En el desgaste de la figura de Sánchez hay dos factores fundamentales: uno es la inconsistencia de su palabra, el abuso de la contradicción y la mentira, y el otro sus alianzas con las fuerzas separatistas. Ambos aparecen fundidos en el escándalo de las candidaturas de Bildu, el más repudiado de los partidos con los que prometió -«si quiere se lo digo veinte veces»- que jamás pactaría. La exhibición de arrogancia de los tardoetarras ha desconcertado a los dirigentes socialistas, que durante dos días han guardado un ominoso silencio a la espera de consignas y finalmente, ante la oleada de indignación general, se han visto forzados a proclamar con la boca chica una especie de repugnancia sobrevenida. Hay votos en peligro y desde arriba ha debido de llegar la orden de mostrar cierta empatía con las víctimas, sin exagerar para que no crujan demasiado las costuras del bloque ‘progresista’. Demasiado tarde: el debate sobre la ilegalización ha llegado otra vez a la puerta de la Justicia y la oposición no parece dispuesta a dejar que la oportunidad se le vaya viva.

En principio, la legalidad de Bildu está blindada por una sentencia del Constitucional del año 2011, en plena negociación entre ETA y Zapatero, quien ha reconocido que ese paso formaba parte de las contrapartidas del proceso. Pero la inclusión en listas electorales de terroristas condenados sin arrepentimiento, expresamente prohibida en la ley de Partidos, abre la posibilidad de una revisión a la luz de un hecho nuevo que muestra un vínculo directo entre la banda disuelta y sus herederos. Hay más evidencias, ya puestos; por ejemplo, el vídeo donde Otegi utilizaba la primera persona del plural -«tenemos doscientos presos»- para justificar ante su gente el apoyo al Gobierno. Aunque tenga el TC bajo control, Sánchez no va a poder evitar que ningún ciudadano con los ojos abiertos vea en el gesto de sus aliados un desafío manifiesto al Estado de derecho. Y unas cuantas frases de laboratorio no bastan para sacarlo del aprieto.

Al presidente se le ha caído el argumentario de la reinserción política y social del terrorismo en el marco democrático. Lejos de desmarcarse siquiera en apariencia de un pasado reciente de secuestros y asesinatos, sus socios están orgullosos de reivindicarlo. Lo asumen al punto de exhibir como un mérito los alias criminales de los candidatos a alcaldes de localidades en que mataron a sus paisanos. Así declaran la violencia como un patrimonio moral irrenunciable y rechazan su propio blanqueo para proclamar que la sangre derramada es su legado, la herencia sobre la que aspiran a legitimar sus cargos. Y el PSOE sanchista come de su mano mientras se pregunta la causa del rechazo que genera su liderazgo. Quizá los espejos de la Moncloa también estén trucados, como las encuestas de Tezanos, para que el inquilino no contemple en ellos su verdadero retrato.