Koldo y él han construido una refutación bien trabajada de las pesquisas de la UCO y de la Fiscalía. Otra cosa será que el tribunal dé crédito a ese relato donde se presentan como víctimas de una cacería mediática y política. El exministro, al fin y al cabo pendiente de sentencia, no se atrevió añadir que también judicial; eso lo hacen los portavoces sanchistas. Se quejó de indefensión, quizá prefigurando un recurso al Constitucional, y si hubo delitos se los atribuyó a Aldama, al que acusó de falsificar documentos oficiales y pintó como un listillo con ínfulas aficionado a darse más importancia de la que en realidad tenía. Sabedor de que el guión preparado con su letrado tenía muchos puntos débiles, lo interpretó con esa habilidad comunicativa que desplegaba ante el periodismo para suscitar empatía durante su etapa de dirigente socialista. Una mezcla de sarcasmo, humildad ficticia, inteligencia natural y esa clase de displicencia cazurra propia de alguien con mucha experiencia vivida.

A estas alturas (finales) del juicio, sin embargo, la cuestión esencial ya no es la probable condena que apunta el relato de la acusación y el propio acusado da por descontada. Ahora se trata de saber si los testimonios manifestados en el Supremo pueden iluminar otros procedimientos judiciales en marcha –hidrocarburos, rescates, financiación irregular– donde se ventilan responsabilidades más amplias y se perfila un mapa del radio de influencia de la trama. Y en ese sentido hay una novedad clave: la denegación a Aldama de la atenuante penal muy cualificada en virtud de su colaboración voluntaria. Porque resulta que es la fiscal del Estado, Teresa Peramato, quien debía autorizarla en uso de su autoridad jerárquica. Y al rechazarla con una orden vinculante, contra el criterio de Anticorrupción, el comisionista se queda sin rebaja… y sin incentivos para continuar cantando en otros escenarios su particular Traviata. El César ha bajado el pulgar: la Roma sanchista no paga traidores a su causa.