Ante un vecino hostil y tan poco fiable como ha demostrado ser Marruecos, es comprensible la desesperación de la población ceutí y el enfado de sus gestores por el colapso de los servicios públicos y la sensación de inacción. Sin embargo, resolver un problema geopolítico de esta magnitud exige una política exterior segura y sólida, sin necesidad de hacerlo a golpe de órdago. Es cierto que Ceuta está al límite y ese es un retrato que no admite interpretaciones xenófobas o de falta de solidaridad con los miles de extranjeros que se jugaron la vida por colarse al otro lado. Pero la ciudad autónoma no tiene los instrumentos ni la capacidad del Estado para encauzar el aluvión ni prevenirse de futuras vulneraciones de su integridad territorial.

Tampoco el Gobierno español puede escudarse en no molestar al régimen de Mohamed VI cuando debería exigirle la máxima corresponsabilidad para controlar la frontera. El equilibrio entre acogida, devoluciones dentro del marco legal y rigor fronterizo se antoja clave para evitar otro sobresalto. Las 1.500 plazas anunciadas para migrantes parecen un parche, pero ayudarán a dar una solución humanitaria acompañada de traslados a la Península si fueran necesarios. Sería conveniente recordar el tortuoso reparto de los menores no acompañados que se hacinaban en Canarias para evitar que se repita la historia. No caben más estrategias partidistas. El Ejecutivo socialista convocó de urgencia a las comunidades en busca de una fallida distribución de los migrantes de Ceuta con la pretensión de señalar políticamente a los gobiernos del PP y Vox, cuando ni siquiera sabía cuántos habían cruzado. Y, aunque ayer anunció que las ministras Sira Rego, Elma Saiz y Mónica García comparecerán la próxima semana en el Congreso, da sensación de hacerlo obligado, lo que solo alimenta el desafío de Rabat.