En la práctica, el pulso por el Senado amenaza con devaluar su función de representación territorial y necesario contrapeso. En la última etapa, el PP ha utilizado su mayoría absoluta en la Cámara para interferir en reformas legislativas o convocar comisiones de investigación. Son actividades legítimas que la oposición puede promover en el ejercicio de su control al Ejecutivo. Pero volcarse en un reparto del poder, como aparentan socialistas y populares, es concebir las circunscripciones territoriales como graneros de votos y reducir las atribuciones de los senadores, a los que se impone la disciplina de una sigla por encima de la defensa autónoma de los intereses de sus comunidades.

El Senado no puede perder la oportunidad de articular la diversidad del Estado autonómico y facilitar la transversalidad en un sinfín de retos pendientes -entre ellos, la financiación y el Plan Hidrológico Nacional- frente a los estériles vetos cruzados. Resulta insólito que algunos candidatos reconozcan que el objetivo es asegurarse las mayorías cualificadas (3/5) para forzar la renovación de órganos clave como el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. La política se empobrece cuando los partidos renuncian a la búsqueda de pactos entre diferentes, el Gobierno legisla a golpe de decreto en precampaña y los líderes tiran de electoralismo, en vez de contrastar ideas en la plaza pública.