La tasa de emancipación

EL 3 por ciento era una tarifa ajustada. Podían haber cobrado más; el trabajo de liberar al pueblo cautivo es caro y el clientelismo requiere muchos gastos. La tarifa media constituía un regalo si se considera que concedía a los empresarios el privilegio de colaborar con el destino manifiesto de Cataluña. Cualquier patriota sabe que no se puede construir una nación decente con calderilla. La pena es que por culpa de la opresiva legislación española el nacionalismo tuviese que recaudar recursos a escondidas: una causa tan honorable merecía que sus contribuyentes recibiesen al menos un certificado de reconocimiento a sus aportaciones fundacionales.

Todo el mundo lo sabía, por demás, entre otras cosas porque se trataba de un hábito. En los últimos treinta años de régimen convergente los catalanes se dividían en dos: los que pagaban comisiones y los que las cobraban. Había, sí, una gran mayoría que pagaba sin saberlo porque el importe de las mordidas acababa cargado al presupuesto de los servicios contratados, de tal forma que en la práctica constituyesen una derrama a escote. Así funciona siempre la cosa. Las licitaciones públicas son como las salchichas, que la gente no debería ver cómo se fabrican. En todo caso, a juzgar por la anuencia que buena parte de la ciudadanía catalana concede a sus dirigentes arropando su queja victimista, no parece que existiese mucho desacuerdo con el método. Al menos entre los que consideran que las operaciones judiciales forman parte de una represalia del Estado contra los valientes adalides del prusés soberanista.

Tal vez estos tengan cierta razón, en el fondo. Durante décadas el nacionalismo ha utilizado su hegemonía para financiarse mediante un sistema de cohecho y extorsión en el sobrentendido de que existía una suerte de tolerancia –el célebre oasis– condicionada al mantenimiento del statuquo. El acuerdo tácito, que arrancó del escándalo pujolista de Banca Catalana, requería mantener la reivindicación de independencia como un mero horizonte retórico, y tenía vigencia mientras se respetase la línea de ruptura. Sucede que Mas la ha atravesado; envuelto en el delirio mesiánico de la emancipación olvidó que gobernaba bajo cláusulas no escritas. Ha sido él quien ha incumplido ese ominoso trato que el Estado respetaba con la lealtad pragmática de un código mafioso. Y ahora le toca a él y a los suyos hacer frente a las facturas (penales) amontonadas. Pactasuntservanda.

El suyo ha sido un error de soberbia. Ha minusvalorado al adversario creyendo que el demarraje secesionista le permitiría esconder la basura bajo un multitudinario tremolar de banderas esteladas. Cálculo equivocado: el antiguo paradigma moral de la política está hecho trizas y se ha acabado el tiempo de la inmunidad consentida. Ante una corrupción tan evidente ya no hay mitología bajo la que acogerse a sagrado.