Ignacio Camacho-ABC

• Solo hay una evidencia en el enredo de Pegasus: que los socios de Sánchez son una amenaza para la seguridad del Estado

Transcurrida una semana desde la insólita irrupción victimista de La Moncloa en la crisis de Pegasus, tanto el Gobierno como las instituciones a su cargo están en peor situación objetiva tras la comparecencia televisada del ministro Bolaños. El CNI ha sufrido un manoseo innecesario y su directora se ha convertido en diana de un tiroteo político entre Sánchez y sus aliados. Los separatistas catalanes siguen sobreactuando con la intención de que la justicia europea compre su mercancía averiada sobre el espionaje arbitrario. La evidente y no desmentida sospecha de que Marruecos puede estar detrás del pinchazo al teléfono del presidente español ha devuelto las relaciones entre ambos países al ‘impasse’ del último año. El cachondeo de la opinión pública pone en solfa el prestigio del aparato de inteligencia del Estado. La ligereza con que el Ejecutivo ha aventado una grieta de seguridad en vísperas de una cumbre de la OTAN siembra el estupor y el recelo en los socios atlánticos. Y el propio Gabinete de cohabitación, ya de por sí demediado, multiplica su conflicto interno con un fuego cruzado entre la titular de Defensa y el vicepresidente de facto, cuyo halo de presunta solvencia se ha disipado ante el patético manejo de un escándalo que era bastante menos grave antes de que intentase arreglarlo. Y esta vez no cabe echar la culpa a la pandemia, la guerra de Ucrania o el volcán canario: el incompetente equipo gubernamental es una fábrica de problemas, chapuzas y estragos.Al cabo de todo este descalzaperros, las principales incógnitas del asunto siguen sin respuesta. Por ejemplo, qué clase de información le han robado a Sánchez y qué uso pueden hacer -o haber hecho ya- los intrusos de ella. Qué significa la frase «agentes externos» y si esa expresión apunta a alguna potencia extranjera. Cuántos miembros del Gobierno o de su ‘staff’ cercano han sido espiados y por qué se revela ahora una cuestión que durante un año ha permanecido encubierta. Qué relación existe, si la hubiera, entre las escuchas legales a los líderes independentistas y el ciberataque denunciado por Presidencia. Qué material sensible o inculpatorio puede deducirse en las conversaciones interceptadas a Aragonès, Torra y demás colegas en plena revuelta de algaradas callejeras. Y sobre todo, por qué y a cambio de qué se negoció la investidura con dirigentes cuya conducta y trayectoria constituían una amenaza lo bastante creíble como para solicitar permiso judicial de vigilancia… y que un magistrado del Supremo lo otorgara. Esta es la anomalía fundamental que subyace bajo la batahola política y mediática: un Gobierno y una mayoría parlamentaria sostenidos gracias al apoyo de una facción considerada por los servicios secretos como un riesgo para la seguridad de España. Y no hay humareda oportunista ni señuelo de propaganda que pueda nublar la certeza de esa sinrazón dramática.