EDITORIAL ABC – 28/10/15
· El Gobierno está legitimado para aplicar el artículo 155 de la Constitución y suspender las funciones de una autonomía cuyo Parlamento asuma la sedición y se declare en rebeldía.
· Es Andorra, y no las «cloacas del Estado español», la que prueba el fraude masivo que el clan Pujol ha perpetuado con un afán desmedido de lucro. Es la imagen de un régimen en descomposición.
Cataluña vive inmersa en una extraña paradoja de la sinrazón y en una delirante deriva autodestructiva carente de sentido. A la misma hora en que ayer se producía la mayor operación judicial y policial contra la corrupción que el clan Pujol larvó durante décadas, Junts pel Sí y la CUP aprovecharon el primer día tras la constitución del Parlamento catalán para registrar una propuesta y declarar el inicio de un proceso independentista abiertamente ilegal. Se trata de la primera piedra institucional para formalizar su desafío secesionista frente al Estado, del que Cataluña forma parte sustancial. Es, sin duda, una auténtica afrenta a la Constitución, que exige una respuesta inequívoca de toda la sociedad española para evitar la perversión de la democracia en Cataluña. Una vez más, los partidos independentistas avanzan ignorando impunemente la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la unidad de España y corrompen el sentido del sufragio de la mayoría de catalanes que el pasado 27-S votaron claramente contra la ruptura.
La pretensión de los secesionistas es avalar la declaración soberanista aprobada ayer en un pleno, previo a la investidura del nuevo presidente de la Generalitat. De esta forma, anteponen una obsesión identitaria fracasada al interés general de los catalanes, que aún desconocen quién les gobernará y en qué condiciones de subordinación a un partido como la CUP, simpatizante de los postulados batasunos y abiertamente antisistema. No cabe mayor error. Declarar «solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república» representa un intento de quiebra que perjudicaría de modo sobresaliente a todos los catalanes. Además, de poco servirá este abuso de los escaños independentistas para tapar las vergüenzas que la Justicia hace aflorar cada día sobre el barrizal de corrupción de Convergència y su financiación ilícita. Hoy abundan los indicios para abonar la acusación de que existe un «oasis del 3%» a través del pago de comisiones ilegales, y un sistema organizado para llenar los bolsillos de la familia Pujol con cuentas en paraísos fiscales.
La réplica del presidente del Gobierno, en conjunción de criterio y unidad de acción con los líderes del PSOE y de Ciudadanos, no se hizo esperar. Es cierto que la iniciativa de Junts pel Sí y la CUP carecerá de relevancia jurídica hasta que quede definitivamente aprobada por el pleno. Pero la condena tajante de la declaración demuestra de facto la existencia de una suerte de pacto de Estado virtual contra la amenaza separatista. En definitiva, los partidos que defienden el orden constitucional están en guardia ante lo que Mariano Rajoy definió ayer como una «provocación» del secesionismo ajena a toda lógica. A Artur Mas no le ha bastado con pulsar el botón de la destrucción progresiva de Convergència, o con hacer oídos sordos a todas las advertencias de la comunidad internacional sobre los perjuicios que este delirio ocasionaría a Cataluña. Se ha propuesto arrastrar a los catalanes a un abismo para no asumir su caótica gestión anterior.
Ante esta provocación, cobra todo el sentido la reciente reforma de la ley del TC para hacer ejecutar sus propias resoluciones e inhabilitar a quienes desacaten cualquier sentencia. Y en segundo término, el Gobierno está legitimado para aplicar el artículo 155 de la Constitución y suspender las funciones de una autonomía cuyo Parlamento asuma la sedición como un valor y se declare en rebeldía. En ese supuesto, sería imprescindible que el PSOE, Ciudadanos e incluso Podemos asumieran como soluciones inevitables las que hasta ahora han rechazado. No es hora de buscar remedios etéreos sin recorrido, como ofrecer salidas federales a quienes las desprecian. Ante un chantaje llevado al extremo como el del Parlamento catalán solo cabe la aplicación estricta de la ley con todas sus consecuencias. Cataluña se encierra en un laberinto de sectarismo, manipulación de sus ciudadanos y perversión emocional que nada constructivo augura.
Sobre este fondo, casi pierde relevancia la operación judicial contra el entramado societario de la familia Pujol. La veintena de registros realizados, varios en los domicilios del clan, fueron la consecuencia de una exhaustiva investigación de las autoridades de Andorra, no de las «cloacas del Estado español», como dijo Mas para acentuar su victimismo. Es Andorra la que ofrece las pruebas del fraude masivo que Jordi Pujol y su familia han permitido perpetuar mediante el tráfico de influencias y un afán desmedido de lucro. Lo ocurrido en Cataluña es la imagen de la descomposición de un régimen, con Mas como muñidor de un drama que ningún catalán merece.
EDITORIAL ABC – 28/10/15