Al contrario, todo o casi todo responde a una planificación que bien puede ser mínima pero que, en todo caso, representa esencialmente los propósitos ansiados. Hay mucho cálculo y guion. Igual que en Shakespeare o Conan Doyle los giros narrativos están previstos desde la primera página por mucho que el lector piense que todo transcurre sin un hilo conductor aparente.

Lo que le ocurre a la Justicia en España tampoco es fruto del azar. Ni la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, ni la situación límite de las salas del Tribunal Supremo, ni la huelga de letrados de la administración de justicia, ni el colapso de todo el sistema como consecuencia de lo anterior es resultado del azar. No.

En Derecho rige el principio de causalidad, no el de casualidad. Aunque ahora, entre mentiras y falacias, se pretenda brindar al ciudadano la historia de un crimen fortuito sin autor ni cómplices. Todo lo que acontece es el resultado previsible de una acción, o, mejor dicho, de una inacción promovida conscientemente por el Gobierno con el sólo y exclusivo propósito de anular de facto los mecanismos del Poder Judicial.

La historia de la XIV legislatura es, en gran medida, la historia del asalto homicida del Gobierno a la Justicia.

El relato estaba escrito. Ahora advertimos la proximidad del desenlace.

Para poder situar correctamente el contexto actual es imprescindible determinar el punto de partida con precisión en el juicio del 1 de octubre en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y la posterior sentencia condenatoria por delito de sedición.

Las legislaturas se sostienen con apoyos en el Congreso de los Diputados y cuando, como Sánchez, apuestas tu columna al nacionalismo y populismo, es evidente que la resolución judicial del Tribunal Supremo se alza en un escollo que obstaculizaba la permanencia en el poder y el mismo ejercicio de este. En conclusión, entre la espada del separatismo y la pared del constitucionalismo judicial, el Gobierno optó por la primera para esquivar la segunda.

«Hay tantas vacantes de magistrados sin cubrir que el riesgo de paralización total en el Tribunal Supremo hace peligrar la técnica casacional»

Los indultos fueron la certificación de la comunión de intereses y la comprobación de que la Justicia española se había convertido en una pieza de caza para la coalición y sus socios.

En los años siguientes todos los ciudadanos y, especialmente, los profesionales jurídicos (jueces, fiscales, letrados, etc.) hemos asistido a la voladura controlada del Estado de derecho a través de la promoción de algunas leyes como las que han reformado el Código Penal con el objeto de despenalizar los actos secesionistas sin concurrencia de violencia o intimidación. O la ley del sí es sí, de cuyos inexorables resultados jurídico-penales serían responsabilizados los jueces y magistrados. Nuevos satanes para la religión nacional-populista. Con orden y secuencia, el guion del Gobierno iba avanzando.

Como efecto y consecuencia de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Tribunal Supremo lleva meses colapsado, asumiendo un retraso extraordinario que era evitable. Y con tantas vacantes de magistrados sin cubrir que el riesgo de paralización total en el más alto órgano judicial de la nación es un hecho que causa escalofríos y hace peligrar la técnica casacional. Otra vez, nada producto del azar y sí de la previsión de un castigo ejemplar a la institución que tantas veces ha puesto en jaque la dirección marcada por la coalición.

La corrosión de todo el entramado institucional del Poder Judicial podría haber resultado suficiente para el Gobierno. Pero no ha sido así.

En los últimos meses hemos comprobado cómo el Ministerio de Justicia ha aprovechado el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en abril de 2022 con las asociaciones profesionales de letrados de la administración de justicia para, también, dinamitar por abajo los cimientos de toda la Administración de Justicia.

«Había una meta: preservar el poder del Gobierno con los apoyos separatistas y populistas a costa de derruir el edificio de la Justicia»

Con más de 100.000 juicios suspendidos, más de ocho millones de procedimientos parados y más de 500 millones de euros retenidos en sólo unas semanas, el Gobierno instrumentaliza políticamente una huelga de funcionarios públicos para causar el mayor destrozo conocido al Poder Judicial en cuarenta y cinco años de democracia. La ruina amenaza derrumbe.

En la cima y en la base la agresión del Ejecutivo de Sánchez a la Justicia española es de tal envergadura que invita a pensar que habrán de pasar años para que la normalidad vuelva a ser una constante en el funcionamiento de los juzgados y tribunales.

Los golpes, particularmente los dirigidos al Tribunal Supremo, son de una saña nunca antes conocida y trasladan la dialéctica ideológica tradicional a otra novísima e inesperada: aquella en la que las opciones políticas ahora se clasifican según su voluntad de sustituir o no el marco institucional democrático surgido de la Constitución de 1978.

La crónica de este asesinato conduce a la atestiguación de lo evidente: que nada de lo narrado es fruto del azar. Había una meta: preservar el poder del Gobierno con los apoyos separatistas y populistas a costa de derruir el edificio de la Justicia. Y, desgraciadamente, nos encontramos muy próximos a ese final.

[La huelga ‘invisible’ que colapsa la Justicia: suspendidas ya 125.000 vistas en toda España]

Nada de esto ha sido fortuito. Nada de esto ha sido casual. El azar no existe en política.

Existe la planificación, la concertación y la ejecución por fases de un plan preconcebido.

Eso, y no otra cosa, es lo que nos ha traído hasta este alto en el camino. Sin Justicia, cabe decir, sólo habrá de reinar la arbitrariedad. Quizá el fin deseado desde la primera página.

Quizá porque con ella no hay Justicia y sin Justicia, ya saben, la legalidad sólo es apariencia servil al execrable propósito del poder autoritario.

El relato estaba escrito.

*** Álvaro Perea González es letrado de la Administración de Justicia.