No se trata, claro está, de relativizar la importancia de la reacción de un sector de la ciudadanía, sino de intentar señalar su especificidad. No existe una máquina de medir sufrimientos, pero para muchas personas su situación actual resulta sin duda comparable, en su dureza, a la que otros padecían quince años atrás, tras la crisis económica de 2008. La cuestión ahora es la diferente forma que en cada momento adoptó la respuesta a una justa y comprensible protesta. Y es precisamente al observar esas distintas respuestas cuando empiezan a hacerse patentes algunas diferencias sustantivas.

Una primera se relacionaría con los términos mismos de las dos respuestas. En la de 2011, la cosa se planteaba como una impugnación global a los representantes políticos, a los que se acusaba de no representar a los ciudadanos, constituyéndose en casta ajena e indiferente a las necesidades de la gente, mientras que en la actualidad la protesta lo es por una situación concreta (el acceso a la vivienda), pero a cuyo trasluz se hace visible la dimensión estructural, sistémica, del problema. Este último rasgo, amén de hacer más ardua su efectiva resolución (la ley de la oferta y la demanda no se deja modificar por decreto) da pie a la segunda diferencia, tal vez de mayor calado. Porque la complejidad político-administrativa de cualquier intento de resolución, con diversas administraciones -local, autonómica y central- involucradas, dificulta enormemente endosarle la responsabilidad del mismo a una de ellas en exclusiva.

Pues bien, esto es lo que en el presente momento parece hallarse en juego. Por decirlo con una paráfrasis facilona, nos encontramos ante un conflicto en busca de autor. O, con la irritante terminología al uso, se está librando una auténtica batalla por el relato. Quien la gane no resolverá el problema de la vivienda, pero, con muy alta probabilidad, arañará un buen puñado de votos.