Editorial ABC 02/04/13
· La baza de Mas es transferir al conjunto del Estado los riesgos por la quiebra de Cataluña y esperar a que ese mismo Estado se vea obligado a intervenir por imperativo nacional.
El hecho de que Artur Mas se haya reunido reciente y secretamente con el presidente del Gobierno, una cita cuestionada desde algunos círculos por su opacidad, no expresa por sí solo una voluntad de renunciar al proceso separatista con el que el líder nacionalista se presentó —y fracasó personalmente— a las últimas elecciones autonómicas en Cataluña. La situación de esta comunidad autónoma es crítica, pero todo era previsible cuando Mas convocó elecciones anticipadas para aprovecharse de la marcha soberanista del 11-S de 2012.
Por tanto, el escenario actual de quiebra financiera de Cataluña no puede sorprender a nadie, porque era, precisamente, el argumento económico a favor de la independencia, salvo que se haya producido una amnesia colectiva sobre aquel «sin España seremos más ricos» que proclamaban los abanderados de la consulta separatista. Ni Mas está dando pie a presumir un cambio de actitud, ni existen motivos por los que el Gobierno central se sienta obligado a facilitar el viraje del presidente catalán. Si Mas está en un lío político, económico y social —que lo está—, el primer responsable de buscarle una salida es él mismo y por su propia iniciativa, sin esperar a que otro Gobierno central caiga en la falsa ecuación de que con un nuevo sistema de financiación el nacionalismo se modera. Hasta el momento, todos los sistemas de financiación han sido pactados con el nacionalismo catalán y ninguno ha servido para garantizarse su lealtad. El problema es que la crisis económica está devorando al Ejecutivo nacionalista de Artur Mas mucho antes de poner en marcha la consulta separatista y con mayor rapidez de lo que CiU esperaba.
Pero no es Rajoy el obligado a salvar la cara de Mas. Por lo pronto, la Generalitat catalana sigue dando pasos en el proceso separatista y desmiente a los que lo ven ya amortizado. Mas se atrevió a disolver la Cámara anticipadamente, se presentó con un programa separatista, ha pactado con ERC, aprobó una resolución secesionista en el Parlamento catalán, ha creado un Consejo Asesor para la Transición Nacional e impulsa leyes para celebrar consultas y blindar la «diplomacia» de la Generalitat. No son precisamente indicios de un cambio de actitud. La baza de Mas es transferir al conjunto del Estado los riesgos por la quiebra de Cataluña y esperar a que ese mismo Estado se vea obligado a intervenir por imperativo nacional, lo que permitiría a los nacionalistas conservar gratuitamente su agenda por la autodeterminación.
Por eso es comprensible que el Gobierno de Rajoy no esté dispuesto a dejar que Cataluña quiebre definitivamente, pero entonces las soluciones que procedan del Estado deben estar seriamente condicionadas no sólo a una renuncia total del proceso soberanista, sino a un control efectivo sobre competencias ahora en manos de una Administración desleal cuyo comportamiento encaja en el artículo 155 de la Constitución de 1978.
Editorial ABC 02/04/13