IGNACIO CAMACHO – ABC – 13/11/15
· La decisión del TC es la última bengala de aviso. A partir de ahora el Estado sólo puede usar en esta crisis arsenal pesado.
Ya no hay más munición de fogueo. A partir de ahora el Estado sólo puede responder al golpe soberanista con arsenal jurídico y político de calibre pesado. La suerte está echada: con la suspensión por el Tribunal Constitucional de la moción rebelde, el futuro de esta crisis queda en manos de quienes la han provocado. Los nombres y apellidos de los 21 altos cargos catalanes obligados a acatar la decisión del TC están escritos en papel oficial y el apercibimiento comunicado con entrega en mano. La clave está en una frase de apostilla inserta en el texto de advertencia sobre sus responsabilidades: «incluida la penal». La última bengala de aviso ha sido lanzada. Si se produce la desobediencia no quedará otra alternativa que el abordaje.
En principio, el Gobierno pretende limitar la respuesta al plano legal. Que sea el Constitucional, recién dotado de funciones coercitivas –¿dónde están ahora las protestas de Rivera y Sánchez?–, el que se encargue de hacer cumplir sus propias órdenes. Pese a las bien recientes reticencias de la oposición al rearme normativo del Alto Tribunal, esa vía procesal tiene más consenso que la política. Pero también es más lenta porque está sometida a un complejo procedimiento de garantías.
Rajoy, al que sin duda beneficiaría una posición de fuerza, está resuelto a dar prioridad al acuerdo, al valor de la réplica unitaria en una situación de emergencia nacional, y sabe que el PSOE podría descolgarse de la aplicación del artículo 155. Nadie desea someter las elecciones a una atmósfera de alteración de alto voltaje, pero todo depende de la actitud de los secesionistas. Una insistencia en la sedición desembocaría en inevitables medidas excepcionales, y los socialistas tendrían que tomar en plena campaña electoral la espinosa decisión de secundarlas o desmarcarse.
El atasco de la investidura de Mas favorece una tregua tensa; con su Gabinete en funciones puede ganar tiempo escudándose en que carece de poder efectivo para implementar las medidas de rebelión que ha aprobado la Cámara. Sin embargo, en caso de desbloqueo no dispondrá de margen dilatorio: su única opción sería la de continuar el desafío o aflojarse. Los independentistas tienen estudiado el calendario; saben que entre el 20-D y la formación de las nuevas Cortes y del Gobierno de la nación habrá un período de relativo vacío funcional apto para plantear unas Navidades de conflicto que supondrían para el Estado todo un reto de ingeniería jurídica. El soberanismo también tiene buenos abogados.
Lo que ya no existe es territorio para la ambigüedad ni para maniobras contemporizadoras. Los españoles no entenderían un repliegue, un casuismo leguleyo, una nueva contemplación, otro desistimiento. Este partido no admite empates aunque la propensión acomodaticia de unos políticos en plena lid electoral agradeciese el aliento de una prórroga.
IGNACIO CAMACHO – ABC – 13/11/15