EL MUNDO 20/03/15 – SANTIAGO GONZÁLEZ
· La cosa venía de antes y de influencias exteriores, pero lo que puede apreciarse en el mapa de la corrupción que pueden ver en estas páginas es que la corrupción tiene nombre propio en los primeros casos que se detectaron en Andalucía al filo de los años 90: caso Juan Guerra, caso Ollero, que los citados perpetraban respectivamente en la Delegación del Gobierno en Sevilla y en la Dirección General de Carreteras de la Junta. En la primera, el hermano del vicepresidente del Gobierno empujaba a base de cafelitos favores a empresarios y particulares a los que recibía en un despacho público. En la segunda, el titular cobraba comisiones.
Después tuvieron ya nombres de razones sociales, municipios, etcétera, se hizo más abstracta y despersonalizada. El caso Juan Guerra conmovió las conciencias de los honrados socialistas que estaban dispuestos a apostar material muy sensible de su propia anatomía por el desconocimiento de Alfonso Guerra en las andanzas de su hermano. Es muy probable que así fuera, pero el verdadero problema estaba en los valores compartidos: el hermanísimo, un particular, ocupaba un despacho oficial y el delegado del Gobierno en Andalucía no le hacía acompañar hasta la puerta por un par de guardias. Ni siquiera le preguntaba qué hacía allí. Todo era un valor entendido.
El mismo año de Juan Guerra saltó el caso Filesa, también del PSOE en el resto de España. Esto tenía un nivel más europeo. Lo había inventado, como tantas cosas, un socialistas francés, Henri Emmanuelli, que había constituido una sociedad llamada Urba, para facturar a empresas por informes no realizados. Aquel mismo año se tuvo conocimiento del caso Naseiro, que llevó el nombre del entonces tesorero del PP, también con nombre propio y en el que fue imputado el también tesorero Ángel Sanchis. El PP lo rebautizó como caso Manglano, en atención al juez que usó unas escuchas autorizadas únicamente para un delito de narcotráfico.
La corrupción es delito transversal y en Andalucía es la sal de la tierra: afecta mayoritariamente al partido hegemónico aunque también hay casos de IU, el GIL, el Partido Andalucista y el PP y el Partido de Almería.
El testimonio que hoy reproduce este periódico, de Andrés Bódalo, precoz como jornalero, padre y abuelo (a los 9, 17 y 35 años), tiene un estimable registro lírico: su esperanza para Andalucía es que «la tierra esté en manos de quien la quiere y la mima». No sabe el pobre que la tierra siempre acaba en manos de quien la recalifica.
«Se compran peonadas», dice, «y el Gobierno lo sabe». Parece que el candidato por el PP también se lo teme. No es partidario de cargarse el PER, dice, un plan que dejó de llamarse así hace casi 20 años, para ser rebautizado como Plan de Fomento del Empleo Agrario y dice que prefiere dotarlo de transparencia y eficacia.