ABC 20/02/13
· Los investigadores sospechan que el tripartito de Montilla pudo pagar a la agencia estudios insólitos para camuflar los gastos del espionaje.
La investigación de la trama de espionaje creada en torno a la agencia Método 3, cuyo director y tres detectives fueron detenidos el lunes por la Policía acusados de grabar ilegalmente a Alicia Sánchez-Camacho, no se limitará a una simple revelación de secretos, sino que el abanico delictivo se ampliará a la malversación de fondos públicos. La razón es que esta agencia fue contratada al menos tres veces por el Gobierno catalán en la época del tripartito para que confeccionaran informes, alguno tan peculiar como el que versaba sobre el cultivo de la avellana, encargado por la Consejería de Agricultura y por el que se pagaron 30.000 euros; el importe de los otros dos fue inferior a los 18.000 y hasta hace dos años no existía la obligación de hacer públicos los datos de los contratos por un dinero inferior a esa cantidad.
Incluso, en la última etapa del Ejecutivo de José Montilla se le concedieron generosas subvenciones por un importe global de 45.000 euros para proyectos de innovación e internacionalización. Las fuentes consultadas por ABC precisan que será necesario examinar a fondo esos expedientes y comprobar que han sido revisados por los servicios correspondientes de la Generalitat, ya que no hay que descartar que alguno haya sido utilizado para camuflar el verdadero destino del dinero: el pago a Método 3 para actividades de espionaje.
Es llamativo que la Fiscalía decidiera en mayo de 2011 no seguir investigando una denuncia de CiU sobre los informes ya citados.
La Generalitat ha abierto una investigación para poner sobre el tapete todos los contratos que se hayan firmado con esta polémica agencia, y el consejero de Presidencia, Francesc Homs, se comprometió a «llegar hasta el fondo. Veremos si hay nuevos informes».
Las fuentes consultadas por ABC destacan que los interrogatorios de los detenidos «han aportado datos de interés, aunque hay que comprobarlos. Si todo sale como se espera, se prodrá conocer si no todos, sí buena parte de las personas que encargaron los informes». Ayer comenzaron también los registros —los de las sedes de Barcelona y Madrid y los de los domicilios de los detenidos—, en presencia de éstos y de los fiscales Anticorrupción Fernando Bermejo y Jesús Sánchez-Ulled, que se han puesto al frente de la investigación. No obstante, actúan como miembros de la Fiscalía Provincial de Barcelona. Se les ha nombrado, según la fiscal jefe, Anna Magaldi, por la «especial trascendencia y complejidad de los hechos».
Barcelona y Madrid
El registro principal fue en la sede de Método 3, en la Diagonal, y en él estuvieron la comitiva judicial, el fiscal y el propietario de la agencia de detectives, Francisco Marco, que fue detenido anteayer. También se produjeron en la antigua sede de la agencia, en la calle Aribau, frente al restaurante La Camarga, donde se grabó la conversación entre la líder del PP y la exnovia de Jordi Pujol hijo; en Madrid, en la sede de la delegación, en la calle Concepción Bahamonde, y en los domicilios particulares de Marco (Barcelona) y de los detectives de su agencia también detenidos: Julián Peribáñez (Gavá), Álex Borreguero (Barcelona) y Elisenda Villena (Barcelona). Pese a que Marco aseguró haber destruido unos 20.000 documentos (cifra que cuestionan tanto los investigadores como otras agencias de detectives), en los registros se ha encontrado información para llenar diez furgonetas.
Las declaraciones de Francisco Marco y sus exempleados no son coincidentes, aunque sí sustanciosas, y se han producido además en medio del conflicto laboral que mantiene el director con sus trabajadores, a los que acu- sa de chantajearle a cambio de cantidades que oscilan entre los 50.000 y los 200.000 euros. Marco ha reiterado que no ordenó grabar a Camacho, pero tanto Peribáñez como Borreguero le desmienten. Este último ha detallado que partió de él la idea de colocar un florero con un micro en el restaurante, cuando su jefa Elisenda Villena (hermana de una asesora jurídica del PSC), le pidió ideas para grabar la conversación de la política.
