Paloma Esteban-El Confidencial
El presidente no tiene previsto ver a Iglesias hasta la semana del 9. Eso sitúa la ronda de consultas del Rey en los días previos a que se disuelvan las Cámaras. Otro calendario de infarto
El tiempo se agota. En solo tres semanas quedará claro si los españoles deben volver a las urnas el 10 de noviembre. Pedro Sánchez continúa su estrategia de estirar los plazos y todo apunta a un desenlace en el último momento. La próxima semana el líder socialista presentará un nuevo programa de Gobierno con el ánimo de recabar apoyos suficientes. Por ahora, ni un solo guiño expreso a Unidas Podemos a pesar de considerarlo su socio preferente. En los días posteriores, el presidente en funciones piensa comenzar a ver a los representantes políticos de los grupos más pequeños de la Cámara. Dicho de otra manera: hasta la semana del 9 de septiembre no tiene previsto comenzar contactos con los grandes y, en concreto, con Pablo Iglesias.
Este calendario, adelantado por el ministro de Fomento y número 2 del partido, José Luis Ábalos, pone en dificultades una vez más la labor constitucional del Rey, que tendrá escaso margen para celebrar una nueva ronda de consultas y constatar si finalmente hay alguna posibilidad de que Sánchez resulte investido. En concreto, dado que será la segunda semana de septiembre cuando el presidente en funciones se vea con Iglesias y el resto de líderes, no será —previsiblemente— hasta la semana límite cuando Felipe VI se reúna con los distintos portavoces designados por los grupos.
Según fuentes parlamentarias consultadas, los plazos podrían retorcerse todavía más e incluso llegar a la segunda votación (en la que solo es necesaria la mayoría simple) el domingo 22 o el lunes 23. Pero las mismas fuentes coinciden en que parece algo poco probable: «Si hay acuerdo lo sabremos antes, aunque con escaso margen. Igual que si no lo hay». En todo caso, el monarca una vez más se encontrará unos tiempos con escaso margen y seguramente deba aparcar su agenda de las próximas semanas en función de los movimientos de Sánchez.
En estos momentos todo apunta a que España repetirá elecciones el 10 de noviembre. No existen incentivos, al menos por ahora, para pensar que pueda haber acuerdo. Sánchez dará a conocer el martes más de 300 medidas aglutinadas en un nuevo programa de Gobierno en lo que él mismo denomina «una propuesta progresista, ambiciosa, reformista, transformadora y modernizadora». Entiende que Unidas Podemos no encontrará motivos programáticos para oponerse a ella. Pero el programa tampoco era un impedimento en la sesión de investidura de julio.
El problema era el que sigue siendo: Iglesias quiere un Gobierno de coalición en el que su formación ocupe carteras de peso, mientras que los socialistas consideran que si no aceptaron la oferta inicial (incluía una vicepresidencia y tres ministerios), la coalición ya no tiene sentido. Apuestan —como ya hicieran al principio— por un Gobierno monocolor. Lo que parece claro es que el PSOE no se moverá de su postura. Es decir: a no ser que Unidas Podemos dé su brazo a torcer y se conforme con influir desde fuera del Ejecutivo, las cuartas elecciones en cuatro años llegarán pronto.
El presidente en funciones sabe que las opciones son casi nulas. De ahí que este jueves, en su reaparición en el Congreso, se dirigiera a todos los grupos parlamentarios por igual pidiendo «generosidad», «altura de miras» y «responsabilidad», mirando de reojo a PP y Ciudadanos en busca de una abstención que le permita ponerse en marcha. El relato de los socialistas está hecho si no hay acuerdo: Unidas Podemos impidió de nuevo que Sánchez fuera presidente. Los mimbres de ese punto de vista llevan tiempo dejándose ver. La propia vicepresidenta, Carmen Calvo, recordaba esta semana que el presidente en funciones «no tiene ningún encargo expreso» tras la investidura fallida, justificando que sus movimientos no destaquen precisamente por la celeridad.
Sobre el papel, no le faltaba razón. De hecho, el comunicado que emitió la Casa Real el pasado julio al respecto fue nítido. El Rey no iniciaba una nueva ronda de consultas para dar tiempo a los grupos a llegar a un acuerdo (así lo establece el artículo 99 de la Constitución). Y eso sí, advertía que sus contactos con los dirigentes tienen la finalidad de «constatar si, de la disposición que le trasladen los grupos, puede proponer un candidato a la presidencia del Gobierno que cuente con los apoyos necesarios para que el Congreso le otorgue su confianza».
Es decir: solo propondrá a Sánchez de nuevo si realmente amarra los apoyos necesarios para que la investidura salga adelante. La otra opción venía recogida a continuación: «En ausencia de una propuesta de candidato«, decía el comunicado, procederá a la disolución de ambas Cámaras y a la convocatoria de nuevas elecciones generales, con el refrendo de la presidenta Meritxell Batet.
Ya hay un antecedente de esta última opción y es muy reciente. En abril de 2016 (después de que Rajoy renunciara a presentarse a la investidura y del acuerdo entre Sánchez y Albert Rivera, que tampoco salió adelante), el Rey constató que no existía un líder político con suficientes apoyos para ser presidente del Gobierno. La repetición electoral del 26 de junio llevaría meses después a Mariano Rajoy a ser reelegido. Lo que ocurrió después ya es de sobra conocido. Ahora solo falta saber lo que pasará en apenas 20 días.