La SEPI atraviesa uno de esos momentos en los que una institución pública debería mirarse al espejo y preguntarse si tiene algo entre los dientes. Los tres presidentes que ha tenido durante la etapa de Pedro Sánchez están actualmente investigados en distintas causas judiciales: Vicente Fernández, Bartolomé Lora (que ejerció como presidente en funciones) y la actual presidenta, Belén Gualda. Tres de tres. Pleno al quince.

Ante semejante panorama, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ha decidido actuar y lo está haciendo por varios frentes. Ha reservado hasta 500.000 euros para asegurar la responsabilidad civil y contable de sus directivos, ha puesto en marcha cursos para enseñar a sus empleados “ética profesional” e “integridad pública” y ha contratado a una consultora para que elabore, entre otras cosas, un “relato de impacto global” que explique la contribución positiva de la SEPI. Asegurar, formar y contar. Si con eso no arreglamos el problema, yo ya no sé.

Empecemos por el seguro. La nueva póliza para directivos y consejeros sale a licitación con un presupuesto máximo de 500.000 euros. La anterior, presupuestada inicialmente en 350.000, terminó adjudicándose por 126.000. Lo extraordinario no es que la SEPI asegure a sus directivos. Lo extraordinario es abrir ahora una póliza con medio millón de euros de margen mientras toda la cúpula presidencial de la era Sánchez desfila por distintos procedimientos judiciales. Gualda está investigada en la causa relacionada con el rescate de Tubos Reunidos, Vicente Fernández aparece en la investigación de la denominada trama Leire y Bartolomé Lora está investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa en el rescate de Air Europa.

El rescate de Air Europa

Lora merece capítulo aparte porque concentra él solito buena parte del esperpento. El actual vicepresidente, que durante 18 meses ejerció como presidente en funciones y que ahora está investigado por el rescate de 475 millones de euros a Air Europa, fue quien autorizó en mayo el inicio de una licitación de 96.200 euros para formar al personal durante dos años en comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, valores corporativos y, atención, “ética profesional” e “integridad pública”. El programa pretende además impulsar un “nuevo modelo de liderazgo” dentro del proceso de “cambio y modernización” de la sociedad pública. El curso empezará previsiblemente en septiembre. La investigación judicial llegó antes. Es un poco como organizar clases de natación después de encontrar el Titanic en el fondo del Atlántico: igual sería preferible enseñar a nadar a la gente antes de que se ahogue.

Pero puede que hasta resulte provechoso. Nunca es tarde para interiorizar los valores corporativos, aunque yo imaginaba que la integridad pública venía de serie cuando te ponen a gestionar empresas y rescates con cientos de millones de euros del contribuyente. Se ve que no. La integridad requiere formación específica, clases online con superación de materias por test y presupuesto propio.

Argumentarios y otras excusas

Pero la SEPI no solo se está ocupando de lo que ocurre dentro. También se preocupa por lo que vemos fuera. En julio adjudicó por 49.500 euros antes de impuestos a Management Solutions un estudio sobre su contribución económica, social y territorial. Hasta ahí, nada particularmente emocionante. Son muchas las sociedades públicas y privadas que encargan estudios. Lo interesante llega cuando descubrimos que la empresa debe transformar sus conclusiones en un “relato de impacto global”, preparar entre tres y cinco argumentarios para distintas audiencias, un dossier de prensa, una nota lista para enviar a agencias, una infografía y plantillas para redes sociales.

Al menos hay que agradecer la sinceridad del lenguaje administrativo. No hablan únicamente de informar. Hablan de construir un relato. Y para que tampoco falte simetría en esta historia, la adjudicación fue aprobada el 8 de julio por el propio Bartolomé Lora. El hombre investigado que autorizó los cursos de integridad también aprobó el contrato que ayudará a explicar a medios e instituciones la contribución positiva de la SEPI, por si no somos capaces de apreciar por nuestra cuenta lo bien que lo hacen todo.

Ética e integridad

Por separado, todo tiene explicación. Basta con ponerlo todo junto: tres presidentes investigados; medio millón reservado para asegurar a los gestores; 96.200 euros para enseñar ética e integridad; una consultora elaborando argumentarios y un relato sobre las bondades de la institución. Puede que esto sea exactamente lo que la SEPI entiende por cambio y modernización. Los directivos estarán asegurados por si la pifian, los empleados recibirán formación para aprender a ser íntegros  y la reputación contará con profesionales que sepan maquillarla. Solo falta saber quién asegura al contribuyente contra la SEPI.