Entre los primeros recuerdos de mi infancia anidan los comentarios de mi abuela sobre la “gripe española”. Hija y esposa de médicos, solía hacer referencia a ella como si se hubiera desatado por castigo divino, y cuarenta años después de extinguida la epidemia lamentaba todavía los sufrimientos de las víctimas, varias de las cuales entre sus familiares. Ya expliqué que la lectura de los periódicos de la época demuestra lo poco que ha avanzado la ciencia epidemiológica en algunos aspectos. Concretamente, en las medidas sociales a implementar como defensa contra la extensión del virus. Fotografías de gente con mascarillas, incitaciones a no salir de casa y a lavarse las manos una y mil veces, imágenes de hospitales de campaña al estilo del que se improvisó en Ifema, son casi idénticas a las actuales. Solo el atuendo en el vestir denuncia su antigüedad. Pero, al margen otras consideraciones científicas, existen diferencias sustanciales: entonces el mundo padecía la primera Gran Guerra y su población mundial era seis veces más pequeña que ahora. Por último, no había comenzado la revolución tecnológica que hoy permite el trabajo y el aprendizaje a distancia.

El escenario bélico propició un apagón informativo sobre la enfermedad, apenas vulnerado por la prensa española. Eso hizo que lo mismo que la covid-19 recibe el mote de virus chino, la gripe pasara a asumir el apellido hispano. Los funcionarios de turno se apresuraban así a proteger a sus Gobiernos mediante la invención de neologismos y sintagmas que confundieran a la gente. Lo mismo que ahora, que no dudaron en regalarnos, además de la simpleza de la nueva normalidad (ya se ve en qué consiste), el ampuloso término de cogobernanza, todavía no registrado en el diccionario. Cogobernar sugiere la idea de gobernar con otros, que es lo que hacen los socialistas con Podemos. Pero en este caso se ha querido endilgar el término al ejercicio de responsabilidades compartidas entre comunidades autónomas y Moncloa a la hora de hacer frente al temible bicho que tiene al mundo contra la pared. Los primeros resultados ponen de relieve que el palabro en cuestión esconde una nueva trola.

Pese a la incompetencia y tardanza de la mayoría de los Gobiernos occidentales, a comenzar por el nuestro, en la lucha contra la pandemia, deberíamos disculparles por el hecho de que se enfrentaron a una catástrofe para ellos inesperada, aunque no para la comunidad científica. Han pasado meses, sin embargo, y tuvieron tiempo de reflexionar, prepararse para el futuro inmediato, aprender de sus errores, y atender a las necesidades sanitarias, sociales y económicas de la población. Tiempo para definir en que consistía ese neologismo infatuado de cogobernar con el que el presidente Sánchez pretendía calmar los alterados ánimos de las autoridades autonómicas, más celosas de que se respeten sus atribuciones que de ejercerlas con rigor. Y lo han desperdiciado. A menos de una semana de que más de ocho millones de estudiantes comiencen el curso, y después de que el anterior lo hayamos dado casi por perdido, Gobierno y oposición siguen demostrando sus prioridades, ajenas a las demandas de los ciudadanos.

Ante una situación tan excepcional como la que vivimos, el presidente debía haber llamado desde un principio a todas las fuerzas políticas y a los representantes sociales para consensuar protocolos de actuación referidos al impacto social de la pandemia en todos los aspectos. Muy especialmente en lo que respecta a la educación. Es increíble que a estas alturas las familias y los docentes confiesen su ignorancia e impotencia respecto a las decisiones a tomar. Es asombroso que, conocedores de la desigualdad en el terreno de la conectividad tecnológica y la habitabilidad de los hogares, no se haya actuado para tratar de paliarlas y ayudar a los centros a tomar medidas no discriminatorias en función de la adscripción social de las familias. Es absurdo, contraproducente para la formación de las nuevas generaciones, que en vez de integrar la enseñanza presencial con el aprendizaje a distancia y el uso de nuevas tecnologías se trate de discriminar a estas como enemigas de la socialización en la escuela. El resultado es que el colectivo más vulnerable de la comunidad, los niños, será víctima, como lo han sido los mayores, de la incompetencia y laxitud del poder.

No hay que repartir culpas por igual. Ante la ausencia del presidente del Gobierno en este debate, endosando a los autonómicos el problema, dado que la enseñanza está transferida, estos han tomado medidas, independientemente de su acierto, y han informado a la opinión pública. Pero no hay cogobernanza alguna, ni siquiera coordinación, para solucionar un problema nacional de proporciones gigantescas que nuevamente amenaza con aumentar la fragmentación social, y añadir nuevas discriminaciones educativas a las identitarias y lingüísticas, promoviendo desde la infancia la existencia de ciudadanos de diferentes categorías.

No es solo ineficiente haber dejado para la víspera de la apertura de curso este debate. Además pone de relieve la degradación moral de la clase política. No existe partido en el mundo, sea cual sea el régimen en el que se inscriba, que no incida en la importancia fundamental de la educación para resolver los problemas que afectan al desarrollo de los pueblos. La realización personal de los ciudadanos, el crecimiento económico de los países, la lucha contra las desigualdades, el funcionamiento de las instituciones, la innovación tecnológica, el porvenir de la ciencia, el establecimiento de un sistema de valores y el ejercicio de la libertad están intrínsecamente ligados al sistema educativo. En más de cuarenta años de democracia, nuestros representantes han sido incapaces de llegar a acuerdos que permitan y garanticen un funcionamiento estable y progresivo de la escuela española. Dos ministros socialistas, José María Maravall y Ángel Gabilondo, estuvieron a punto de conseguirlo, pero rivalidades ideológicas y luchas por el poder lo frustraron. Desde ese último intento, hace casi una década, solo ha habido retrocesos.

En ocasión de la gripe española se originó idéntico debate al actual sobre qué hacer con el sistema escolar. Grandes ciudades como Nueva York y Chicago decidieron abrir los colegios: estimaron que la salud y el bienestar de muchos niños estarían mejor protegidos en ellos que en sus infraviviendas. Pero en los Estados Unidos la mayoría cerraron y en cualquier caso el absentismo fue inmenso puesto que muchas familias decidieron no enviar a sus hijos a clase. Allí la vuelta al cole ha comenzado ya y las acaloradas discusiones al respecto se mantienen. Todavía se desconocen muchas cosas sobre este coronavirus y por lo mismo gran parte de los epidemiólogos entienden que la mejor manera de contener su expansión es cerrar los centros. ¿Pero se puede sostener durante casi un año una medida de ese género, que afecta al mantenimiento del trabajo de los padres y a la convivencia social?

Frente al todo o nada, hoy contamos con herramientas tecnológicas en cuyo uso los alumnos más jóvenes son más expertos, las saben utilizar más y mejor, que los propios profesores. Quizás ese sea otro de los aspectos del problema. Además, muchos, por no decir casi todos, tienen teléfonos móviles más o menos inteligentes, con los que acostumbran a interactuar y comprender la realidad. Ha habido una tendencia a vedar su uso en los centros escolares. Estoy seguro de que si hace cien años los responsables educativos hubieran contado con semejantes utensilios su debate no sería sobre cómo prohibirlos en clase, sino de qué manera utilizarlos. La enseñanza presencial es básica para la formación de nuestros jóvenes. Hay también una presencia virtual y una socialización de ese género que no son desviaciones, sino caminos nuevos por recorrer.