Anunciar el presidente de la Junta de Andalucía la supresión del Impuesto de Patrimonio y ponerse el Gobierno central a estudiar la creación de un nuevo impuesto estatal para las grandes fortunas. Ha sido cuestión de horas. Es la guerra. Más madera gubernamental para impedir que las comunidades gobernadas por el PP puedan ejercer una competencia fiscal a la baja. Andalucía, como Madrid y ahora también lo pretende Murcia, están haciendo uso de su autonomía fiscal para aliviar el bolsillo de los contribuyentes. Sostienen los defensores de la eliminación del Impuesto de Patrimonio que se pretende retener la fuga de importantes tributarios. Un fenómeno que, por cierto, la Generalitat no fue capaz de impedir cuando se embarcó en la alocada aventura del ‘procés’, ya que el traslado de directivos y sedes sociales a otras comunidades fue una verdadera sangría. Andalucía, como Madrid, ha hecho sus cálculos y cree que logrará recuperar esos casi cien millones que recaudaba con este impuesto con la presencia fiscal de los afectados. Decir que las rentas que producen los patrimonios ya se tributan a través del IRPF y que el Impuesto de Patrimonio, además de anacrónico, es injusto porque tributa dos veces, sirve de poco en un debate acalorado en el que se ha trazado una línea, con el rotulador de La Moncloa, entre ricos y pobres.
«Que los que más tienen sean los que más aporten» es un principio de solidaridad que se viene aplicando en nuestro país desde hace muchos años. No hay más que ver cuánto aportan a Hacienda el dueño de Zara o el presidente de Mercadona.
Lo cierto es que el anuncio de Moreno Bonilla sobre sus rebajas fiscales para Andalucía ha puesto en guardia a los socios de Sánchez y ha disparado las alarmas entre los candidatos socialistas que deberán concurrir a las elecciones en la próxima primavera.
Sostiene el PNV que la armonización fiscal está concebida para las autonomías sin régimen foral y, por lo tanto, no afecta a Euskadi. Pero le preocupó tanto la fuga de «dinero vasco» a Madrid, durante un tiempo, que llegó a lanzar globos sonda en tiempo electoral sobre la posibilidad de eliminar el Impuesto de Patrimonio. No pasó de ser un sondeo porque lo que subyace es su oposición a que cualquier otra comunidad les haga la competencia. Por muy legítima que ésta sea.
En pleno curso electoral, el enfrentamiento fiscal es un hecho. No se trata de un concurso. Es una sokatira de compensación. Impuestos que se eliminan en unas comunidades y se compensan desde el Gobierno con otras cargas. Si somos el único país de los veintisiete de la Unión Europea que sigue manteniendo esta carga, ¿están todos los demás favoreciendo a los malvados ricos? El primer ministro luso, el socialista Costa, dice que no tiene el impuesto de marras porque quiere atraer inversiones y fortunas. Las españolas, por ejemplo. Así de claro. A ver si en esta senda de rectificaciones de La Moncloa, el Gobierno no va a tener más remedio que rendirse a la competencia. La del PP, no. La portuguesa.