FUNDACIÓN FAES 12/07/17
Cuando una dictadura se encuentra a un paso de su propio abismo, suele aplicarse una versión limitada del consejo “lampedusiano” y admite que algo tiene que cambiar para que nada cambie. Leopoldo López no ha sido liberado ni puesto en libertad sino trasladado a su domicilio con la misma condena injusta que cumplía en Ramo Verde, víctima del mismo atropello de sus derechos y de una dictadura que acumula muertos, asesinados en las protestas contra el régimen de Maduro. No por casualidad, el propio López rechazó en su momento la opción del arresto domiciliario. La mejora objetiva en la situación personal de Leopoldo López es evidente y bienvenida. Hace pocos días pedía a gritos desde la prisión de Ramo Verde que se denunciara la tortura a la que estaba siendo sometido. Hoy puede abrazar a su mujer y a sus hijos y para sus padres el arresto domiciliario significa recuperar la presencia del hijo por el que no han dejado de abogar.
Sin embargo a Maduro poco le interesan estas consideraciones humanitarias. Para Maduro, el cambio en la situación penitenciaria de Leopoldo López es una maniobra para aliviar la presión sobre su régimen, un intento –otro más– de dividir y neutralizar a la oposición y una forma de revivir la mediación de los expresidentes Torrijos, Fernández y Rodríguez Zapatero, que sigue siendo la baza más relevante con la que cuenta el régimen de Maduro en la escena internacional. Una mediación que difícilmente puede ser calificada como tal cuando la oposición democrática, dignamente representada por la mayoría de la Asamblea venezolana, la ha descalificado reiteradamente.
Pero sobre todo, Maduro necesita oxígeno para llegar a su objetivo que se sitúa muy cerca, el 30 de julio. En esta fecha el dictador venezolano quiere poner en marcha su “Asamblea Constituyente” que conlleva la disolución de la Asamblea Nacional y materializa el autogolpe de Estado del chavismo para laminar a la oposición. Hay que recordar las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, monseñor Diego Padrón, quien después de la visita de los obispos venezolanos al Papa Francisco ha afirmado que la Constituyente prevista por Maduro “será impuesta por la fuerza y su resultado será la constitucionalización de una dictadura militar, socialista, marxista y comunista”.
Si saludamos la excarcelación de Leopoldo López como una muestra de cambio en la dictadura chavista, podemos augurar una larga vida al régimen que preside Maduro. Es el incendiario que se presenta como bombero. Para una dictadura, los presos políticos son un recurso ilimitado y siempre renovable. No hay más que recordar cuántos quedan en las cárceles –o en arresto domiciliario como es el caso de Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, o recluido desde agosto de 2016, incomunicado y a pesar de contar con una orden de libertad como Yon Goicoechea– y cuántos viven bajo la amenaza de ser detenidos y encarcelados sin garantía alguna. Aislar la excarcelación de López del perverso contexto de la dictadura es una invitación a que esta continúe su infame mercadeo con la libertad y los derechos humanos, en tanto compruebe su rentabilidad política ante lo que no debe convertirse en un peligroso “síndrome de Estocolmo” colectivo que blanquee la dictadura y facilite a esta el camino hacia su perpetuación.