- Este desprecio por la obligación moral de ofrecer a los ciudadanos una reparación política por lo que se hace mal llega a su apoteosis en lo tocante a la corrupción
Hace algo más de un año, España vivió un apagón histórico. Aquello fue lo nunca visto, con pérdidas millonarias y un deterioro reputacional sin paragón, pero pelillos a la mar, todos los cargos públicos implicados en aquel episodio siguen en sus puestos. Ni las grabaciones que demuestran la desidia ante los problemas que se venían advirtiendo, ni un mísero resquicio de vergüenza torera por el bochorno internacional que protagonizamos han movido a algo parecido a la asunción de responsabilidades por aquel desastre.
El episodio del barco con hantavirus que hemos vivido esta semana nos ha permitido descubrir que el felizmente olvidado Fernando Simón también sigue en su puesto. El heraldo de todas las previsiones fallidas y portavoz del comité de expertos que nunca existió sigue atornillado a su pequeña poltrona gracias al sectarismo de este Gobierno. Cuentan que los responsables de comunicación de Moncloa se alarmaron al verle aparecer de nuevo por los medios y le instaron a volver a su escondrijo. Lo razonable hubiera sido haber nombrado hace mucho tiempo a otro responsable cuya credibilidad no estuviera tan achicharrada como la de Fernando Simón.
Este Gobierno, que tanto nos exige a los ciudadanos –conviene recordarlo ahora que estamos en plena campaña de la renta–, es especialista en escaquearse de cualquier responsabilidad y desprecia la obligación democrática de rendir cuentas por su gestión. La culpa es de la derecha, de las pérfidas empresas, de misteriosos ciberataques o del empedrado, pero jamás de sus propias torpezas. Las únicas cabezas que ruedan son aquellas señaladas por el sectarismo ideológico o las que piden sus socios independentistas: Pérez de los Cobos, Paz Esteban y recientemente, Almudena Lastra. Todos ellos, por cierto, ejemplares servidores públicos.
Este desprecio por la obligación moral de ofrecer a los ciudadanos una reparación política por lo que se hace mal llega a su apoteosis en lo tocante a la corrupción. Super Santos Cerdán ocupó su escaño hasta el mismo día en que pudo leer sentado en él el informe de la UCO que venía a confirmar todo lo que los medios ya habían publicado sobre sus sospechosas finanzas. Sánchez jamás ha rendido cuentas por la elección de dos golfos como hombres de su absoluta confianza ni por las andanzas empresariales de su mujer. María Jesús Montero no le anda a la zaga: tiene imputados por corrupción a sus presidentes de SEPI y del Tribunal Económico Administrativo, mientras su jefe de gabinete contaba con Víctor de Aldama como asesor inmobiliario de lujo.
A finales de este mes se cumplirán ocho años de la moción de censura. El PSOE, en compañía de todos sus socios Frankenstein y con Ábalos de portavoz, desalojó al PP del poder apelando a la responsabilidad política por la corrupción en dos ayuntamientos de Madrid. El Gobierno censurado no tenía ningún escándalo de corrupción en su gestión y ni siquiera estaba en el poder cuando se produjeron los hechos condenados; aun así, se le exigió la más alta responsabilidad política. Me pregunto qué van a hacer con esa rigurosa vara de medir los artífices de aquella operación cuando se conozca la segura condena a José Luis Ábalos En este caso, como recordó el fiscal Luzón, la corrupción no está en dos ayuntamientos remotos, sino en el corazón mismo del gobierno de Sánchez y, además, venía adornada con un vistoso desfile de suripantas.