El mensaje anual de Felipe VI, en la noche previa al día de Navidad, coincide este año con la crisis institucional desatada por la decisión del Tribunal Constitucional de admitir el recurso de amparo y acceder a las medidas cautelarísimas solicitadas por el grupo parlamentario popular contra la decisión de los grupos parlamentarios de los partidos del Gobierno de coalición de introducir enmiendas de adición para modificar aspectos cruciales de las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional a través de una ley orgánica de reforma del Código Penal. Es obvio que se está produciendo una colisión institucional que afecta al Gobierno, al Congreso y al Senado, al Consejo General del Poder Judicial y al propio Tribunal Constitucional. 

La Constitución, en su artículo 56, encomienda al Rey, como jefe del Estado, el arbitraje y la moderación en el funcionamiento regular de las instituciones. La Carta Magna no determina el modo en que esa función constitucional deba ser ejercida, pero los expertos consultados entienden que se produce en dos niveles. Por una parte, de forma privada, mediante las audiencias que el Rey mantiene regularmente con el presidente del Gobierno, ya que el jefe del Estado tiene el derecho constitucional a “ser informado de los asuntos de Estado” (artículo 62 g de la CE). Por otra, la única forma de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones públicamente se produce en el ejercicio de su “función comunicativa”, también denominada por los expertos en la materia como “derecho al mensaje”.

Según Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco y autor y editor del libro de referencia en esta materia ( La jefatura del Estado parlamentario en el siglo XXI ), “el Rey no puede desconocer la actual crisis institucional”: se muestra partidario de que el monarca se abone a la tesis de “pocas palabras bastan al respecto” y considera que sería suficiente que Felipe VI se refiriese a la defensa de los valores constitucionales y a la importancia de los procedimientos que prevén tanto la Carta Magna como las leyes que la desarrollan. Añade Tajadura que el jefe del Estado “no debe entrar en el detalle, sino ofrecer un mensaje de defensa constitucional”. Esta opinión es coincidente con la de otros catedráticos —por ejemplo, Víctor Lapuente Giné y Göran Rollnert Liern— que han escrito sobre este tema ensayos en los que subrayan la neutralidad a la que se debe el Rey y al modo en que debe pronunciarse en su función arbitral y moderadora: “Sentido simbólico desparticularizado, nacionalizador o de generalidad y totalizador”. 

El catedrático Javier Tajadura sostiene que el Rey «no debe entrar en el detalle, sino ofrecer un mensaje de defensa constitucional» 

Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano, doctor en Ciencias Políticas y autor, entre otros muchos, del ensayo «Cómo modernizar la monarquía» (Universidad de Alcalá, Aranzadi, 2022, páginas 129 a 155 del libro Reinventando la tradición. Las monarquías parlamentarias en el siglo XXI ), considera “absurdo que el Rey en su mensaje no se refiriese a la situación institucional en el ejercicio de su función constitucional”, porque entiende que esa es una “forma de institucionalizar la monarquía”. Defiende que se refiera abiertamente a la situación “cuidando las palabras”. Y señala que, “además, el Rey tiene la ventaja de que todos se han equivocado en esta crisis”, dando por seguro que “el PP y el PSOE van a respetar sus palabras y que Podemos y los independentistas las van a criticar”. Molina estima preciso que el monarca envíe “mensajes genéricos”, pero sin eludir la realidad, porque de su mensaje «se espera que haya referencias a ella en los términos adecuados». Señala que, disponiendo el Rey de una cita pautada para pronunciar su mensaje, “no debe hacerlo antes”. Y así ha procedido.

Por otra parte, se plantea si el discurso navideño del Rey requiere o no de refrendo del presidente del Gobierno. Existe coincidencia general entre los expertos en la materia que esta es una de las cuestiones más delicadas, porque si no hay duda respecto de los llamados refrendos expresos, aquellos que requieren la firma de un ministro, del presidente del Gobierno o de la presidenta del Congreso en disposiciones normativas o en nombramientos que le corresponden, existen algunas dudas respecto de los refrendos llamados tácitos en relación con los desplazamientos del Rey y sus intervenciones públicas. Según el catedrático Gaspar Ariño, “el Rey no debe ser un Rey mudo… Debe ser para el país un término de referencia” (página 233 de Comentario mínimo a la Constitución española , coordinado por Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo y, en la actualidad, director de la Real Academia Española). 

Ignacio Molina (Real Instituto Elcano) cree «absurdo» que no hubiera referencia a la crisis: «Es una forma de institucionalizar la monarquía» 

El actual presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, también catedrático de Derecho Constitucional, es el autor de la obra de referencia en este asunto. En el libro titulado El refrendo, editado por el Centro de Estudios Constitucionales y el BOE (1998) y prologado por el fallecido jefe de la Casa del Rey Sabino Fernández Campo, el autor se inclina por la tesis según la cual «no cabe poder arbitral independiente en este campo, ni exonerar de refrendo tales actos del monarca [en referencia a sus discursos y mensajes]», criterio que no comparten otros, pero que obtiene una satisfactoria solución mediante la fluida y correcta relación entre la jefatura del Estado y la presidencia del Gobierno. En ese sentido, fuentes próximas a la Casa del Rey desmienten algunas informaciones que atribuyen a Pedro Sánchez haber solicitado de Felipe VI algún tipo de pronunciamiento en la actual crisis institucional y aseguran que la relación institucional entre la Zarzuela y la Moncloa es completamente normal.

La tradicional prudencia con la que el Rey desempeña su función ha llevado al responsable de su Casa, Jaime Alfonsín, a hacer consultas con personalidades de diversos ámbitos —políticos, universitarios, intelectuales— para escuchar sus opiniones sobre los eventuales contenidos del mensaje de Felipe VI. Esta consulta de opiniones, aunque no es excepcional, porque la Casa del Rey acostumbra a escuchar muchas y diversas para hacerse una composición de lugar, sí resulta en esta ocasión especialmente indicada, ya que algunas de las personas consultadas —sujetas a una estricta confidencialidad sobre las opiniones trasladadas— consideran que el mensaje del Rey del próximo día 24 es el “más difícil” desde 2014, incluso más aún que cuando en 2020 se desvelaron las irregularidades cometidas por su padre, Juan Carlos I, que el Rey resolvió de manera satisfactoria, tanto en su discurso —apelando a los valores éticos y a la ejemplaridad del titular de la Corona— como con actos posteriores de interpretación inequívoca, porque cumplían sus compromisos formulados en el solemne discurso de proclamación ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014. 

Fuentes próximas a la Casa del Rey desmienten algunas informaciones que atribuyen a Sánchez haber solicitado a Felipe VI un pronunciamiento 

El carácter parlamentario de la monarquía española, no obstante, le obliga —y así lo ha asumido de forma continua Felipe VI— a mantener una escrupulosa neutralidad política, limitándose a “animar, advertir y ser consultado”, que son las tres acciones que le corresponden a un monarca parlamentario según el teórico de la Corona británica Walter Bagehot. Se trata, según los expertos, de un poder blando del Rey basado no solo en su condición de jefe del Estado, sino también en su auctoritas personal, de la que Felipe VI dispone sin que ninguna instancia lo ponga ya en duda, tal y como acreditan numerosas —aunque no siempre públicas— encuestas. Por lo demás, Felipe VI ha acreditado desde su proclamación ante las Cortes Generales que se distingue por asumir el carácter parlamentario de la monarquía como forma de Estado según los estándares de las mejores democracias europeas, entre las que se encuentran las coronas de Noruega, Suecia, Gran Bretaña, Bélgica, Dinamarca y Luxemburgo.