EL MUNDO – 30/08/14
· Pedro Sánchez advirtió a Rajoy de que las candidaturas conjuntas de CiU y ERC controlarían la mayoría de localidades catalanas / Bildu también ganaría poder.
· La reforma que planea el PP para la elección directa de los alcaldes más votados beneficiaría a los partidos independentistas en comunidades autónomas como Cataluña y el País Vasco.
Pedro Sánchez, flamante secretario general del PSOE, se ha declarado contrario a esta iniciativa por suponer un cambio de las reglas del juego a poco tiempo para las elecciones municipales de 2015, pero también por el efecto pernicioso que tendría en la agitada Cataluña. Y así se lo dijo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la reunión que ambos mantuvieron en La Moncloa el pasado 28 de julio.
Sánchez le dijo a Rajoy, según fuentes del PSOE, que una eventual lista conjunta de CiU y Esquerra Republicana se haría con más del 80% de las alcaldías catalanas. Y algo parecido sucedería en el País Vasco, donde Bildu sería la gran beneficiada.
Rajoy y Sánchez ya han tenido tiempo de mostrar que tienen puntos de vista diferentes acerca de muchas cuestiones políticas, pero coinciden en la imposibilidad de que se celebre una consulta independentista en Cataluña. La advertencia del líder del PSOE al presidente también se enmarca en la voluntad de buscar soluciones a la desafección en esa Comunidad.
La voluntad del Gobierno de privilegiar la lista más votada podría provocar candidaturas conjuntas que aglutinen a varios partidos en toda la geografía española. En el caso catalán, los partidos soberanistas –sobre todo CiU y ERC– podrían presentarse de la mano y ensanchar su ya clara hegemonia en la mayoría de los 946 municipios catalanes.
Por éste y por otros motivos, como la premura, el PSOE se opone tajantemente a la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, que el PP parece dispuesto sacar adelante incluso en solitario. «El no es ahora y para el futuro», dijo Pedro Sánchez tras reunirse en julio con Rajoy.
No es ningún secreto que la intención de Artur Mas, en el caso de que no se celebre la consulta soberanista del 9 de noviembre, es pactar al menos con ERC una lista conjunta para presentarse de la mano a unas elecciones autonómicas adelantadas a las que buscará dar un cariz plebiscitario. De hecho, es una oferta que el presidente de la Generalitat ya le planteó al líder republicano, Oriol Junqueras, en la entrevista que ambos mantuvieron hace unos días, y en la que no alcanzaron ningún acuerdo.
En el caso de que se impongan en el seno del Govern los partidarios de acatar el casi seguro veto del Tribunal Constitucional (TC) a la consulta, y de que ERC acepte compartir lista con Convergència, esas plebiscitarias podrían celebrarse entre diciembre de este año y marzo de 2015. Si deciden repetir en las municipales de mayo, esa candidatura coparía con toda seguridad la gran mayoría de ayuntamientos catalanes, incluidos los de todas las capitales provinciales –durante mucho tiempo controladas por el PSC– y la mayoría del resto de grandes ciudades.
De hecho, CiU es la única formación política que no ha puesto el grito en el cielo ante la propuesta del PP, aún no concretada. El diputado en el Congreso Josep Sánchez Llibre dijo que, aunque el Gobierno «comete un gran error» porque pretende sacar adelante la reforma incluso en solitario, la federación nacionalista está dispuesta a negociar y a llegar a acuerdos.
Hace unos días, Sánchez Llibre recordó que CiU siempre ha defendido que «se necesita una regeneración democrática» a través de una modificación de la ley electoral para «reformar las haciendas de régimen local abriendo las listas» y estableciendo la elección directa de alcaldes «en algunos municipios».
El apoyo a esa idea no es nuevo en CiU, y tiene su origen en la necesidad de hacer frente a los tripartitos de izquierdas que proliferaron por toda Cataluña en la primera década del siglo. Antes de llegar a la Generalitat, el PSC, ERC e ICV ensayaron la fórmula en grandes ayuntamientos, como el de Barcelona, y eso provocó que la federación nacionalista hiciera bandera durante años del «respeto a la lista más votada».
En su primera rueda de prensa de la temporada política, la vicepresidenta del Gobierno salió ayer al paso de las acusaciones de «pucherazo» que el resto de los grupos han lanzado contra Rajoy y el PP por impulsar en solitario una reforma para la elección de alcaldes. En contra de lo que asegura el resto de los partidos políticos –excepto CiU–, Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que al Gobierno no le mueve en absoluto el «cálculo electoral» a la hora de proponer esta reforma de la ley, sino el «fortalecimiento de la democracia» y el «respeto a la voluntad del vecino y a las mayorías».
Sustentó esa afirmación en la posibilidad –apuntada por la pregunta de uno de los asistentes a la rueda de prensa– de que Bildu o ERC puedan beneficiarse de que el cabeza de la lista más votada sea el alcalde de forma automática mediante una prima que le concedería la mayoría absoluta. Esta circunstancia fue presentada por la vicepresidenta y también por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como la prueba del nueve de que el Gobierno no está pensando en favorecer o perjudicar al PP al proponer este cambio en el sistema electoral.
El cálculo electoral como motivo, precisó Jorge Fernández, quitaría legitimidad a la reforma. La portavoz del Ejecutivo recordó, asimismo, que no se está planteando «nada que sea una novedad», puesto que en sus reuniones con el resto de los grupos políticos para tratar la agenda de la regeneración distintos portavoces «plantearon la necesidad de abrir un debate sobre la elección de alcaldes».
Así, el Gobierno se considera legitimado para abrir ahora este debate, de la misma forma que otros grupos políticos plantean las cuestiones que les parecen convenientes. Y en un mensaje claro al PSOE, la vicepresidenta recordó que los socialistas plantearon en el Congreso, en 1998, una reforma para la elección de alcalde a doble vuelta.
EL MUNDO – 30/08/14