Si Pedro Sánchez no disuelve las cámaras y convoca nuevas elecciones, cosa muy improbable, estamos a mitad de legislatura. Tiempo queda para llevar a cabo una acción de gobierno que intente resolver algunos de los problemas fundamentales pendientes. Sin embargo, hay escasas perspectivas de que ello suceda. 

Por supuesto se aprobarán leyes, especialmente se transpondrán directivas europeas que están pendientes, se convalidarán decretos-ley —muestra casi siempre de la degradación creciente de una democracia robusta entendida como deliberación— y se regularán cuestiones pendientes sobre las que puede haber un amplio acuerdo, por ejemplo tal como ha pasado con la ley sobre la eutanasia. Pero cambios sustanciales en materias básicas es muy improbable que tengan lugar porque no hay acuerdo ni en el bloque de partidos que apoyan a este gobierno, parlamentariamente tan débil, ni a veces tampoco dentro del mismo gabinete. 

Déjenme usar la gráfica frase de un agudo comentarista a un artículo de El Confidencial que viene como anillo al dedo: el problema es que «han metido la zorra en el gallinero». El gallinero es el gobierno, la zorra alguno de sus componentes y otros que les apoyan desde los escaños parlamentarios. 

Quizás es casualidad que se haya vuelto a insistir desde el gobierno que para resolver el «conflicto catalán» hay que convocar un referéndum 

Gobierno débil desde su origen, que formalmente se sitúa en enero de 2020 pero que viene prefigurado desde antes: desde la malhadada moción de censura, más destructiva que constructiva, de junio de 2018. Entonces Sánchez se dejó aupar a la Presidencia por dos tipos de populismos: el nacionalista y el social, ambos con fines en ciertos aspectos divergentes pero con algunas conexiones comunes. Entre ellas, y de modo muy principal, la resolución de la cuestión catalana con el objetivo de desmantelar el sistema constitucional de 1978. Pasar de una democracia federal y parlamentaria al modo europeo a un sistema confederal y con mecanismos de democracia directa. 

En los peores tiempos de la pandemia este tema ha quedado algo oscurecido, en todo caso desapareció del primer plano: los interesados pensaron que no era la primera preocupación de los ciudadanos, la sanidad y la economía iban muy por delante. Pero con las perspectivas actuales, con el covid aún latente pero amainado, esta fatídica cuestión vuelve a reaparecer y estará presente en los veinticuatro meses que restan de legislatura si las no improbables derrotas consecutivas del PSOE en las elecciones autonómicas que seguramente se avecinan (Castilla-León como segura, Andalucía casi también, quizás la Comunidad Valenciana y Murcia, y puede que alguna otra) no lo obligan a adelantar las elecciones. 

Quizás es casualidad, aunque en política las casualidades siempre son sospechosas de no serlo, que esta semana se haya vuelto a insistir desde el mismo gobierno que para resolver el «conflicto catalán» hay que convocar un referéndum en Cataluña. Dos ministros del cupo de Podemos lo han expresado con claridad. Por un lado, Subirats, reciente titular de Universidades, ha declarado en la SER que «alguna forma de consulta de un cambio en la estructura del Estado tendrá que hacerse en un momento u otro». Por otro, Irene Montero en TV3, ha dicho que «los catalanes deben poder votar» el acuerdo que alcancen el gobierno español y el de la Generalitat en la prometida mesa de diálogo. 

En medio de elecciones autonómicas muy complicadas para el PSOE, su contraparte en este extraño diálogo le pedirá lo imposible 

Desde que fue nombrado Presidente hace unos meses, Aragonés ha dicho en todas las ocasiones que se le han presentado —la última esta semana en Madrid— que sus peticiones básicas e inamovibles serán en esta mesa la «amnistía y la autodeterminación», ambas concesiones imposibles de admitir por el gobierno, ya que son del todo contrarias a nuestro sistema constitucional.

Por tanto, en medio de elecciones autonómicas muy complicadas para el PSOE, su contraparte en este extraño diálogo le pedirá lo imposible. La imprudencia es siempre un error político, confiar en amigos que se sabe no lo son y querer conservar el poder por encima de todo suele conducir a todas las catástrofes imaginables. Con todos estos peligros empieza el gobierno Sánchez la segunda parte de la legislatura. 

Mientras, el país, me refiero a los ciudadanos, están expectantes respecto a su porvenir inmediato. La situación económica no anima; por el contrario, causa gran inquietud. Hasta ahora los créditos del Banco Central Europeo, a intereses muy bajos, han permitido sortear la situación y el clima social aún no muestra una grave exasperación. Pero el tiempo de descuento se está acabando. 

¿Tenemos un gobierno en el que podamos confiar con la zorra en el gallinero? 

El ciudadano medio, pequeños empresarios y trabajadores asalariados, se han mostrado muy comprensivos en los tiempos de pandemia porque ello no era responsabilidad del gobierno, ni del sistema económico. Además, la cuestión sanitaria se ha ido resolviendo de manera razonablemente correcta, ha habido y hay fallos, sin duda, pero comprensibles dada la situación. Pero en el aspecto económico, la deuda acumulada —pública y privada— es enorme y, como todas las deudas, hay que devolverla. La inflación, de la que casi no nos acordábamos, ha vuelto con virulencia y nadie sabe cuando acabará. Estamos empezando a entrar en la hora de la verdad, en la hora de la economía, donde no caben ilusionismos ni juegos de manos. 

¿Tenemos un gobierno en el que podamos confiar con la zorra en el gallinero? No duden que la zorra, las zorras y los zorros, intentarán aprovechar el momento: la debilidad se paga. Pero, incomprensiblemente, tampoco la oposición da ninguna seguridad. Envuelta en batallas internas, reales o aparentes, no ha sabido exponer un plan que pueda convencer al ciudadano de que se puede salir del laberinto si las cosas se hacen de otra manera. 

Desde hace más de cuarenta, ninguna situación fue tan inquietante como la actual. Europa nos ha salvado por el momento pero de ahora en adelante tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad o las malas perspectivas actuales pueden frenar en seco el desarrollo de una España que hasta hace poco iba bien, incluso muy bien. Quizás lleguemos entonces a la conclusión que la fuente de estas desgracias es la incompetencia política. Entonces quedaría claro lo que tenemos prioritariamente que resolver.