Con los debates sobre la amnistía, el documental de Josu Ternera y el descalzaperros de la selección femenina de fútbol se ha quedado sospechosamente corta de eco nacional la noticia de la sentencia del ‘caso Faffe’. ¿El caso qué? El del directivo de una ya extinta fundación –léase chiringuito de enchufes– de la Junta de Andalucía que se gastó en puticlubs 32.500 euros del erario público, en concreto del Fondo para la Formación y el Empleo. Seis años de prisión le ha impuesto la Audiencia de Sevilla, y cinco a la directora financiera que camufló el dispendio en las cuentas oficiales, después de que un jurado popular emitiese veredicto de culpabilidad unánime. Cuarenta pagos en locales de alterne, cuarenta, realizó el individuo con cargo a la tarjeta de crédito corporativa simulando luego, con ayuda de su subordinada, la devolución del dinero en la caja de la entidad mediante la consignación de dietas y desplazamientos ficticios. Resumiendo, por si no queda claro: 32.500 pavos destinados a formación de parados acabaron ‘invertidos’ en diversos burdeles, en especial uno llamado ‘Don Angelo’. ¿Era por ventura el condenado miembro del PP, de Ciudadanos, de Podemos, de Vox acaso? Frío, frío: se trataba de un militante con vara alta en el muy feminista PSOE, componente por más señas de la ejecutiva regional que presidía Manuel Chaves, a su vez inhabilitado en sentencia firme por prevaricación en el fraude de los ERE.

Detalles. Una noche, tras una remodelación del Gobierno autonómico en la que debió de encontrar algún motivo de celebración, el directivo en cuestión tiró del plástico para darse una alegría en el establecimiento de su preferencia. 14.737 euros de factura. El fiscal anota en su alegato que no hay quien se gaste eso en copas de un solo golpe, y deduce que iba (muy) acompañado. Preguntado al respecto en el juicio –¿personal del organismo, políticos, empresarios, amigos?– el reo guardó silencio. ‘Omertà’, como el Tito Berni. Basta con un responsable, el marrón para él solo. Frecuentaba ese ambiente, admitió, le gustaba y en ocasiones hasta pagaba de su peculio privado: 10.700 euros en total. En todo caso, consumir servicios de vida alegre (aún) no está tipificado; la pena es por malversación continuada y falsedad documental en concepto de inductor. Por el momento y para su desgracia esta clase de corrupción no entra en la rebaja legislativa aprobada por Sánchez como obsequio de pacificación a los separatistas catalanes. El hombre, que al fin y al cabo no organizó ninguna insurrección de independencia, podrá quejarse con cierta razón de un palmario agravio comparativo. Eso sí, hasta ahora no consta reacción de su partido y brillan por ausencia los aspavientos y reproches de las susceptibles patrullas antivicio del feminismo. La ventaja de estar en el bando correcto consiste en que los delitos y las faltas propias no hacen ruido.