En alguna parte del Gobierno podría estar empezando a cundir la idea de que la amnistía encierra más complicaciones de la cuenta. No, no se trata de reparos de conciencia, ni siquiera de que el rechazo social o las críticas de González y Guerra hayan abierto grietas en un partido que con tal de seguir en el poder está dispuesto a tragar con lo que sea, como ha reconocido Adrián Barbón en un arranque de franqueza. Se trata de que por debajo de las consignas oficiales llegan a la Moncloa advertencias vacilantes de los juristas de cabecera, en el sentido de que el asunto no es fácil de resolver sin problemas. Que «preferirían no hacerlo», como el escribiente Bartleby. Que incluso contando con un Tribunal Constitucional favorable es menester afinar mucho para no arriesgarse a una chapuza susceptible, como la del ‘sí-es-sí’, de desencadenar efectos colaterales. Y que en todo caso el tiempo para buscarle encaje corre en contra de los plazos que apremian a Sánchez.

Así las cosas, los portavoces gubernamentales han comenzado a deslizar entre el periodismo el mensaje de la repetición electoral como una posibilidad razonable. El objetivo es convencer a Puigdemont de que no le conviene perder la llave por excederse en las exigencias del chantaje. A tal efecto, los negociadores que operan bajo cuerda y en silencio buscan una alternativa con la que rebajar el precio, aunque no acaban de ver el modo de evitar la presentación de una proposición de ley en el Congreso. La salida consiste en atraer el voto de la única diputada de Coalición Canaria, cuyo compromiso con Feijóo acaba en cuanto el intento de investidura se salde sin éxito. Así, Junts sólo tendría que abstenerse para que el presidente salga reelegido en mayoría relativa, fórmula que en teoría debería abaratar las contrapartidas. Los canarios, aunque son socios del PP en las islas, se muestran bizcochables siempre que obtengan lo que pidan, básicamente un paquete de ayudas económicas y una fiscalidad específica.

Si aun así el prófugo se mantiene en sus trece, lo más probable es que el borrado penal del golpe separatista vaya adelante con todas las consecuencias, por mucho escándalo que suscite y por mucha gente que movilicen las convocatorias de protesta. El sanchismo sabe que otras elecciones son una moneda al aire que puede caer del lado de la derecha, y el precedente de julio no permite fiarse demasiado de las encuestas. Lo que está haciendo al amenazar con las urnas es desbrozar por si acaso el camino de vuelta, preparar el argumentario para el supuesto de que las cosas se tuerzan y ‘Puchi’ no ceda. Está acostumbrado a defender sin grandes costes una posición y la opuesta: la ventaja de carecer de principios es que tampoco es necesario que demostrar coherencia. Y de cualquier manera, la amnistía nunca ha sido para Sánchez, ni para sus cohortes trompeteras, una cuestión ética.