Según fuentes de la investigación, en las próximas horas se va a tomar declaración a más personas relacionadas con la trama, cuyos nombres han salido a relucir en las declaraciones, así como a antiguos empleados. Ayer, algunos de ellos recordaban cómo se dio carpetazo a una sanción muy grave a la que se enfrentó Método 3 en 2011. En esa fecha, la Policía detectó irregularidades «muy graves» durante una inspección rutinaria, pero el informe de propuesta de sanción que se remitió a la Secretaría de Estado de Seguridad (estaba al frente Justo Zambrana) fue archivado, según fuentes de Interior.
El año pasado en otra inspección el libro de registro había desaparecido, según Marco, en una inundación. Tampoco se actuó.
La Generalitat presiona para que los Mossos no queden fuera del caso
· Interior desmiente que se grabara al ministro en abril de 2012 con toda la cúpula policial. Ir hasta el final» «Si Interior tiene ganas de ir hasta el final, debe contar con los Mossos», dijo el portavoz de Mas.
Después de quejarse porque los Mossos no han sido llamados a investigar el escándalo del espionaje —originado por una denuncia de Alicia SánchezCamacho ante la Policía Nacional— y de lanzar teorías conspirativas, como que el CNI está detrás de las investigaciones sobre CDC y la familia Pujol, la Generalitat, que preside Artur Mas, ha pasado al ataque. Objetivo: que los Mossos metan baza en esta investigación sobre el espionaje politíco que también salpica a CiU, como lo demuestra el dosier sobre Felip Puig que supuestamente encargó su propio partido, Convergencia.
Tras la reunión del consejo ejecutivo de ayer, el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, anunció que el Gobierno catalán creará un grupo de trabajo del que formarán parte varios departamentos para «indagar y tomar medidas» ante los casos de presunto espionaje, y ofrecerá asesoramiento jurídico a las posibles víctimas. En paralelo, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega (UDC), presentó ayer una denuncia ante los Mossos d’Esquadra tras ser aludida como supuesta víctima del espionaje. El juez deberá decidir si concede a la Policía autonómica el papel de policía judicial, junto a la Nacional.
Además, el consejero Felip Puig estudia presentar otra denuncia y el director general de Prisiones de la Generalitat, Xavier Martorell, también ha interpuesto una demanda para defenderse de las acusaciones de haber espiado a Puig con la anuencia del ahora consejero de Justicia, Germá Gordó (CDC).
Todo eso en el mismo día en que el consejero catalán de Interior, Ramón Espadalar, acusaba al Estado de «deslealtad» e «invasión de competencias» por mantener a los Mossos al margen del caso Método 3. Y se dirigía al Tribunal Superior de Justicia catalán y a la Fiscalía para ofrecer a los Mossos.
«Si Interior tiene ganas de ir hasta el final, debe contar con los Mossos», afirmó Homs, que cargó contra el ministro de Interior. Así, reprochó a Jorge Fernández Díaz que «no tuviera la misma diligencia» para investigar los informes apócrifos de la UDEF que salpicaron a CDC en plena campaña electoral de las autonómicas. «Para algunas cosas no tiene prisa, pero ahora que afecta al PP, sí», dijo.
El ministro de Interior pudo haber sido víctima de los espionajes de Método-3 en el restaurante La Camarga. La cúpula de Interior, con Fernández al frente, se reunió el pasado 30 de abril en este negocio. Abordaron los detalles de seguridad de la cumbre del BCE que se celebró en mayo en Barcelona. Fuentes de Interior, sin embargo, aseguraron ayer que no les consta que esta reunión fuera grabada por la trama.
ABC 20/02/13