Todo empezó con Lola Delgado, una ferviente socialista nombrada ministra de Justicia en 2018 y que, entre otras actuaciones, dejaría al juez Llarena a los pies de los caballos frente a los tribunales belgas. Reprobada tres veces por el Congreso de los Diputados, no tuvo empacho en meter presión sobre la Abogacía del Estado para que descartasen delito de rebelión en el desafío indepe al estado. Año y medio después Sánchez nombraba a «Lola» Fiscal General del Estado contra toda coherencia profesional y política, agudizando el malestar en la carrera. Mientras tanto aprobaba los indultos a los condenados del procés contra el criterio de los fiscales del Tribunal Supremo y la Sala Segunda que dictó la sentencia. El «ejecutor» fue el nuevo titular de Justicia, Juan Carlos Campo, que sin solución de continuidad pasó a ser designado magistrado del Tribunal Constitucional para escándalo de los que todavía creían que la mujer del César no solo debe ser honesta sino parecerlo. Por el camino, el Gobierno de Sánchez difuminaba del Código Penal los delitos de sedición y malversación.

A estas alturas jueces, fiscales, magistrados, salían de sus despachos para evidenciar el rechazo de las injerencias gubernamentales en su autonomía. El PP espantado ante la perspectiva, se negaba a renovar el CGPJ. El resultado es un vacío de nombramientos y el consiguiente deterioro de la imagen de eficacia y profesionalidad de la Justicia. Las espadas están en todo lo alto cuando el «procés» de la amnistía está en su tramo final. Los fiscales del Supremo han marcado el terreno apoyando la tesis de indicios de terrorismo en los delitos asociados a la independencia unilateral frente a un Fiscal General declarado «no idóneo». Y ha surgido una voz crítica que sin complejos, se pasea por los medios desvelando los atropellos formales a la autonomía e independencia del poder judicial: el fiscal Salvador Viada. Pero Sánchez parece decidido a pasar por encima de las togas.