JOSU DE MIGUEL BÁRCENA, Profesor de la Univ. Autónoma de Barcelona, EL CORREO 07/05/2013
· El sacrificio incluye no solo la penuria económica y social, sino el martilleo político y mediático que obliga a todos los ciudadanos a soportar los momentos estelares del camino hacia la autodeterminación.
En Cataluña prácticamente todos los partidos políticos coinciden en que se vive una situación trágica en términos sociales, económicos y financieros. La autonomía está quebrada. De aquí a final de año –qué lejos queda– la Generalitat necesitará más anticipos del Fondo de Liquidez del Estado para poder sobrevivir, es decir, pagar las facturas. Sin embargo, alguien debiera avisar al Gobierno catalán que la utilización del Fondo de Liquidez estatal implica condiciones fiscales y planes de ajuste que requieren tener aprobado un presupuesto anual para poder ir analizando el estado real de las cuentas públicas. Pues bien, en Cataluña, a día de hoy, no hay presupuesto proyectado para el año 2013. Esta situación obligará en la práctica a prorrogar el del año pasado, que será un mal menor ante la idea del ecosocialista Joan Herrera de hacer un presupuesto sin seguir las normas del Estado y la Unión Europea. Han leído bien.
Lo que sí se cumple es la hoja de ruta patriótica impuesta por ERC en el acuerdo de apoyo parlamentario al Gobierno de Mas. Para estas cuestiones hay tiempo, y por lo visto, dinero. Los problemas de los ciudadanos de a pie pueden esperar, porque el objetivo prioritario es la independencia. La historia enseña que este tipo de acontecimientos, salvo casos excepcionales, suelen exigir el sacrificio de un par de generaciones. El sacrificio incluye no solo la penuria económica y social, sino el martilleo político y mediático que obliga a todos los ciudadanos a soportar los momentos estelares del camino hacia la autodeterminación, que contiene un inacabable reguero de reuniones, cumbres y pronunciamientos institucionales a la espera de que los españoles y europeos se terminen por ablandar. La piel contra la piedra, que diría el cineasta vasco.
En el plan de transición nacional trazado por CiU y Esquerra, aunque el derecho a decidir es el eje central, la postura democrática que pueda adoptar el pueblo de forma plebiscitaria importa poco, en la medida en que las energías políticas van enfocadas a preparar lo que en principio debía ser decidido: la formación de un estado catalán propio. Todo pende de las aparentemente inocuas, jurídicamente, resoluciones del Parlamento catalán, que meses atrás declararon a Cataluña nación convertida en sujeto político con derecho a la autodeterminación.
Aquellos actos, que han sido recurridos por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC) en virtud del artículo 161.2 de la Constitución Española (CE), han aportado a la acción gubernamental un aroma de insumisión legal que dan pábulo competencial a órganos administrativos que la Generalitat va creando con el objetivo de romper con el Estado español.
De este modo, la reciente cumbre por el derecho a decidir, encabezada por el presidente Mas, se presenta como la semilla de un futuro órgano permanente que aglutinará a los partidos y a los miembros de la sociedad civil subvencionada, con el objetivo de defender y hacer visible la «mayoría por el derecho a decidir».
La pregunta que debemos hacernos es si una comunidad autónoma, que toma sus decisiones de acuerdo al principio de competencia, puede ir creando una estructura legal paralela mediante actos administrativos surgidos de la propia legalidad que se pretende destruir. El camino seguido por la Generalitat es cauteloso, pues enarbola sus atribuciones en la potestad que le otorga la Constitución y el Estatuto para organizar su propia Administración y dota a los distintos órganos que va creando de funciones de asesoramiento político donde es difícil vislumbrar jurídicamente su misión inconstitucional.
Sin embargo, las tareas reales que realizan son de una falta de lealtad institucional asombrosa. Por ejemplo, recientemente nos hemos enterado que Diplocat, consorcio de paradiplomacia en el que están involucradas todas las instituciones públicas de Cataluña, se dedica con cargo a los impuestos de los ciudadanos a fomentar una imagen retrógrada y antidemocrática de España, a la que se acusa de expoliadora, intolerante y centralizadora.
El objetivo es ir creando un estado de opinión internacional que avale y justifique la independencia unilateral de Cataluña, como último recurso ante la previsible negativa de las instituciones españolas. El Consejo Asesor para la Transición Nacional, creado en febrero pasado, tiene como misión asesorar a la Generalitat en las cuestiones técnicas sobre la consulta y en lo relativo a las estructuras de estado necesarias para el día después de la misma, de la que por lo visto solo se espera un resultado positivo. La competencia sobre autoorganización administrativa de la Generalitat no puede servir para prejuzgar las funciones de entes de mero asesoramiento, aunque no estaría de más recordar que la Constitución asigna a los poderes públicos misiones que no pueden conducir a su propia destrucción, para ello tenemos la reforma constitucional y los procedimientos democráticos y parlamentarios establecidos al efecto.
Lo mismo puede decirse de la Secretaría de Hacienda instaurada hace un par de meses por el Govern con el objetivo de ‘impulsar’ una Agencia Tributaria catalana: su impugnación como conflicto de competencias ante el TC solo será posible cuando la propia agencia sea establecida en una norma jurídica. Lamentablemente, por el camino se habrán perdido muchos recursos públicos, que en lo económico y en lo humano habrían podido servir para paliar los graves problemas que afectan a los ciudadanos catalanes.
JOSU DE MIGUEL BÁRCENA, Profesor de la Univ. Autónoma de Barcelona, EL CORREO 07/05/2013