EL CORREO 04/09/14
· El Gobierno central se decanta por no presentar un proyecto de ley sobre esta materia y lo deja en manos de los partidos
La apuesta por facilitar que los ‘exiliados’ por causa de ETA puedan votar en Euskadi ha dado una vuelta de tuerca. El Ministerio del Interior ha decidido delegar en los grupos del Congreso esta iniciativa, que en su día enarboló como propia, con el fin de vestirla del mayor respaldo posible, según reconoció ayer Jorge Fernández Díaz. No se tramitará como un proyecto de ley a cargo del Gobierno central, sino como una proposición de ley que deberán debatir y votar los grupos. El ambiente crispado que se vive en la Cámara baja y los recelos que desde un inicio despertó la propuesta no hacen prever, al menos a priori, un rápido acuerdo entre las diferentes formaciones políticas. Más bien al contrario. El calendario electoral que se avecina tampoco ayudará a crear el deseado clima de consenso.
Pese a que el PP dispone de la mayoría necesaria para sacar adelante la iniciativa, su aprobación obligaría a modificar la ley electoral (LOREG), pero también abriría un nuevo frente con el Gobierno vasco, contrario al proyecto.
La idea de garantizar el derecho a voto en Euskadi y Navarra a los ciudadanos que se vieron obligados a abandonar dichas comunidades autónomas por la amenaza de ETA surgió de mano del expresidente del PP vasco Antonio Basagoiti. En respuesta a la misma, hace poco más de dos años, el Ejecutivo de Mariano Rajoy encargó un informe a veinte juristas con el fin de estudiar la viabilidad de la propuesta. El aval de los expertos, de diferentes ideologías, abría la puerta a un cambio excepcional en el censo de cara a futuros comicios, tal y como reveló en julio de 2012 el ministro del Interior.
Fuertes recelos
La iniciativa establecía que las personas que desearan disfrutar del derecho a voto como ‘exiliados’, es decir, cambiar su censo, deberían cumplir tres requisitos. En primer lugar, acreditar la residencia en el País Vasco o Navarra «con anterioridad al 31 de diciembre de 2011 y con posterioridad al 15 de junio de 1977», fecha de las primeras elecciones democráticas que dieron lugar a las Cortes que elaboraron la Constitución del 78. De esta forma, la normativa se aplicará exclusivamente a quienes dispusieron de derecho a sufragio y no a quienes trasladaron su residencia durante la dictadura. Los solicitantes deberían, asimismo, haber vivido en Euskadi o Navarra durante un periodo «mínimo de cinco años», «plazo suficiente para demostrar la existencia de un arraigo», y realizar una declaración jurada en la que quede patente que las razones que motivaron su marcha de ambas comunidades fue por la presión de ETA o de su entorno radical.
Antes de dar paso alguno, desde Interior optaron entonces por tomar el pulso a la oposición. En especial, a los socialistas y al PNV. Pero la acogida no fue la esperada. Ambas formaciones recibieron con un indisimulado recelo las intenciones del Gobierno central. De hecho, el PNV llegó a tildar la eventual reforma de la ley de «pucherazo» y el PSE, que ostentaba entonces la Lehendakaritza, prefirió apostar por el regreso a Euskadi de los ‘exiliados’, al ver «muchas aristas jurídicas» en la iniciativa. Dos años después, todo apunta a que las posturas continúan siendo las mismas, lo que hace prever que al proyecto le aguarda un duro debate parlamentario, si sigue adelante.