EDITORIAL EL MUNDO – 09/12/15
· La discusión alrededor de la equidad del sistema electoral que rige en España rebrota cada vez que se convocan unas nuevas elecciones. Lastrada hasta ahora por la escasa penetración de las alternativas al PP y al PSOE –ambos partidos aglutinaron en 2011 el 73% de los sufragios–, la reforma electoral se ha convertido en una asignatura pendiente por dos factores. El primero, el peso ejercido por el bipartidismo, renuente a una modificación de calado. Y, en segundo lugar, por la falta de consenso para una reforma de la Constitución que requeriría el cambio del sistema en la medida que la Carta Magna consagra la provincia como circunscripción electoral.
La norma vigente distorsiona el voto, teniendo en cuenta la enorme desproporción entre las papeletas necesarias para lograr un acta de diputado en las provincias con escasa población y los corredores urbanos. Si para ser diputado por Soria, un candidato debe rebasar los 20.000 votos, en Madrid esta barrera puede escalar hasta casi los 100.000 sufragios. Esta diferencia hizo que, en las generales de hace cuatro años, el voto de 2,5 millones de ciudadanos fuera estéril a efectos de representación parlamentaria. En total, el 10% de los electores. La investigación que publicamos hoy certifica que este porcentaje alcanzó el 17% en las elecciones de 1977 y que las formaciones nacionales minoritarias –sobre todo IU pero también UPyD – han sido especialmente perjudicadas.
Dado que contempla un mínimo de dos escaños por circunscripción, la legislación actual fue concebida durante la Transición para ponderar la representación de la España rural, que entonces tenía un peso específico en la demografía y la economía del país. Tanto el decreto del 77 como su convalidación en la Constitución y la posterior Ley Electoral de 1985 perseguían facilitar la conformación de mayorías parlamentarias destinadas a evitar la inestabilidad de épocas pretéritas. En cambio, la aplicación de las proporciones que contempla la ley D’Hondt beneficia al partido más votado en las circunscripciones que reparten menos escaños –las menos pobladas–, tiene un efecto casi neutro en el segundo y penaliza en exceso al tercero en liza.
Por primera vez en la democracia, y si los sondeos se confirman, en los comicios del 20 de diciembre concurrirán en la mayoría de las provincias cuatro fuerzas con porcentajes ampliamente superiores al 10%. Esto ajustará el prorrateo de la ley D’Hondt, de tal manera que la lista más votada puede dispararse en escaños si excede el 30% del escrutinio y, en cambio, una fuerza como Podemos puede empeorar notablemente sus resultados si no supera el 15%.
Es evidente que el actual sistema electoral de listas cerradas y representación proporcional favorece el poder de las cúpulas de los partidos, cuando no de sus líderes, que deciden quiénes son los candidatos y su orden en las papeletas. Tal como ha quedado recogido en las 40 propuestas para la regeneración democrática, desgranadas en las últimas semanas, nuestro periódico defiende una reforma que eleve a 400 el número de los miembros del Congreso, y que se modifique el sistema electoral para que 250 diputados sean elegidos directamente por los ciudadanos en distritos uninominales a una vuelta, siguiendo el modelo británico.
Los restantes 150 escaños se repartirían entre listas elaboradas por los partidos conforme al principio de proporcionalidad de los votos obtenidos, siguiendo la regla D’Hondt. Así, los electores tendrían que introducir dos papeletas en las urnas: una para optar por el candidato y otra con la lista de partido. Este sistema, muy parecido al alemán, presenta la ventaja de que los ciudadanos elegirían a políticos mucho más próximos, al tiempo que las formaciones se verían compensadas por el total de votos a escala nacional.
Esta propuesta coincide con la que Ciudadanos ha incorporado en su programa. El propio Albert Rivera expuso en el debate televisivo que su propósito es que la elección de diputados se haga simultáneamente entre escaños unipersonales y listas proporcionales desbloqueadas, disponiendo en consecuencia cada elector de dos votos. El PSOE no cuestiona la provincia como circunscripción electoral, pero sugiere desbloquear las listas para «permitir a los electores una mayor influencia sobre la elección de sus representantes». La postura socialista es ambigua, pero difiere de la actitud refractaria del PP a cambiar la norma. La próxima legislatura, que se prevé orientada a la negociación y los pactos, puede ser un momento idóneo para abordar un asunto hasta ahora esquivado por la conveniencia de los dos grandes y la influencia de los minoritarios. Pero siempre teniendo presente que cualquier reforma debe pivotar sobre la base del consenso.
EDITORIAL EL MUNDO – 09/12/15