la reunión de ayer, como Convivencia Cívica Catalana, también consideran «inconstitucional» la actual redacción de la Lomce. Su presidente, Francisco Caja, dijo a este diario que la administración autonómica «debería garantizar a los padres una enseñanza bilingüe sin que éstos tuvieran que pedirlo expresamente».